Policías de Los Pumas en Arroyo Leyes denuncian que serían obligados a custodiar una hacienda privada y que quienes cuestionan esa orden sufren amenazas de traslado. También reclaman por el grave deterioro edilicio del destacamento.
Personal del destacamento de la Guardia Rural Los Pumas en Arroyo Leyes denunció ante APROPOL que desde hace tiempo serían enviados a custodiar una hacienda particular, bajo amenazas de traslado para quienes cuestionen esa orden. También describen graves deficiencias edilicias en el destacamento y aseguran que un compañero habría sido trasladado después de plantear su disconformidad.
Un grupo de efectivos del destacamento de la Guardia Rural Los Pumas de Arroyo Leyes recurrió a APROPOL para denunciar una situación que, según afirman, “los desborda” y se arrastra desde hace tiempo. El reclamo combina dos cuestiones particularmente graves: el supuesto uso de personal policial para custodiar una propiedad privada y las condiciones precarias en las que funciona la propia dependencia.
De acuerdo con el testimonio recibido, los efectivos serían enviados de manera obligatoria a custodiar una hacienda perteneciente a un particular identificado por la fuente como el señor Cloke que dicen tiene una relación muy especial con el jefe del destacamento.
La fuente asegura que quienes cuestionan esa situación reciben como respuesta la advertencia de que el jefe hablaría con un superior para disponer su salida del destacamento. Incluso menciona que, días atrás, un compañero habría sido trasladado luego de objetar lo que consideraba una orden improcedente.
Si esta versión se confirma, no estaríamos ante una simple diferencia interna sobre la organización del servicio, sino frente a una cuestión que exige determinar con qué fundamento se dispone personal policial para la custodia de una hacienda privada, quién impartió esa orden, bajo qué figura administrativa se realiza y si existe algún tipo de contraprestación económica vinculada con ese servicio.
La actividad policial está sometida a una cadena de mando, pero la obediencia jerárquica no convierte cualquier decisión en legítima. Mucho menos cuando el personal afirma que las órdenes se sostienen mediante amenazas de traslado o represalias contra quienes las cuestionan.
Un destacamento que también necesita respuestas
El reclamo describe además condiciones edilicias muy deficientes. Los efectivos aseguran que cuando llueve el agua ingresa al interior del destacamento en tal magnitud que resulta difícil trabajar con normalidad.
La contradicción es evidente: mientras los policías aseguran ser enviados a proteger una propiedad particular, la propia dependencia desde la cual prestan servicio no tendría condiciones mínimas adecuadas para quienes trabajan allí.
Ese contraste merece una explicación.
La conducción de la Guardia Rural debería verificar inmediatamente ambas situaciones: las condiciones del edificio y, principalmente, el origen de las órdenes denunciadas. También corresponde determinar si el traslado mencionado tuvo relación con el reclamo formulado por el efectivo o respondió a razones administrativas ajenas al conflicto.
APROPOL preserva la identidad de quienes realizaron la denuncia debido al temor a represalias manifestado expresamente por los trabajadores y deja abierto el derecho a respuesta de los funcionarios y particulares mencionados.
Porque la disciplina no puede utilizarse para cerrar preguntas que merecen respuestas. Y si existe una orden legítima para custodiar esa hacienda, deberá exhibirse y explicarse. Si no existe, alguien deberá explicar por qué policías del Estado estarían siendo utilizados para una función privada.
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