San José del Rincón (Santa Fe) – Una denuncia anónima llegada a nuestro medio apunta contra la conducción del Comando Radioeléctrico de la Costa por el faltante de cubiertas en móviles policiales, algunos de los cuales habrían quedado fuera de servicio.
También se cuestiona el manejo de servicios adicionales y el uso de personal administrativo para cubrirlos durante sus guardias. En un contexto provincial atravesado por múltiples causas e investigaciones por corrupción policial, el señalamiento merece algo más que una respuesta burocrática: merece ser investigado.
Patrulleros sin cubiertas y una denuncia que no puede ignorarse
“Quisiera denunciar un hecho gravísimo en lo que pasa en Comando Radioeléctrico de la Costa. Se robaron las cubiertas de los móviles e incluso hay varios de ellos fuera de servicio por falta de cubiertas”, señala el mensaje recibido por este medio, cuyo autor pidió expresamente preservar su identidad ante el temor de sufrir represalias o cambios de destino.
La acusación es grave y, como corresponde, debe ser verificada antes de transformarse en una afirmación categórica. Sin embargo, tampoco parece razonable descartarla con liviandad o reducirla a una disputa interna, porque si efectivamente existen móviles fuera de servicio por falta de neumáticos, la cuestión afecta de manera directa la capacidad operativa de la dependencia y obliga a revisar qué controles existen sobre los bienes asignados al Comando.
En definitiva, una cubierta no es un insumo menor ni algo que pueda desaparecer sin dejar rastro administrativo. Si fue reemplazada, debe existir constancia; si fue retirada, también; si el móvil quedó fuera de servicio, debería estar documentado el motivo. Por eso, más allá del tono de la denuncia, estamos ante un hecho potencialmente verificable mediante inventarios, órdenes de reparación, registros patrimoniales y control del estado real de cada vehículo.
Cuando el patrullero no sale, el problema deja de ser administrativo
La situación adquiere un tono casi absurdo si se la compara con el discurso oficial sobre prevención, despliegue territorial y presencia policial. Mientras desde la conducción política se insiste en la necesidad de más patrullaje y mayor capacidad de respuesta, desde una dependencia se denuncia que algunos móviles directamente no podrían circular por falta de cubiertas.
Si eso es cierto, no estamos solamente ante una posible irregularidad patrimonial, sino ante una afectación concreta del servicio. Un patrullero sin neumáticos no cubre cuadrículas, no responde emergencias y no llega donde debería llegar. Por eso, si faltan cubiertas, la pregunta no es solamente quién se quedó con ellas, sino también quién permitió que esa situación terminara impactando sobre la operatividad del Comando.
El reclamo también apunta al manejo de adicionales
La misma fuente cuestiona además la forma en que se administrarían los servicios adicionales dentro de la dependencia y sostiene que personal que cumple funciones de escribiente sería enviado a cubrirlos mientras se encuentra de guardia, una práctica que, según afirma, ya generó malestar entre los efectivos.
El tema merece una revisión específica porque la superposición entre funciones ordinarias y adicionales siempre abre preguntas sobre autorizaciones, distribución de servicios, carga horaria, afectación del personal y eventual impacto sobre la cobertura habitual de la dependencia. Si quien debe cumplir una función administrativa o de guardia es enviado simultáneamente a otro servicio, el problema deja de ser una cuestión de conveniencia interna y pasa a afectar la organización del trabajo.
También aquí la verificación debería ser sencilla: órdenes de servicio, planillas, horarios, personal asignado y registros de adicionales. Si todo fue administrado correctamente, la documentación debería disipar cualquier sospecha; si no fue así, habrá que determinar quién tomó esas decisiones y con qué fundamento.
Una denuncia que aparece en un contexto demasiado conocido
Sería irresponsable afirmar que esta denuncia es verdadera solamente porque existen antecedentes de corrupción policial en Santa Fe, pero también sería ingenuo analizarla como si apareciera en una institución ajena a ese problema. En los últimos años, la Policía provincial quedó atravesada por múltiples investigaciones, imputaciones y causas vinculadas con corrupción, connivencias ilegales, desvío de recursos, manejo irregular de fondos y utilización indebida de bienes públicos.
Ese contexto no prueba este caso concreto, aunque sí le otorga suficiente verosimilitud como para que nadie pueda responder simplemente que “eso no puede pasar”. Sabemos que puede pasar, y justamente por eso cualquier señalamiento específico y verificable debería ser revisado con rapidez y transparencia.
En una institución que ya acumuló episodios graves, la obligación de la conducción no debería ser minimizar, sino demostrar. Si las cubiertas están, que aparezcan; si fueron cambiadas, que exista la documentación; si los móviles están fuera de servicio, que se informe por qué; y si los adicionales fueron correctamente asignados, que se exhiban las órdenes correspondientes.
El miedo a hablar también debería preocupar
Quizás uno de los aspectos más graves del mensaje no esté solamente en aquello que denuncia, sino en la razón por la cual el efectivo pide anonimato. “Espero que se me tome como anónimo ya que hay varios que les han cambiado el destino por decir lo que vemos”, afirma.
Esa frase describe un problema institucional que va más allá de las cubiertas. Si un policía siente que señalar una irregularidad puede costarle un traslado, un destino incómodo o una represalia interna, el mensaje que recibe el resto es muy claro: conviene callarse.
Y una institución donde el silencio se vuelve una estrategia de supervivencia termina creando las condiciones ideales para que cualquier irregularidad crezca sin control. La corrupción no se alimenta solamente del que roba, sino también del sistema que desalienta a quienes intentan denunciar.
Por eso, frente a un reclamo de estas características, la prioridad debería ser verificar los hechos y no descubrir quién habló. Si la denuncia es falsa, la documentación permitirá descartarla; si es verdadera, deberán determinarse responsabilidades. Lo que no debería ocurrir es que toda la energía institucional se concentre en encontrar al denunciante mientras nadie revisa qué pasó con los bienes cuestionados.
Porque el problema no es solamente una cubierta
En una fuerza que trabaja con recursos limitados y con una demanda operativa permanente, cada elemento que falta repercute directamente sobre quien tiene que salir a la calle. Una cubierta menos puede significar un móvil menos, una cuadrícula con menor cobertura o una respuesta más lenta ante una emergencia.
Por eso la denuncia merece ser tomada en serio, no porque ya se haya probado la existencia de un delito, sino porque los antecedentes y la facilidad con que estos hechos pueden verificarse hacen injustificable mirar para otro lado.
Si todo está en regla, bastará con mostrarlo.
Pero si no lo está, además de preguntarnos quién se quedó con las cubiertas, habrá que preguntarse algo bastante más incómodo: quién creyó que, en una dependencia donde todos ven lo que pasa, nadie iba a terminar contándolo.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora