El comisario Roberto Villarruel, jefe de la Comisaría 10ª de Maipú, fue hallado sin vida este domingo.
Su suicidio provocó una fuerte conmoción dentro de la Policía de Mendoza y volvió a poner en primer plano un reclamo que los propios uniformados vienen sosteniendo: la necesidad de un verdadero programa integral de prevención, asistencia y protección de la salud mental policial.
Conmoción por la muerte del jefe de la Comisaría 10ª
La Policía de Mendoza atraviesa horas de profundo dolor por el suicidio del comisario Roberto Villarruel, jefe de la Comisaría 10ª de Maipú, quien fue encontrado sin vida este domingo luego de un intenso operativo de búsqueda.
Según la información difundida inicialmente, su pareja había alertado al personal policial después de una discusión y comunicado que Villarruel había salido de su domicilio manifestando intenciones de quitarse la vida. A partir de ese momento se inició un operativo para localizarlo, que finalmente concluyó con el hallazgo del funcionario fallecido.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer con precisión las circunstancias del hecho, mientras dentro de la institución la noticia provocó una fuerte conmoción entre compañeros y allegados.
Un reclamo que los policías mendocinos vienen sosteniendo
El caso volvió a poner sobre la mesa una preocupación que desde hace tiempo expresan integrantes de la Policía de Mendoza: la necesidad de contar con una política específica, permanente y suficientemente amplia de prevención, asistencia y acompañamiento de la salud mental del personal.
En las últimas horas volvió a circular entre efectivos un mensaje particularmente duro que resume ese malestar: “¿Cuántos más hacen falta para que muevan los huevos y los ovarios, colegas, para exigir un programa de protección de salud mental de los uniformados?”. El planteo agrega que el problema “no solo es económico”, sino también “institucional” y “orgánico”, y responsabiliza además a la falta de decisiones políticas y al abandono estatal hacia quienes tienen la responsabilidad cotidiana de cuidar a los demás.
Detrás de la crudeza de esas palabras existe un reclamo concreto: los policías sostienen que no alcanza con intervenir cuando la crisis ya se encuentra instalada, sino que resulta necesario desarrollar mecanismos estables de prevención, detección temprana, tratamiento, seguimiento y acompañamiento.
La salud mental no puede aparecer solamente después de una tragedia
La actividad policial posee características particulares que obligan a pensar políticas específicas. Los uniformados trabajan de manera habitual frente a hechos violentos, accidentes, muertes, conflictos familiares extremos, amenazas, situaciones de riesgo y decisiones que muchas veces deben adoptarse en pocos segundos.
A esa carga profesional se suman dificultades económicas, endeudamiento, problemas familiares, largas jornadas, recargos y otras situaciones que afectan a cualquier trabajador, pero que dentro de una fuerza de seguridad pueden adquirir una dimensión particular debido a la permanente exposición al estrés y a la responsabilidad que implica portar un arma y ejercer funciones coercitivas.
Por eso, una verdadera política de salud mental policial no debería limitarse a evaluaciones periódicas ni activarse únicamente cuando aparece una situación crítica. Debe contemplar equipos profesionales suficientes, canales confidenciales de consulta, programas de prevención, seguimiento de situaciones de riesgo, asistencia a las familias y mecanismos que permitan pedir ayuda sin que hacerlo sea interpretado automáticamente como una debilidad o como una amenaza para la carrera profesional.
El temor a pedir ayuda también forma parte del problema
Uno de los obstáculos que atraviesa históricamente a muchas instituciones armadas es la dificultad para reconocer situaciones de angustia, agotamiento o crisis emocional. La cultura organizacional puede llevar a algunos trabajadores a ocultar aquello que están atravesando por temor a ser estigmatizados, apartados de determinadas funciones o considerados incapaces de continuar desempeñándose profesionalmente.
Precisamente por eso el sistema de asistencia debe ofrecer garantías reales de confidencialidad y generar confianza entre los trabajadores. Si un policía cree que hablar de aquello que le ocurre puede convertirse automáticamente en un problema administrativo o profesional, probablemente espere hasta que la situación resulte mucho más difícil de abordar.
Prevenir significa intervenir antes.
¿Quién cuida a quienes cuidan?
La muerte del comisario Villarruel vuelve inevitable una pregunta que los propios policías mendocinos están formulando: si el Estado exige a sus uniformados estar disponibles para asistir a la sociedad en situaciones de violencia, tragedia y emergencia, ¿qué estructura ofrece para acompañarlos cuando son ellos quienes atraviesan una crisis?
No corresponde convertir un caso individual en explicación automática de un problema institucional mucho más amplio, ni establecer responsabilidades causales que todavía no hayan sido determinadas. Pero tampoco resulta razonable ignorar que, inmediatamente después de esta muerte, fueron los propios integrantes de la Policía quienes volvieron a colocar la salud mental en el centro de la discusión.
El reclamo no debería escucharse solamente después de cada tragedia.
Una política de Estado pendiente
Los policías mendocinos reclaman algo bastante más profundo que una respuesta circunstancial frente a este caso: piden que la protección de la salud mental de los uniformados se convierta en una política institucional permanente, con recursos, profesionales, protocolos y seguimiento.
La pregunta, entonces, ya no es solamente qué ocurrió con Roberto Villarruel. La pregunta que comienza a formularse dentro de la propia fuerza es cuánto tiempo más habrá que esperar para que el problema deje de abordarse únicamente después de una muerte.
Porque cuidar a quienes cuidan no puede ser una consigna que reaparece cuando un compañero ya no está.
Tiene que ser una decisión política antes de que sea demasiado tarde.
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