Denuncian pedidos de traslado sin respuesta, recargos durante los días de franco, distribución desigual de adicionales y plus, exigencias operativas que considera desmedidas y un clima interno donde quienes reclaman aseguran quedar “marcados”.
Una fuerte denuncia interna proveniente de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I vuelve a poner en discusión las condiciones de trabajo, el régimen de servicios extraordinarios y la distribución de adicionales y suplementos dentro de la Policía de Santa Fe.
Los que se comunicaron con APROPOL pidieron expresamente preservar sus identidades porque, según explicaron, temen represalias dentro de la propia dependencia. El relato describe un cuadro de cansancio acumulado y asegura que ya fueron elevadas más de diez notas solicitando pases, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.
“Ya estamos hartos”, sintetiza el mensaje.
Actualmente el personal cumple un régimen de 12 horas de servicio por 12 horas de descanso, seguido posteriormente por 48 horas de franco, pero sostiene que esos períodos de descanso terminan siendo afectados mediante notificaciones para cumplir OSPE y servicios vinculados con adicionales municipales.
La situación adquiere particular relevancia tratándose de efectivos que desarrollan tareas en motocicleta. El planteo de la fuente es sencillo: después de permanecer durante horas conduciendo, incluso durante la noche, el descanso debería funcionar también como una medida elemental de seguridad laboral.
El efectivo brinda como ejemplo jornadas en las que se finaliza un servicio a las 6 de la mañana y posteriormente se debe volver a ingresar a las 18 horas, para terminar cumpliendo además servicios extraordinarios.
Si esta modalidad es efectivamente generalizada, la cuestión excede una discusión sobre comodidad o preferencias individuales. La fatiga de un policía que conduce una motocicleta durante horas constituye un factor concreto de riesgo para el propio trabajador, para sus compañeros y para terceros.
“Los francos dejan de ser francos”
Ese parece ser uno de los principales núcleos del reclamo.
Los policías consultados no cuestionan la existencia de servicios extraordinarios ni desconocen las necesidades operativas de una unidad compleja. Lo que plantean es que el descanso programado pierde sentido cuando sistemáticamente queda ocupado por recargos, OSPE o adicionales, especialmente cuando esas cargas no se distribuirían de manera uniforme.
La fuente compara su situación con la de superiores que realizarían servicios en Trenes Argentinos bajo esquemas que, según sostiene, permitirían mayores períodos de descanso, mientras el personal que diariamente sostiene el funcionamiento operativo de la dependencia recibiría una carga de trabajo considerablemente superior.
También denuncia que determinados superiores percibirían plus vinculados a CH y operativos pese a desempeñarse en funciones de oficina, circunstancia que deberá ser aclarada por la conducción de la Unidad Regional I.
Adicionales, plus y un viejo problema: quién reparte
El mensaje vuelve además sobre una cuestión que viene generando creciente malestar dentro de la UR I: la distribución de los Servicios de Policía Adicional y otras fuentes extraordinarias de ingresos.
De acuerdo con el denunciante, existirían privilegios en la asignación de adicionales privados, servicios de cancha y determinados plus, mientras una parte del personal operativo recibiría preferentemente recargos de servicio.
Esta denuncia coincide, en términos generales, con otros reclamos que vienen llegando desde distintas dependencias de la Unidad Regional I: el problema no parece reducirse a cuánto se trabaja, sino también a quién tiene acceso al trabajo adicional remunerado y quién recibe simplemente más horas de servicio ordinario.
En momentos en que buena parte del personal policial depende de adicionales, horas extraordinarias y suplementos para completar un ingreso familiar insuficiente, la diferencia no es menor.
Porque una cosa es repartir equitativamente la carga laboral y las oportunidades de obtener ingresos adicionales, y otra muy distinta sería consolidar un sistema donde algunos reciben sistemáticamente servicios remunerados mientras otros acumulan recargos.
Exigencias cuantitativas y presión interna
El denunciante menciona además objetivos operativos que considera excesivos. Según su testimonio, durante un turno de 12 horas se exigirían 35 chequeos mediante el sistema Águila, mientras que en determinados servicios OSPE se reclamarían hasta 125 chequeos, bajo la presión de que una producción menor implicaría quedar considerado como alguien que “no trabaja”.
