Javkin frente al espejo: el costo de gobernar controlando, castigando y señalando a los demás

El 75% de rechazo registrado entre quienes participaron de una encuesta de Política de Santa Fe en Instagram no permite afirmar que tres de cada cuatro rosarinos desaprueban al intendente, pero tampoco puede descartarse como una simple anécdota de redes.

Cuando las críticas se concentran en multas, persecución a motociclistas, impuestos, cámaras asociadas más a la sanción que a la seguridad, abandono de los barrios y apropiación del espacio público, el resultado comienza a mostrar el costo acumulado de una manera de gobernar que durante años dividió a la sociedad entre quienes supuestamente cumplen y aquellos a quienes el poder considera necesario vigilar, corregir o señalar.

No es una encuesta electoral, pero tampoco es un dato para tirar a la basura

La consulta realizada por Política de Santa Fe tiene límites metodológicos evidentes y el propio medio los reconoce: se trató de una participación voluntaria entre usuarios de Instagram y, por lo tanto, no constituye una muestra representativa de la población rosarina ni permite proyectar mecánicamente esos porcentajes sobre una elección futura.

Sin embargo, una cosa es reconocer los límites del instrumento y otra muy distinta utilizar esos límites para ignorar el fenómeno que aparece detrás. El 52% calificó la gestión de Pablo Javkin como “muy mala” y otro 23% como “mala”, mientras los comentarios publicados tanto en Instagram como en Facebook volvieron sobre cuestiones que desde hace tiempo forman parte de la conversación cotidiana de la ciudad: barrios relegados, calles deterioradas, presión tributaria, prioridades discutibles de inversión, intervenciones sobre la costa y una percepción creciente de que el municipio desarrolló una enorme capacidad para controlar al vecino mientras no siempre muestra la misma eficacia para resolver aquello que el vecino reclama.

El porcentaje podrá discutirse y seguramente una encuesta científica podría arrojar números diferentes, pero el malestar que se expresa detrás de esa consulta resulta bastante más difícil de negar.

Una administración que aprendió a mirar al ciudadano desde la infracción

Rosario ha experimentado en los últimos años una expansión considerable de los mecanismos municipales de control y, considerados de manera aislada, muchos de ellos encuentran una explicación razonable. Las normas de tránsito deben cumplirse, los vehículos deben circular en condiciones legales, las cámaras pueden contribuir al ordenamiento urbano y las infracciones naturalmente pueden ser sancionadas.

El problema aparece cuando la suma de esas herramientas termina modificando la relación entre el ciudadano y su gobierno municipal, porque una administración que coloca en el centro de su vínculo con la sociedad la multa, el control, el secuestro de vehículos y la fiscalización permanente corre el riesgo de ser percibida ya no como un Estado que organiza la convivencia, sino como un poder que permanentemente está buscando qué hizo mal el vecino.

La persecución sistemática de motociclistas constituye probablemente uno de los ejemplos más visibles. Durante años se construyó sobre quienes utilizan motos una mirada generalizada de sospecha, como si el vehículo fuera suficiente para definir socialmente a quien lo conduce, y una política que pudo haber nacido con la pretensión legítima de ordenar el tránsito terminó generando entre amplios sectores una sensación de hostigamiento y tratamiento diferencial.

A eso se sumó una estructura tecnológica cada vez más sofisticada destinada a registrar infracciones, producir multas y fiscalizar comportamientos, mientras muchos ciudadanos siguen preguntándose por qué semejante capacidad tecnológica no produce una sensación equivalente de protección frente al delito o una respuesta igualmente veloz frente al deterioro de los barrios.

Las cámaras también construyen una determinada relación con el poder

Una cámara puede ser una formidable herramienta de seguridad pública cuando permite reconstruir un delito, identificar un vehículo, seguir un recorrido o aportar evidencia judicial. Pero cuando el ciudadano termina asociándola principalmente con la llegada de una multa, su significado político cambia por completo, porque deja de percibirla como un dispositivo que lo protege y comienza a verla como un ojo estatal dispuesto a encontrar una infracción en su conducta.

No estamos planteando que las infracciones deban quedar impunes, sino algo mucho más elemental: si el Estado desarrolla una capacidad extraordinaria para detectar en segundos que un vecino excedió una velocidad, estacionó incorrectamente o cruzó una línea, ese mismo ciudadano tiene derecho a preguntarse por qué semejante precisión desaparece cuando necesita que alguien repare una calle, atienda un reclamo barrial o mejore las condiciones de seguridad.

