MAS SEÑALES: La Corte dejó firme la condena a un policía por golpear a un hombre durante la cuarentena en 2021

El agente recibió cuatro años de prisión efectiva por un procedimiento ocurrido en 2021.

El caso vuelve a mostrar una vieja constante: cuando las órdenes son confusas, la conducción política se desentiende y el procedimiento termina mal, las responsabilidades penales bajan, pero las responsabilidades políticas rara vez llegan hasta quienes diseñaron y dirigieron el operativo.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a cuatro años de prisión efectiva contra un policía que golpeó y detuvo a un hombre que regresaba de retirar dinero de un cajero automático durante las restricciones de circulación impuestas por la pandemia de Covid-19.

El episodio ocurrió el 24 de mayo de 2021. Luis Díaz volvía hacia su domicilio cuando fue interceptado por un móvil policial en el que se encontraban los oficiales Martín Alderete y Romina Montesino. Según la reconstrucción judicial, los efectivos labraron un acta, Díaz se negó a firmarla y continuó caminando, tras lo cual fue nuevamente interceptado. En ese segundo momento, Alderete lo golpeó en el rostro y le provocó la pérdida de tres dientes.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a una comisaría. La causa determinó además que se confeccionó documentación destinada a justificar la detención y que Montesino informó haber sido agredida. Por estos hechos, Alderete fue condenado a cuatro años de prisión efectiva, mientras que Montesino y el jefe de servicio Sebastián Bustos recibieron penas de dos años.

Las defensas intentaron llevar el caso ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal rechazó el planteo por inadmisible y dejó firmes las condenas, según informó el diario Los Andes.

La responsabilidad penal es individual, pero el problema no termina allí

No corresponde relativizar la gravedad de un golpe que terminó con lesiones severas ni desconocer la responsabilidad penal que la Justicia atribuyó a los involucrados. Un funcionario policial debe responder cuando excede los límites legales de su actuación, y más todavía cuando se intenta posteriormente alterar o construir una versión de los hechos para justificar lo ocurrido.

Pero el análisis no debería terminar en el último eslabón de la cadena.

Durante la pandemia, miles de policías fueron enviados a la calle en un contexto excepcional, con normas que cambiaban permanentemente, decretos sucesivos, restricciones difíciles de interpretar y una presión política enorme para garantizar controles que en muchos casos no estaban acompañados por protocolos suficientemente claros, capacitación adecuada ni respaldo jurídico efectivo.

Cuando el procedimiento sale bien, la conducción política suele presentar el resultado como producto de su política de seguridad.

Cuando termina mal, en cambio, la responsabilidad se concentra rápidamente sobre el personal que estuvo en la calle.

Las responsabilidades penales bajan y las políticas suben, pero nunca llegan arriba

Hace años advertimos sobre este mecanismo.

Las responsabilidades penales bajan por la estructura institucional hasta alcanzar al agente que ejecutó materialmente una orden, realizó una detención o intervino en un procedimiento. Las responsabilidades políticas, por el contrario, suben de manera difusa, se diluyen entre ministerios, secretarías, jefaturas, disposiciones, protocolos y discursos, pero rara vez alcanzan a quienes diseñaron las políticas, establecieron las condiciones operativas o enviaron al personal a cumplirlas.

Esto no significa que un policía pueda justificar una conducta ilegal diciendo que simplemente cumplía órdenes. El principio de responsabilidad individual permanece.

Significa otra cosa: cuando el Estado coloca a sus agentes en escenarios operativos precarios, con instrucciones ambiguas y enormes exigencias, también debería responder institucionalmente por las condiciones en las que esos procedimientos se desarrollan.

La pandemia fue un laboratorio de esa precariedad

Durante los períodos más duros de las restricciones sanitarias, los policías quedaron expuestos a una situación particularmente compleja. Debían interpretar excepciones, controlar permisos, limitar desplazamientos y hacer cumplir disposiciones que podían modificarse de una semana a otra, mientras la sociedad atravesaba niveles inéditos de tensión, miedo y conflictividad.

El poder político pedía resultados y presencia en la calle.

Pero la responsabilidad concreta por cada decisión quedaba en manos del efectivo que estaba frente al ciudadano.

Ese modelo genera una transferencia de riesgo evidente: las decisiones se toman arriba, pero las consecuencias penales se concentran abajo.

Cuando llega la condena, el policía queda solo

El caso ahora confirmado por la Corte muestra también una consecuencia que el personal policial conoce demasiado bien.

Una condena efectiva de cuatro años no representa solamente una sanción penal. Para el funcionario significa además la ruptura de su carrera, la pérdida del empleo y una transformación completa de su vida personal y familiar.

El Estado que lo envió a la calle durante una situación excepcional desaparece entonces de la escena.

Queda el expediente, la condena, el policía y su familia.

Eso no elimina la responsabilidad por una conducta concreta, pero obliga a preguntarse qué responsabilidad asumieron quienes construyeron el contexto operativo dentro del cual esa conducta ocurrió.

No puede haber impunidad, pero tampoco abandono institucional

La lección de estos casos no debería ser buscar impunidad para quienes cometen delitos.

Debe ser exactamente la contraria.

Las fuerzas necesitan reglas claras, capacitación, supervisión profesional, defensa jurídica adecuada y órdenes operativas precisas. Un policía que sabe qué puede hacer, qué no puede hacer y cuáles son los límites de su intervención protege mejor al ciudadano y también se protege a sí mismo.

Cuando eso falta, aumenta la posibilidad del error, del abuso y posteriormente de la condena.

Y entonces se repite la misma secuencia que venimos denunciando desde hace décadas: se exige al personal resolver situaciones complejas en pocos segundos, se lo envía muchas veces con instrucciones deficientes y, cuando algo termina en un hecho grave, quienes diseñaron la política se alejan mientras el agente queda solo frente al tribunal.

En este caso la Justicia ya habló sobre las responsabilidades penales.

La pregunta que permanece abierta es otra: ¿Quién responde por las condiciones políticas, institucionales y operativas en las que esos policías fueron enviados a actuar?

Porque si siempre condenamos al último de la fila pero nunca revisamos las decisiones tomadas en la parte superior de la cadena de mando, seguiremos castigando consecuencias sin corregir las causas.

Y el resultado será siempre el mismo: otro policía condenado, otra carrera destruida y otra familia que descubre demasiado tarde que, cuando llega el problema, el respaldo institucional termina exactamente donde empieza el expediente judicial.

(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.

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