Avellaneda (Buenos Aires) – Lo que comenzó como una intervención por un vehículo mal estacionado en Villa Tranquila derivó en una situación de extrema violencia, con efectivos superados en número, elementos reglamentarios sustraídos, daños a un móvil y disparos durante el repliegue. El caso obliga a analizar no sólo el uso de las armas, sino también las condiciones en que el personal fue atacado y quedó expuesto en cuestión de minutos.
Un procedimiento que, en condiciones normales, debería haber sido relativamente rutinario terminó convertido en una escena de extrema violencia en el barrio Villa Tranquila, partido bonaerense de Avellaneda, donde al menos cuatro policías resultaron heridos y un hombre recibió un disparo en el hombro durante un enfrentamiento que comenzó cuando los efectivos intentaban retirar con una grúa un automóvil mal estacionado.
El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 16.30 en inmediaciones de Estévez al 800. Según las versiones difundidas, una sargento detectó un vehículo mal estacionado y, luego de que su conductor se negara a retirarlo, solicitó la intervención de una grúa municipal a través del área de Cuidadores Ciudadanos.
Cuando comenzó el procedimiento de acarreo, un grupo de personas se acercó al lugar y la situación escaló rápidamente. La sargento fue golpeada, cayó al suelo y le sustrajeron el chaleco antibalas y un cargador de su pistola reglamentaria, mientras que un móvil de apoyo que llegó al sector también fue superado por la cantidad de agresores.
Durante ese segundo forcejeo, una mujer alcanzó a tomar la pistola reglamentaria de uno de los sargentos y, en esas circunstancias, se produjo un disparo que hirió en el hombro derecho a un hombre mayor que se encontraba en las inmediaciones. El efectivo logró recuperar posteriormente el arma, pero la agresión continuó y obligó al personal a replegarse.
Ante el lanzamiento de objetos y la evidente superioridad numérica de quienes participaban del ataque, uno de los sargentos efectuó disparos hacia un sector que, según la versión difundida, buscaba permitir la retirada del personal. Los efectivos terminaron refugiándose en una garita ubicada en Estévez y Roca, mientras durante la huida también fueron sustraídas las llaves de un móvil policial y se rompieron sus vidrios.
La llegada de más unidades permitió finalmente recuperar el vehículo y retirar al personal de la zona, aunque para entonces al menos cuatro policías ya habían resultado lesionados. Parte de la agresión fue registrada por testigos y las imágenes muestran a uno de los efectivos siendo golpeado violentamente por varias personas.
Una intervención menor que en segundos se convirtió en una situación crítica
El episodio merece ser analizado con atención porque muestra hasta qué punto una actuación de escasa complejidad inicial puede transformarse en una situación de alto riesgo sin transición alguna.
El procedimiento no estaba vinculado con un allanamiento, una persecución o la detención de una persona armada. Se trataba del retiro de un vehículo mal estacionado. Sin embargo, en pocos minutos los efectivos pasaron de intervenir en una infracción relativamente menor a tener que proteger su propia integridad física, evitar que les sustrajeran armas y elementos reglamentarios y replegarse frente a una superioridad numérica evidente.
Ese cambio súbito de escenario es uno de los problemas centrales de la actividad policial, porque el agente debe tomar decisiones en segundos y, posteriormente, cada una de ellas será analizada desde ámbitos administrativos, judiciales y políticos con mucho más tiempo y con todas las alternativas ya conocidas.
El riesgo de las armas policiales en manos de terceros
Uno de los aspectos más graves del hecho es que personas ajenas a la fuerza lograron apoderarse, aunque fuera momentáneamente, de elementos directamente vinculados con el armamento policial.
A una de las agentes le sustrajeron un cargador y otra persona llegó a tomar la pistola reglamentaria de uno de los sargentos durante el forcejeo. Esa circunstancia, por sí sola, elevó de manera extrema el nivel de riesgo del procedimiento, porque una pistola reglamentaria en manos de alguien que participa de una agresión colectiva puede convertir en segundos un incidente grave en una tragedia con múltiples víctimas.
Por eso, cualquier análisis posterior sobre los disparos efectuados por el personal debe necesariamente reconstruir de manera integral qué ocurría en el momento previo, cuál era la posición de cada efectivo, cuántas personas los atacaban, qué elementos se utilizaban contra ellos y en qué instante exacto se produjo cada detonación.