Cuando el control funciona con precisión quirúrgica y la prestación pública se experimenta con lentitud, aparece inevitablemente una ruptura en la reciprocidad.

El antecedente que no debería olvidarse: cuando Javkin quiso señalar a quienes protestaban

Hay además un episodio relativamente reciente que permite comprender mejor la matriz política que venimos describiendo. Durante la protesta policial realizada frente a la Jefatura de Rosario en febrero pasado, Pablo Javkin anunció públicamente que aportaría información sobre personas que habían participado de aquella manifestación y que, según sostuvo, no pertenecían al ámbito policial.

La captura periodística de aquel momento es suficientemente explícita: el intendente adelantó que entregaría información sobre quienes habían estado presentes y sostuvo incluso que se analizarían nombres de personas vinculadas con otros episodios ocurridos en la ciudad.

Entre sectores policiales aquello fue interpretado de una manera mucho menos elegante y bastante más directa: Javkin fue señalado como un “buchón” del poder, no porque hubiera formulado una denuncia sobre un delito concreto que presenció, sino porque aparecía ofreciendo identificar ciudadanos que habían participado alrededor de una protesta protagonizada por policías y familiares que reclamaban frente a la Jefatura.

Más allá del término, deliberadamente coloquial y político, el episodio resulta significativo porque revela una determinada concepción de la protesta y de la relación entre gobierno y ciudadanía. Frente a una movilización social incómoda, la preocupación dejó de concentrarse exclusivamente en las causas del conflicto y comenzó a desplazarse hacia quiénes habían estado allí, quiénes pertenecían o no a determinado colectivo y qué antecedentes podían encontrarse sobre ellos.

Es difícil imaginar una representación más gráfica de aquello que venimos señalando: cuando el poder no comprende el reclamo, empieza a mirar al reclamante.

La advertencia política ya estaba

Este clima tampoco apareció de manera repentina con una encuesta publicada a fines de agosto. Durante la campaña electoral en la que Carolina Labayrú ocupó un lugar central dentro de la propuesta oficialista al Concejo ya se advertía que convertir la fiscalización, la sanción y una determinada idea del orden urbano en credenciales políticas podía terminar produciendo exactamente el efecto contrario al buscado.

Una administración puede interpretar cada motocicleta secuestrada como demostración de autoridad, cada multa como una prueba de eficiencia y cada operativo como señal de decisión política, pero el ciudadano que experimenta esas políticas desde el otro lado puede construir una lectura completamente diferente y sentir que el Estado ha desarrollado una extraordinaria capacidad para encontrarlo cuando comete una infracción mientras muestra bastante menos entusiasmo para aparecer cuando necesita una solución.

Por eso la pregunta no resulta exagerada: ¿Qué esperaban que ocurriera después de años de acumular pequeñas experiencias de hostilidad cotidiana entre el municipio y una parte importante de los ciudadanos?

El problema de gobernar clasificando entre buenos y malos

La cuestión excede las multas y alcanza una lógica política mucho más profunda. Durante los últimos años se consolidó en distintos niveles del Estado una forma de comunicación que necesita clasificar permanentemente a la sociedad entre aquellos que se comportan correctamente y aquellos que representan algún tipo de problema.

Está el vecino responsable y el infractor, el que merece utilizar el espacio público y el que debe ser desplazado, el motociclista considerado correcto y aquel sobre quien recae anticipadamente la sospecha, el ciudadano que acompaña una política y aquel cuya resistencia debe ser explicada como producto de intereses particulares, desinformación o falta de comprensión.

Naturalmente una ciudad necesita reglas y no todas las conductas son equivalentes, pero el problema empieza cuando esas diferencias dejan de describir acciones concretas y comienzan a transformarse en identidades sociales permanentes, porque entonces el poder ya no sanciona únicamente una infracción sino que empieza a construir categorías de ciudadanos sobre los cuales considera razonable ejercer una vigilancia diferencial.

Dividir para gobernar con minorías

Aquí aparece algo que venimos desarrollando al pensar el Panóptico Social Ampliado (PSA), aunque no haga falta convertir esta discusión en una clase teórica para comprender su funcionamiento. La política contemporánea parece haber descubierto que ya no necesita construir grandes mayorías sociales capaces de integrar demandas diferentes dentro de un proyecto común, porque en sociedades fragmentadas, con participación electoral decreciente y sectores enfrentados entre sí, puede resultar suficiente reunir determinadas minorías y administrar políticamente la dispersión del resto.

