Santa Fe – Personal de Orden Público de la Unidad Regional I cuestiona la distribución de los Servicios de Policía Adicional (SPA).
Señalan que mientras efectivos de determinadas agrupaciones y cuerpos especiales concentran buena parte de los servicios, policías destinados en comisarías y subcomisarías tienen cada vez menos posibilidades de acceder a ese ingreso extra. El listado del operativo de Unión–Sarmiento de este viernes muestra una fuerte presencia de unidades especiales y alimenta el reclamo.
Una nueva queja interna llegó desde dependencias de Orden Público de la Unidad Regional I, esta vez vinculada con un tema particularmente sensible en momentos en que el salario policial obliga a muchos trabajadores a depender de adicionales y horas extraordinarias para completar sus ingresos: la forma en que se distribuyen los Servicios de Policía Adicional (SPA).
El reclamo está acompañado por la orden de servicio correspondiente al encuentro entre Unión de Santa Fe y Sarmiento de Junín, disputado este viernes 28 de agosto. El documento oficial establece un SPA, en términos generales, entre las 16:00 y las 22:00 y distribuye al personal en diferentes sectores del operativo.
La documentación permite advertir algo que constituye el centro de la protesta. Los primeros dos listados están integrados íntegramente por personal del P.A.T.: 18 efectivos en el primero y otros 19 en el segundo, es decir, 37 servicios asignados a esa dependencia solamente en esos dos sectores del operativo.
La concentración continúa en otros sectores. En el listado Nº 7, luego de tres jefes provenientes de comisarías, aparecen 25 integrantes de la B.O.U., destinados a distintos accesos y controles del estadio. En tanto, el dispositivo antidisturbios presenta una presencia todavía más marcada de cuerpos específicos: el listado Nº 9 destina masivamente personal del C.G.I. y agrega posteriormente efectivos del P.A.T./G.A.T. para tareas de contención próximas a la Puerta 11.
Esto no significa que no haya policías de comisarías y subcomisarías en el servicio. Los hay, y aparecen distribuidos en distintos sectores del operativo. Por ejemplo, en los listados correspondientes a accesos, plateas, estacionamiento y campo de juego figuran efectivos de las seccionales 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª y 9ª, además de numerosas comisarías de distrito y subcomisarías. Pero precisamente allí radica la discusión que plantean los reclamantes: no cuestionan la participación de otros compañeros, sino la proporcionalidad con que se reparte una fuente adicional de ingresos que debería estar disponible con criterios claros y equitativos.
“A nosotros nos están sacando las adicionales”
Un efectivo que acercó la documentación resumió de manera contundente el malestar existente entre quienes trabajan diariamente en comisarías y subcomisarías:
“A los de Orden Público nos están sacando las adicionales. No tenemos adicionales los que trabajamos en comisaría y subcomisaría, mientras le dan más servicios a gente que ya cobra un plus”.
Según esta fuente, algunos de los efectivos pertenecientes a agrupaciones favorecidas con mayor cantidad de servicios percibirían además un suplemento o viático que rondaría actualmente los $500.000, después de haber percibido anteriormente una suma cercana a los $240.000. APROPOL no cuenta por el momento con documentación que permita verificar esos montos en cada efectivo, por lo cual corresponde consignarlos estrictamente como parte de la denuncia formulada por el personal.
El cuestionamiento, sin embargo, va más allá de una cifra. Lo que se está planteando es qué criterios utiliza la conducción de la Unidad Regional I para asignar los adicionales, quién confecciona esas nóminas, qué mecanismos existen para asegurar una distribución razonablemente proporcional y por qué quienes cumplen funciones cotidianas en comisarías y subcomisarías perciben que están quedando relegados.
El SPA no debería transformarse en un privilegio
La Policía Adicional no puede ser administrada como una recompensa discrecional, mucho menos cuando se ha convertido, por el deterioro de los ingresos, en una parte relevante de la economía familiar de numerosos policías. Quien trabaja en una comisaría, atiende denuncias, realiza procedimientos, cubre guardias y soporta recargos tiene exactamente el mismo derecho que cualquier otro trabajador policial a acceder, dentro de las necesidades del servicio y las condiciones reglamentarias, a oportunidades razonablemente equitativas de realizar adicionales.
Naturalmente, determinados operativos requieren unidades especializadas. Un grupo antidisturbios debe ser cubierto por personal capacitado para esa función y determinadas tareas tácticas no pueden asignarse indiscriminadamente. Pero esa explicación técnica no alcanza para justificar cualquier concentración, especialmente cuando existen numerosas funciones ordinarias —accesos, chequeos, orientación, seguridad interna, estacionamientos, vallados o controles— que no aparecen, en principio, reservadas exclusivamente a una especialidad.
Por eso la discusión no debería resolverse enfrentando policías contra policías. El problema no son los compañeros que reciben un servicio adicional; el problema, si la denuncia resulta correcta, es el sistema utilizado para repartirlos.
La conducción de la Unidad Regional I debería transparentar cuáles son los criterios de asignación, cuántos SPA recibe mensualmente cada dependencia, cuántos corresponden a cada agente y qué mecanismos de rotación existen. Con esos datos sobre la mesa podría determinarse rápidamente si existe realmente una distribución equilibrada o si, como sostienen los trabajadores que hicieron llegar su reclamo, mientras algunos sectores acumulan adicionales y suplementos, quienes sostienen diariamente las comisarías miran cómo una parte cada vez más necesaria de sus ingresos se reparte lejos de ellos.
Porque cuando el salario ya no alcanza, repartir trabajo remunerado con justicia deja de ser una cuestión administrativa menor: se convierte también en una cuestión de equidad entre trabajadores policiales.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
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