La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña fijó para el 19 de octubre el inicio del debate oral. Daniel Augusto Melchiori y otros cuatro efectivos deberán responder por acusaciones vinculadas a abuso de autoridad y apremios ilegales. El proceso se extenderá hasta el 12 de noviembre y contará con la declaración de numerosos testigos.
La Justicia chaqueña fijó fecha para el inicio del juicio oral contra el excomisario de Taco Pozo Daniel Augusto Melchiori y otros cuatro integrantes de la fuerza policial, en una causa en la que se investigan presuntos hechos de abuso de autoridad y apremios ilegales ocurridos durante un procedimiento realizado en esa localidad.
La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña estableció que el debate comenzará el próximo 19 de octubre y continuará los días 23 de octubre, 3, 6 y 12 de noviembre, con audiencias previstas desde las 10.
Además de Melchiori, se encuentran imputados Mario Alberto Argañaraz, Juan Pablo Vizgarra, Ramón Esteban Rojas y Nadia Verónica Serrano, quienes deberán comparecer ante el tribunal junto con sus respectivas defensas.
La resolución fue dictada por la jueza Mariana Inés Benítez y contempla también la intervención de la Fiscalía Adjunta en lo Penal Especial de Derechos Humanos, de las representantes de la querella particular Adriana De Langhe y Fiorella Lilián De Langhe y del abogado Sebastián Quintana, a cargo de la asistencia técnica de los acusados.
El origen de la causa
El expediente se originó a partir de una denuncia formulada por médicos y voluntarios pertenecientes a la asociación Todo por Todos, quienes señalaron que durante agosto de 2025 habrían sido víctimas de episodios de violencia en el marco de una actuación policial desarrollada en la comisaría de Taco Pozo.
A partir de esa presentación, la organización promovió además un hábeas corpus colectivo. La Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña hizo lugar entonces a medidas de protección que incluyeron restricciones para Melchiori, entre ellas la prohibición de ingresar y desempeñarse en la dependencia policial de Taco Pozo y limitaciones de acercamiento y contacto respecto de denunciantes y testigos.
Es importante señalar que aquellas medidas cautelares no implicaron una declaración de culpabilidad. Precisamente el juicio oral que ahora tiene fecha fijada será la instancia en la cual deberán producirse las pruebas, escucharse las distintas posiciones y determinarse judicialmente si existieron las conductas atribuidas y, en su caso, qué responsabilidad corresponde a cada uno de los imputados.
Una extensa lista de testigos
El tribunal programó además la comparecencia de numerosos testigos distribuidos durante las diferentes jornadas.
Para el 23 de octubre fueron convocados Viviana del Valle Yzaguirre, María Candelaria García Nebbia, Exequiel Roque Margonari, Gaspar Martínez Paz, Pilar Mondino y Francisco Tepsich.
El 3 de noviembre deberán declarar Marina Alejandra Valdivia, Braian Ezequiel Escalante, Gustavo Alberto Salvatierra y José Armando Suárez, mientras que para el 6 de noviembre fueron citados Ricardo René Pereyra, Luis Eduardo Palavecino y Nahir Galván.
Para garantizar la comparecencia de algunos de ellos, el tribunal dispuso gestionar las correspondientes citaciones mediante la Justicia de Córdoba.
Un debate que deberá determinar responsabilidades
A más de un año de los hechos denunciados, el expediente ingresará así en su etapa decisiva. Durante el debate oral deberán confrontarse las acusaciones, las declaraciones testimoniales y los restantes elementos probatorios incorporados a la causa.
El caso merece, además, una cobertura particularmente cuidadosa. Cuando se investigan denuncias de violencia institucional resulta indispensable que la Justicia pueda avanzar sin condicionamientos, pero esa misma exigencia debe coexistir con una garantía elemental del Estado de derecho: ningún imputado puede ser presentado como culpable antes de que exista una sentencia firme que así lo determine.
El juicio que comenzará en octubre será precisamente el ámbito institucional donde deberán establecerse los hechos y las responsabilidades individuales, evitando tanto la impunidad frente a eventuales abusos como una condena anticipada de quienes todavía se encuentran sometidos a proceso.
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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