La fragmentación puede incluso convertirse en una herramienta de gobierno mientras cada grupo encuentre en otro sector de la sociedad al responsable inmediato de sus problemas. El automovilista responsabiliza al motociclista, el vecino del centro observa con distancia al de la periferia, el comerciante enfrenta al vendedor ambulante y quienes acceden a determinados espacios públicos reclaman que otros sean expulsados de ellos.

Mientras todos miran hacia los costados, resulta mucho más difícil que aparezca una pregunta común dirigida hacia arriba: qué está haciendo el poder con todos ellos.

Ésa es una versión contemporánea del viejo “dividir para gobernar”, pero adaptada a sociedades atomizadas en las que ya no necesariamente se construyen dos grandes campos enfrentados, sino muchas pequeñas divisiones susceptibles de ser administradas electoralmente.

Cuando los fragmentos empiezan a reconocer un problema común

El inconveniente para cualquier gobierno aparece cuando aquellos malestares que permanecían separados comienzan a encontrarse.

Uno protesta por las multas, otro por el deterioro de su barrio, otro por los impuestos, otro por las obras sobre la costa, otro por el secuestro de motocicletas, otro por las cámaras, otro por el destino del espacio público y otro porque alguna vez sintió que, cuando reclamó, el municipio prefirió identificarlo antes que escucharlo.

Parecen conflictos diferentes, pero pueden empezar a confluir en una percepción política común: el Estado municipal controla mucho, cobra mucho, decide mucho y escucha poco.

Ahí cambia la naturaleza del problema, porque mientras cada reclamo permanece encerrado en su pequeño sector la fragmentación continúa siendo funcional al gobierno, pero cuando distintos grupos reconocen que comparten una experiencia semejante frente al poder, aquello que parecía una suma de molestias sectoriales puede convertirse en una evaluación general de la gestión.

Tal vez el 75% registrado por aquella encuesta exagere el tamaño real del rechazo en Rosario o tal vez una medición profesional confirme una tendencia importante; eso deberá determinarlo una encuesta representativa. Pero esperar esa encuesta para comenzar a preguntarse qué está sucediendo puede ser una excelente manera de llegar políticamente tarde.

El ciudadano vigilado también aprendió a vigilar

Existe finalmente una paradoja que quizá explique buena parte de esta situación. Mientras los gobiernos desarrollaron herramientas cada vez más poderosas para observar al ciudadano mediante cámaras, registros, radares, sistemas informáticos y bases de datos, ocurrió simultáneamente otro fenómeno: la sociedad adquirió una capacidad igualmente inédita para observar al poder.

El vecino fotografía una calle destruida, registra un operativo, comparte una multa, compara inversiones, filma una obra, pregunta cuánto costó, denuncia una situación en las redes, analiza una declaración y conserva capturas de aquello que los funcionarios dijeron meses atrás.

Incluso aquella declaración de Javkin sobre las personas que participaron alrededor de la protesta policial, que seguramente en otro tiempo habría desaparecido rápidamente del debate público, hoy permanece registrada y puede ser recuperada cada vez que se discute la relación entre el municipio, la vigilancia y la ciudadanía.

Ésa es una de las claves del Panóptico Social Ampliado: el observador descubre que también puede ser observado y que la trazabilidad ya no funciona exclusivamente desde arriba hacia abajo.

Durante años una determinada concepción del gobierno municipal pareció confiar en que aumentar el control produciría automáticamente mayor orden y que ese orden terminaría generando legitimidad. Quizás allí radique uno de sus errores fundamentales, porque cumplimiento y consentimiento nunca fueron la misma cosa.

Un ciudadano puede pagar una multa y rechazar políticamente a quien se la aplica, puede soportar un impuesto mientras considera injusto su destino, puede aceptar un control porque carece de alternativas y puede obedecer una regulación sin compartir la concepción de sociedad que existe detrás de ella.

El 75% de una encuesta en Instagram no demuestra que Rosario haya condenado definitivamente a Pablo Javkin, pero obliga a hacerse una pregunta mucho más incómoda y bastante menos estadística: después de años de gobernar vigilando, sancionando, clasificando ciudadanos y, cuando fue necesario, ofreciendo información sobre quienes participaban de una protesta, ¿Qué esperaban que ocurriera cuando finalmente fueran esos mismos ciudadanos quienes comenzaran a mirar, recordar y evaluar al gobierno?

“Quien quiera oír que oiga”

(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en  Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los  libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP),  «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?

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