Santa Fe – El Decreto Nº 2640/25 reconoció los ascensos 2024 y autorizó el pago de las diferencias salariales, pero numerosos policías todavía esperan los retroactivos y reclaman una fecha concreta de cobro.
El malestar vuelve a crecer entre efectivos de la Policía de Santa Fe alcanzados por el Concurso de Ascenso Policial 2024, ya que el decreto que formalizó las promociones fue firmado, publicado y estableció de manera expresa el reconocimiento económico correspondiente, pero una cantidad importante de trabajadores sostiene que las diferencias salariales acumuladas todavía no fueron abonadas.
El Decreto Nº 2640/25 fue firmado el 23 de octubre de 2025 y dispuso la promoción al grado inmediato superior del personal incluido en el Anexo B, luego de haber aprobado las distintas instancias previstas en el concurso. La propia norma establece que los ascensos tienen vigencia administrativa a partir del 1º de enero de 2024, dato que fue presentado oportunamente como parte del proceso de regularización de una carrera policial que arrastraba importantes demoras.
Sin embargo, con el paso de los meses, aquella regularización quedó incompleta para muchos de los beneficiarios, porque el reconocimiento del nuevo grado no terminó de traducirse en el pago de las diferencias económicas que la propia norma dispuso.
Ascenso desde enero, pero diferencias salariales desde octubre
Hay una precisión importante que debe hacerse para evitar confusiones, porque el decreto reconoce el ascenso desde el 1º de enero de 2024, pero establece un criterio distinto para las diferencias salariales. En sus considerandos, el Poder Ejecutivo recoge el criterio sostenido por Fiscalía de Estado y por precedentes de la Cámara de lo Contencioso Administrativo, según el cual, para el personal policial, las diferencias se reconocen desde el 1º de octubre del año en que se produce el ascenso, siempre dentro del límite temporal fijado por esos antecedentes.
Es decir, una cosa es la antigüedad administrativa del nuevo grado y otra el período económico que el propio decreto reconoce para la liquidación retroactiva, pero aun con esa limitación existe una obligación concreta de avanzar con el pago.
El artículo 6 autoriza expresamente a la Dirección General de Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad a liquidar y pagar las diferencias salariales entre el grado anterior y la nueva jerarquía, mientras que el artículo 7 ordena al Ministerio adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo ese pago.
Por eso, a esta altura, el reclamo ya no gira alrededor de si corresponde o no corresponde cobrar el retroactivo, sino alrededor de una pregunta mucho más simple: ¿Cuándo se va a pagar?
El decreto existe y la obligación también
No estamos frente a un trámite que dependa todavía de una decisión política futura, porque el Poder Ejecutivo ya resolvió la promoción, incorporó formalmente el ascenso y autorizó la liquidación de las diferencias. Además, el propio decreto imputó el gasto al presupuesto vigente del Ministerio de Justicia y Seguridad, lo que demuestra que la dimensión económica del proceso fue contemplada dentro del acto administrativo.
Incluso la documentación presupuestaria incorporada al expediente muestra que la modificación de la planta de cargos fue tramitada y aprobada dentro del mismo procedimiento.
Por eso comienza a resultar difícil explicar por qué tantos policías siguen esperando una suma que no depende de una nueva ley, de un nuevo concurso ni de un nuevo decreto, sino de que la administración complete lo que ya fue ordenado.
Un derecho reconocido que se transforma en espera
Para el trabajador policial, la cuestión no es meramente administrativa, porque durante todo ese período prestó servicios, asumió responsabilidades y, en numerosos casos, desempeñó funciones que después fueron reconocidas formalmente con una jerarquía superior.
La diferencia salarial forma parte de esa carrera y no constituye un premio extraordinario ni una concesión discrecional, sino la consecuencia económica de un ascenso que el propio Estado provincial ya reconoció.
Cuando el decreto llega tarde y el pago también se demora, quien termina financiando involuntariamente esa espera es el trabajador, que ve cómo una acreencia ya reconocida permanece inmovilizada mientras sus gastos cotidianos, deudas y obligaciones familiares continúan corriendo normalmente.
En un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y creciente endeudamiento del personal policial, varios meses de diferencias acumuladas representan una suma significativa para cada hogar, razón por la cual la demora ya no puede ser presentada como un simple problema técnico o burocrático.
El Ministerio debe explicar qué falta
El Ministerio de Justicia y Seguridad debería informar con precisión en qué etapa se encuentra la liquidación, si existe un cronograma definido y en qué fecha se abonarán las diferencias correspondientes al personal incluido en el Anexo B.
También debería aclararse si el pago se realizará en una sola vez, si existirá algún esquema por etapas y cómo se calculará exactamente cada período, porque la norma no dejó la cuestión librada a una eventual decisión futura, sino que ordenó adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el pago.
El personal ya rindió, concursó, aprobó y fue ascendido; ahora corresponde que el Estado complete aquello que él mismo dispuso, porque una carrera policial no se regulariza solamente con la firma de un decreto, sino cuando el reconocimiento administrativo también se refleja efectivamente en el salario.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora