Prefectura allanó una vivienda de Brandoni al 1900 por una investigación de microtráfico y encontró apenas 11 gramos de cocaína y 20 de marihuana.
Dos policías del Comando Radioeléctrico estaban en el lugar, de civil y fuera de servicio. A partir de allí comenzó una escalada de versiones incompatibles: para unos estaban presentes, para otros habían ido a consumir, para otros compraban, y para otros directamente atendían y custodiaban el supuesto búnker. Mientras tanto, sigue sin explicarse qué investigación concreta sustentó el allanamiento ni qué hechos justificaron el tratamiento punitivo desplegado sobre los efectivos.
El allanamiento realizado por Prefectura Naval Argentina en una vivienda de Brandoni al 1900, en la zona sur de Rosario, comenzó como una investigación por presunta comercialización de estupefacientes y terminó exponiendo algo más amplio que un procedimiento policial: la facilidad con que una hipótesis puede convertirse en certeza pública cuando una usina de versiones oficiales o paraoficiales alimenta titulares antes de que la evidencia permita saber qué ocurrió realmente.
La investigación sobre narcotráfico debe continuar hasta determinar si en esa vivienda existía efectivamente una actividad de venta, quién la realizaba, quiénes compraban, de dónde provenían las sustancias y si alguien colaboraba, protegía o encubría esa actividad. Pero precisamente porque se trata de una investigación penal, las responsabilidades deben construirse a partir de hechos y pruebas, no de rumores acumulados.
Y en este caso los rumores comenzaron a multiplicarse demasiado rápido.
¿Qué se investigó antes de allanar?
La primera pregunta no tiene que ver con los dos policías encontrados dentro de la vivienda, sino con el procedimiento que llevó a Prefectura hasta allí.
Según la información difundida, durante el allanamiento se secuestraron 11 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana, además de elementos señalados como compatibles con el fraccionamiento de sustancias. Algunas versiones también mencionaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
La cantidad de droga encontrada fue reducida. Incluso medios que accedieron a fuentes del caso reconocieron que podría resultar compatible con consumo personal o con una comercialización de muy baja escala.
Eso no significa que no pudiera existir microtráfico, porque la venta de estupefacientes no exige necesariamente grandes volúmenes. Significa, en cambio, que cuanto menor es la cantidad incautada, mayor importancia adquiere la investigación previa que permita demostrar que allí existía efectivamente una actividad comercial.
Por eso corresponde saber qué tareas se realizaron antes de solicitar el allanamiento.
¿Hubo vigilancias, seguimientos, compradores individualizados, personas interceptadas luego de salir del domicilio con sustancias, filmaciones de intercambios, movimientos compatibles con venta, comunicaciones intervenidas judicialmente o testimonios corroborados por otros elementos?
Una denuncia puede ser el comienzo de una investigación. Lo que no debería ocurrir es que se convierta por sí sola en sustituto de la investigación necesaria para fundamentar el ingreso a una vivienda.
El Código Procesal Penal santafesino exige que el allanamiento sea solicitado de manera fundada. Ese requisito no es decorativo: supone que antes de ingresar debe existir una razón concreta y verificable que permita explicar por qué el Estado considera necesario invadir un ámbito especialmente protegido.
Entonces la pregunta sigue siendo inevitable: ¿Qué se sabía antes de entrar?
¿Se investigó para allanar o se allanó para investigar?
Si antes del procedimiento ya existían compradores identificados, operaciones observadas, vigilancias, filmaciones u otros elementos objetivos, la Fiscalía podrá demostrar que el allanamiento fue la consecuencia de una investigación previa.
Pero si la comercialización comenzó a construirse recién después de ingresar a la vivienda y a partir de lo encontrado dentro, la situación es muy distinta.
En ese caso, el allanamiento dejaría de aparecer como el resultado de una investigación y comenzaría a parecerse a una búsqueda destinada a encontrar aquello que todavía no había sido suficientemente acreditado.
Dicho de manera sencilla, si se ingresó para ver qué aparecía, se fue de pesca.
Y precisamente por eso resulta necesario conocer la solidez de la investigación anterior.
Entonces aparecieron dos policías y cambió toda la escena pública
Dentro de la vivienda había varias personas y, entre ellas, dos integrantes del Comando Radioeléctrico de Rosario que se encontraban de civil y fuera de servicio, aunque portaban sus armas reglamentarias.
Su presencia merece ser esclarecida. Los efectivos deberían explicar qué hacían allí, qué relación tenían con el propietario y si conocían alguna eventual actividad ilícita desarrollada en el lugar.