Un vecino herido y una investigación que debe ser completa
El hombre alcanzado por un proyectil fue trasladado al Hospital Fiorito y, según la información difundida, se encuentra fuera de peligro. El propio herido habría manifestado que salió de su domicilio al advertir la confrontación y que no pudo determinar de dónde provino el disparo.
Ese punto deberá ser establecido mediante pericias balísticas y demás medidas de investigación.
La UFI Nº 3 inició actuaciones por daños, atentado a la autoridad, robo y lesiones agravadas, mientras que la UFI Nº 4 dispuso identificar a los policías intervinientes y secuestrar las armas de los dos efectivos que efectuaron disparos. Hasta el momento, según lo informado, no se adoptaron medidas judiciales contra ellos.
También tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, que dispuso actuaciones administrativas vinculadas con las pericias sobre el armamento.
Que se investigue es correcto y necesario, especialmente porque hubo una persona herida por un arma de fuego, pero esa investigación no puede reducirse al último tramo del episodio ni analizar cada disparo como si hubiera ocurrido en un vacío.
El contexto forma parte de la responsabilidad
Una reconstrucción seria deberá determinar no sólo quién disparó, sino también qué ocurría exactamente en ese momento, cuántas personas participaban de las agresiones, qué distancia separaba a los policías de los atacantes, qué posibilidad real de retirada existía, qué lesiones sufrieron los efectivos, qué arma fue manipulada por terceros y en qué momento logró ser recuperada.
Todas esas circunstancias forman parte del hecho y son indispensables para evaluar jurídicamente la actuación policial.
No se puede analizar una decisión tomada bajo agresión física, superioridad numérica y riesgo de pérdida del armamento con los mismos parámetros abstractos que podrían aplicarse a una situación controlada.
Cuatro policías heridos también son parte del hecho
Hay otro aspecto que suele desaparecer rápidamente del debate público cuando en un procedimiento existe una persona civil herida: los policías lesionados.
En este caso fueron al menos cuatro.
Uno de ellos fue golpeado con extrema violencia, según muestran las imágenes difundidas, mientras otros fueron despojados de elementos reglamentarios y se vieron obligados a retirarse del lugar bajo una lluvia de objetos y agresiones.
Esos hechos no justifican automáticamente cualquier respuesta policial, pero tampoco pueden reducirse a un dato secundario.
La violencia ejercida contra el personal también debe ser investigada, individualizada y sancionada, porque de lo contrario se instala la peligrosa idea de que golpear, rodear, desarmar o intentar quitarle el arma a un policía forma parte de un riesgo laboral que el funcionario simplemente debe soportar.
Cuando la autoridad estatal queda reducida al último eslabón
Este episodio muestra además una situación que se repite con demasiada frecuencia: las decisiones administrativas se adoptan en estructuras superiores, pero el conflicto termina concentrándose físicamente sobre el último eslabón de la cadena.
La norma ordena retirar un vehículo, la autoridad municipal dispone el acarreo y el procedimiento se ejecuta en la calle, pero cuando la situación escala ya no hay funcionarios políticos ni responsables administrativos en el lugar.
Queda el policía.
Y si el episodio termina con una persona herida, será también ese policía quien deberá explicar posteriormente cada segundo de lo ocurrido.
Por eso los protocolos, el apoyo rápido, la cantidad suficiente de personal y las instrucciones operativas claras no son cuestiones burocráticas, sino condiciones esenciales para proteger al ciudadano y al propio trabajador policial.
Investigar todo el episodio, no solamente el disparo final
La Justicia deberá determinar de dónde salió el proyectil que hirió al vecino y evaluar la actuación de los policías que utilizaron sus armas, pero con la misma intensidad deberá individualizar a quienes golpearon a los efectivos, sustrajeron un chaleco y un cargador, manipularon un arma reglamentaria, dañaron el móvil policial y participaron de una agresión colectiva que puso en riesgo la vida de todos los presentes.
La investigación no puede comenzar en el momento del disparo.
Debe comenzar cuando una intervención por un automóvil mal estacionado fue transformada en una situación de violencia extrema.
Sólo así podrá determinarse qué responsabilidad corresponde a cada uno y evitar que, una vez más, todo el peso del análisis recaiga exclusivamente sobre el último eslabón de una cadena de acontecimientos que comenzó mucho antes.
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