Sería importante que la Jefatura de la Unidad Regional I explique públicamente si esos números constituyen realmente objetivos formales, quién los estableció y con qué criterio operativo.
La prevención policial no debería convertirse en una competencia estadística destinada simplemente a completar casilleros. Si una orden determina una cantidad mínima de identificaciones o controles con independencia de las circunstancias concretas del servicio, corresponde preguntarse si se está privilegiando la producción de números por encima de la calidad de la prevención.
Carpetas médicas, pedidos de servicio y temor a quedar “marcados”
Uno de los aspectos más delicados del relato aparece cuando describe qué ocurriría con quienes solicitan carpeta médica, plantean problemas personales o simplemente manifiestan desacuerdo con determinadas condiciones laborales.
Según la fuente, después de esas situaciones pueden aparecer recargos, malos tratos o exclusiones de las listas correspondientes a determinados plus.
También asegura que durante reuniones y academias existiría presión para que el personal manifieste sus problemas pero, paradójicamente, aquellos que finalmente hablan quedarían luego individualizados.
Eso genera exactamente lo contrario de lo que debería procurar una conducción profesional: en lugar de detectar conflictos internos antes de que se agraven, instala el silencio como mecanismo de autoprotección.
Un policía que teme hablar con su superior termina recurriendo al anonimato, a compañeros o a medios externos. Cuando eso ocurre de manera reiterada, la pregunta ya no debería dirigirse solamente hacia quien denuncia, sino hacia la estructura de conducción que aparentemente no consigue generar canales internos confiables.
Un nombre propio dentro de la denuncia
La denuncia también apunta a un suboficial identificado como Walter N., a quien se le atribuye una fuerte injerencia en el funcionamiento cotidiano de la Brigada Motorizada. Según el testimonio recibido, tendría intervención en decisiones vinculadas con la organización de servicios y mantendría una posición de influencia interna, respaldada —siempre de acuerdo con la fuente— por un vínculo directo con la Jefatura de la Unidad Regional. El denunciante interpreta esa situación como parte de un esquema de conducción informal que condicionaría el reparto de servicios, beneficios y recargos. APROPOL no ha podido verificar de manera independiente esas afirmaciones, por lo que se consignan como parte de la denuncia y no como hechos comprobados.
“Esto es un trabajo, no una dictadura”
La frase utilizada por el efectivo sintetiza probablemente mejor que ninguna otra el estado de ánimo que intenta transmitir.
No está reclamando dejar de trabajar. Tampoco plantea que no deban existir órdenes, disciplina o necesidades operativas. Está reclamando reglas previsibles, descansos efectivos, distribución transparente de los servicios remunerados y la posibilidad de plantear un problema sin convertirse por ello en enemigo de la dependencia.
La disciplina policial es indispensable para cualquier organización armada y jerarquizada, pero disciplina no significa arbitrariedad. La autoridad del superior existe precisamente porque está reglada, no porque sea ilimitada.
Por eso sería razonable que la Jefatura de la Unidad Regional I disponga una revisión integral del régimen de servicios de la Brigada Motorizada: cantidad efectiva de horas trabajadas, recargos durante francos, OSPE, adicionales municipales y privados, distribución de plus, pedidos de traslado pendientes y criterios utilizados para confeccionar las distintas listas.
No hace falta esperar que el conflicto explote para intervenir.
Cuando dentro de una dependencia comienzan a acumularse pedidos de pase, denuncias anónimas, quejas por agotamiento y acusaciones de favoritismo, la peor respuesta posible es considerar que todo es “puterío interno”.
Puede haber exageraciones, interpretaciones personales o cuestiones que luego no se comprueben. Para eso existen las verificaciones administrativas.
Pero también puede haber un problema real.
Y si quienes conducen quieren saber cuál de esas dos posibilidades es la correcta, hay una manera bastante sencilla de comenzar: abrir las planillas, revisar los horarios, contar los servicios, comparar quién recibe adicionales y quién recibe recargos, y escuchar al personal sin amenazar ni castigar a quien habla.
Los números suelen ser menos obedientes que los subordinados.
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