Pero la sola presencia dentro de una vivienda donde posteriormente aparece droga no demuestra conocimiento, consumo, compra, venta ni encubrimiento.
Nadie revisa cajones, muebles, habitaciones o pertenencias de sus amigos antes de ingresar a una casa. Tampoco conoce necesariamente todas las actividades que desarrolla quien lo recibe.
Para atribuir responsabilidad penal o administrativa hace falta algo más: conocimiento efectivo de la existencia de sustancias, participación en operaciones, protección del investigado, utilización de información policial, consumo en circunstancias relevantes para la función o cualquier otra conducta concreta que pueda ser probada.
El problema es que, desde el momento en que se supo que dos de las personas presentes eran policías, el centro de la noticia cambió por completo.
Ya casi nadie preguntó qué investigación previa había sustentado el allanamiento, cuánto se había secuestrado o qué elementos acreditaban realmente la comercialización. El foco se desplazó hacia los dos efectivos y, desde allí, comenzó una multiplicación de versiones que fue agregando conductas cada vez más graves.
Una usina de versiones y cinco relatos para el mismo hecho
Rosario3 informó que los policías estaban dentro de la vivienda junto a otras personas y aclaró que, hasta ese momento, no existían elementos para atribuirles participación en las maniobras de venta.
Cadena 3 Rosario sostuvo que los efectivos “habrían concurrido para consumir drogas”, utilizando correctamente el potencial y reconociendo que se trataba de una hipótesis.
Conclusión reprodujo una versión oficial según la cual los policías habían acudido directamente “a consumir”.
La Capital fue más lejos y afirmó que habían ido “a comprar droga” y que fueron demorados “mientras compraban”, aunque dentro de la misma nota redujo después el grado de certeza al señalar que “se cree” que se encontraban allí como clientes.
El Ciudadano llevó la acusación al extremo y aseguró que los policías “atendían” y “custodiaban” el supuesto búnker, presentándolos prácticamente como integrantes de la estructura de venta.
Estas diferencias no son matices periodísticos.
Describen conductas distintas.
Estar en una vivienda no es consumir. Consumir no es comprar. Comprar no es vender. Vender no es custodiar un punto de comercialización. Y ninguna de esas conductas equivale automáticamente a encubrir.
Cuando cinco medios ofrecen narraciones incompatibles sobre el mismo procedimiento, alguien está informando mal o las fuentes están distribuyendo versiones distintas antes de que exista una reconstrucción suficientemente consolidada de los hechos.
Y buena parte de esas versiones aparecen atribuidas al propio Gobierno provincial, a fuentes de la investigación o a voceros vinculados con el caso.
Por eso la responsabilidad no termina en las redacciones.
Existe una usina previa.
Cuando una hipótesis oficial se transforma en título
El problema comienza cuando una fuente oficial o paraoficial transmite una hipótesis y el medio la convierte en certeza sin suficiente contraste.
Si una fuente afirma que los policías estaban comprando droga, el periodista debería preguntar quién observó la compra, qué sustancia fue secuestrada en su poder, si existió intercambio de dinero o si la operación quedó registrada.
Si sostiene que vendían o custodiaban el lugar, debería poder explicar qué conducta concreta permitió llegar a esa conclusión.
Si otro medio informa simultáneamente que no existe evidencia de participación en la comercialización, la contradicción debería ser parte central de la noticia, no un detalle a ignorar.
El periodismo no puede convertirse en la última estación de una cadena donde un rumor oficial pasa primero por una fuente, después por una redacción y termina finalmente convertido en culpabilidad pública.
El propio Gobierno adelantó una conclusión
La versión atribuida al Gobierno provincial agrega otra contradicción especialmente seria.
Según las publicaciones conocidas, la Casa Gris sostuvo que los policías habían acudido al lugar “a consumir” y, simultáneamente, difundió un comunicado donde aseguró que trabajaría para apartar de la fuerza a quienes demostraran no ser “dignos de vestir el uniforme”.
Pero los resultados de los estudios toxicológicos todavía no habían sido difundidos.
Entonces aparece una pregunta sencilla: si precisamente se ordenó un examen para determinar si los policías habían consumido sustancias, ¿sobre qué base el Gobierno afirmó antes de conocer públicamente ese resultado que habían concurrido al lugar a consumir?
Puede haber otra prueba. Tal vez fueron observados consumiendo, quizás lo admitieron o alguna persona lo declaró. Si eso existe, debe incorporarse a la investigación y explicarse.
Pero si no existe, la secuencia es preocupante porque la conclusión política habría precedido a la constatación probatoria.
De la presencia a la indignidad profesional
También resulta problemático que, mientras las versiones todavía se contradecían entre sí, el discurso oficial avanzara hacia una valoración sobre quién es o no digno de vestir el uniforme.
El pase a disponibilidad puede constituir una medida administrativa preventiva mientras se esclarece un hecho grave. El retiro temporal del arma también puede encontrar una justificación cautelar.
Pero una medida preventiva no equivale a una declaración de culpabilidad.
Decir públicamente que determinadas conductas revelan que alguien no merece pertenecer a la institución supone que esas conductas ya fueron establecidas.
Y aquí precisamente no sabemos con certeza cuál fue la conducta.
Para algunos estaban presentes.
Para otros consumían.
Para otros compraban.
Para otros vendían.
El Gobierno debería ser el primero en distinguir una investigación abierta de una sentencia administrativa anticipada.
¿Qué convirtió realmente a los policías en sospechosos?
Aquí aparece una cuestión de fondo.
¿Qué hecho concreto, además de ser policías y estar dentro de la vivienda, justificó el despliegue inmediato de medidas sobre ellos?
Fueron pasados a disponibilidad, se les retiraron las armas, se ordenaron estudios toxicológicos, se secuestraron sus teléfonos y se abrió una investigación penal y administrativa.
Algunas de esas medidas pueden ser jurídicamente válidas, pero necesitan fundamento.
La profesión policial no puede funcionar como una presunción autónoma de culpabilidad.
Ser policía implica obligaciones especiales, mayores responsabilidades y deberes derivados de la función. No significa que la sola condición profesional habilite a presumir consumo, conocimiento de un delito o complicidad.
El uniforme aumenta responsabilidades, pero no debería reducir automáticamente las garantías.
¿Por qué los estudios toxicológicos?
Los policías estaban de civil y fuera de servicio. Entonces corresponde preguntar qué circunstancia concreta justificó someterlos a un examen toxicológico.
¿Presentaban signos objetivos de consumo? ¿Fueron vistos consumiendo? ¿Había sustancias en su poder? ¿Lo reconocieron voluntariamente? ¿Existió una decisión fiscal o judicial fundada específicamente en alguno de esos elementos?
Un examen toxicológico no es una simple identificación. Permite obtener información desde el cuerpo de una persona y puede revelar aspectos pertenecientes a su esfera privada.
Por eso la pregunta comparativa resulta inevitable: si en aquella vivienda se hubiera encontrado a un magistrado, un legislador, un periodista, un médico o un abogado, ¿se le habría realizado automáticamente el mismo examen por el solo hecho de estar allí?
Si la respuesta es negativa, alguien debería explicar qué norma convierte la condición policial, estando además fuera de servicio, en fundamento suficiente para aplicar un estándar distinto.
¿Y por qué secuestrar los celulares?
La misma lógica alcanza a los teléfonos.
¿Existían antes del allanamiento comunicaciones que vincularan a los policías con el investigado o con alguna actividad ilícita?
¿Sus números aparecían en la pesquisa?
¿Habían sido observados anteriormente en el domicilio?
¿Existían mensajes o llamadas relevantes ya identificados?
Si alguno de esos elementos existía, el secuestro de los dispositivos puede integrarse racionalmente a una línea investigativa previa.
Pero si los teléfonos fueron incautados únicamente porque sus propietarios aparecieron dentro de la vivienda, entonces la lógica se invierte: no se secuestra el dispositivo porque existe un indicio que conduce hasta él, sino que se lo secuestra para revisar después si aparece algún indicio.
Eso se parece demasiado a una investigación exploratoria.
Otra red arrojada al agua.
¿Encubrimiento de qué?
Algunas versiones incluso mencionaron una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Esto también requiere precisión.
¿En qué consistiría concretamente el encubrimiento?
¿Los policías sabían que allí se vendía droga y protegían al responsable? ¿Le proporcionaban información sobre investigaciones? ¿Ocultaron evidencia? ¿Facilitaron la actividad? ¿Intentaron impedir o dificultar la actuación de Prefectura?
Si existe alguna de esas conductas, debe investigarse con toda la severidad correspondiente.
Pero estar dentro de una vivienda investigada no constituye por sí mismo encubrimiento.
El Derecho penal debe identificar una conducta concreta, no castigar una condición profesional ni una proximidad física.
El allanamiento pobre encontró un salvavidas comunicacional
Mientras la discusión pública se concentraba sobre los policías, quedó relegado un dato que originalmente debería haber sido central: el procedimiento destinado a investigar un supuesto punto de venta terminó, según la versión más detallada, con el secuestro de apenas 11 gramos de cocaína y 20 de marihuana.
En ese contexto, encontrar inesperadamente a dos policías dentro de la vivienda produjo un efecto comunicacional formidable.
El procedimiento dejó de ser evaluado por la solidez de la investigación previa y por sus resultados concretos. Toda la atención se desplazó hacia la identidad profesional de dos de las personas presentes.
Y entonces comenzaron a aparecer nuevos relatos que hicieron desaparecer prácticamente la pregunta original.
¿Qué investigó Prefectura antes de entrar?
¿Qué elementos concretos permitieron solicitar el allanamiento?
¿Qué compradores se habían identificado?
¿Qué operaciones estaban documentadas?
¿Qué esperaba encontrarse?
¿Qué encontró realmente?
Si existía una investigación sólida, esas preguntas tendrán respuestas sencillas.
Si no las tienen, el escándalo de los policías habrá servido involuntariamente como un extraordinario salvavidas comunicacional para un procedimiento que, medido exclusivamente por lo incautado, aparece pobre en resultados.
Que se investigue el narcotráfico, pero en serio
Nada de esta crítica busca relativizar el narcotráfico ni impedir la investigación sobre los dos policías.
Si en Brandoni al 1900 se vendían drogas, debe probarse y sancionarse a los responsables.
Si los efectivos compraban estupefacientes, que se demuestre.
Si consumían, que se establezca.
Si protegían al supuesto vendedor o utilizaban información policial para favorecerlo, la gravedad institucional sería enorme.
Y si realmente atendían o custodiaban un búnker, como llegó a afirmar algún medio, correspondería una respuesta penal y administrativa contundente.
Pero precisamente porque esas acusaciones son graves, necesitan pruebas equivalentes a su gravedad.
El narcotráfico es demasiado serio para combatirlo con rumores.
Cuando la usina habla y el expediente todavía no
Este caso debería ser una advertencia para todos los actores involucrados.
La Fiscalía debe explicar qué evidencia previa sustentó el allanamiento y cuáles fueron los elementos que justificaron posteriormente las medidas adoptadas respecto de los policías.
El Gobierno debe distinguir entre medidas preventivas y declaraciones públicas de culpabilidad.
Los investigadores deben determinar qué hacían realmente los efectivos dentro de la vivienda.
Y los medios deberían revisar cómo llegaron a publicar, en cuestión de horas, que las mismas personas estaban presentes, consumían, compraban, vendían y custodiaban drogas.
Una fuente oficial también puede equivocarse.
Puede exagerar.
Puede filtrar una hipótesis.
Puede intentar instalar una interpretación conveniente.
Precisamente por eso existe el periodismo.
Para verificar.
Para contrastar.
Para distinguir un dato de una versión y una versión de una prueba.
Cuando esa función desaparece, ocurre lo que estamos viendo: primero circula el rumor, después aparece el titular, luego llega la condena pública y finalmente alguien comienza a preguntarse qué puede probarse realmente.
En una investigación penal seria el orden debería ser exactamente el contrario.
Primero investigar.
Después reunir evidencia suficiente.
Luego atribuir responsabilidades.
Y finalmente informar como hecho aquello que efectivamente pudo demostrarse.
La pregunta que queda abierta en Brandoni al 1900 es, por lo tanto, mucho más amplia que la situación de dos policías: ¿estamos frente a una investigación que produjo un allanamiento o frente a un allanamiento que todavía está buscando producir la investigación que lo justifique?
Hasta que esa respuesta aparezca, ni la Fiscalía, ni el Gobierno ni los medios deberían reemplazarla con rumores.
La sospecha como método de gobierno
En Gobernar mediante la sospecha (2026) advertimos que, cuando la sospecha deja de ser una herramienta excepcional y pasa a organizar la intervención estatal, las garantías comienzan a retroceder en nombre de una seguridad cada vez más intensiva e intrusiva. También señalamos que los propios policías podían ser los primeros alcanzados por ese proceso. Este caso parece confirmarlo: antes de que se esclarecieran plenamente los hechos, ya hubo medidas invasivas, sanciones preventivas y condena pública. El problema, entonces, excede a dos efectivos y obliga a preguntarse qué ocurrirá cuando ese mismo estándar se aplique sobre cualquier ciudadano.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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