Venado Tuerto, Santa Fe – Pullaro destacó los resultados y el compromiso policial, pero no anunció mejoras laborales ni salariales. En Rosario, la “Carpa Azul” sigue reclamando diálogo desde febrero y ni siquiera logró que recibieran su petitorio.
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, destacaron el trabajo, el sacrificio y los resultados obtenidos por la Policía provincial durante el acto central por el 162° aniversario de la fuerza. Sin embargo, pese al reconocimiento oficial, no se anunciaron mejoras salariales ni medidas concretas destinadas a atender los reclamos por condiciones de trabajo y de vida que atraviesan a buena parte del personal policial y sus familias.
El Gobierno de Santa Fe eligió el acto central por el 162° aniversario de la creación de la Policía provincial para exhibir los resultados de su política de seguridad, reivindicar la reducción de los homicidios y reconocer públicamente el desempeño de los hombres y mujeres de la fuerza. Hubo elogios, agradecimientos y un fuerte respaldo institucional, aunque faltó un capítulo que para buena parte del personal resulta cada vez más difícil de soslayar: las condiciones materiales en las que viven y trabajan los policías santafesinos.
La ceremonia se realizó en la Plaza San Martín de Venado Tuerto y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el jefe de Policía Luis Maldonado, autoridades provinciales, municipales y legislativas.
Reconocimiento político, pero sin respuestas económicas
Pullaro aseguró que la Policía lleva adelante “la tarea más noble que puede tener un ser humano, que es cuidar la vida y los bienes de los demás”, y destacó la “total y absoluta lealtad” con la que, según sostuvo, los efectivos acompañaron el plan de seguridad implementado desde el inicio de su gestión.
El mandatario afirmó además que Santa Fe pasó “de ser la provincia más violenta” a transformarse en “la más segura” y mencionó especialmente el caso de Rosario, donde aseguró que los homicidios disminuyeron más de un 75 %.
El reconocimiento fue explícito. Lo que no apareció durante el acto fueron anuncios destinados a mejorar de manera directa la situación económica del personal policial.
No hubo novedades sobre recomposición salarial específica, adicionales, plus, horas extraordinarias, acceso a vivienda, mecanismos de desendeudamiento, compensaciones por tareas de riesgo ni otras demandas que vienen apareciendo en distintas dependencias de la provincia.
Y allí aparece una contradicción difícil de ignorar: si buena parte de los resultados que el Gobierno exhibe públicamente son atribuidos al esfuerzo cotidiano de los policías, también resulta razonable preguntarse de qué manera ese reconocimiento se traduce en mejores condiciones concretas para quienes sostienen el servicio.
En Rosario tampoco recibieron el petitorio de la “Carpa Azul”
La falta de anuncios se suma además a un reclamo que lleva meses sin encontrar un canal formal de respuesta. En Rosario, integrantes de la denominada “Carpa Azul”, que desde febrero vienen reclamando la apertura de una instancia de diálogo con las autoridades provinciales, intentaron hacer llegar un petitorio con sus demandas, pero el documento no fue recibido.
El episodio vuelve a poner en evidencia una dificultad que excede cualquier discusión puntual sobre salarios o adicionales: la ausencia de una mesa de diálogo estable donde el personal pueda plantear sus reclamos laborales y obtener respuestas institucionales.
Mientras desde los actos oficiales se destaca la lealtad, el sacrificio y el compromiso de los policías, quienes vienen sosteniendo públicamente reclamos por mejores condiciones de trabajo aseguran que todavía no consiguen que las autoridades reciban siquiera formalmente sus planteos.
La contradicción es evidente: se reconoce públicamente el esfuerzo de la fuerza, pero quienes reclaman desde febrero ser escuchados continúan sin una instancia efectiva de interlocución.
Equipamiento para la Policía, pero la discusión también pasa por el policía
El ministro Pablo Cococcioni repasó durante su intervención el proceso de reequipamiento de la fuerza, que incluyó patrulleros, camionetas, motocicletas, un helicóptero, chalecos balísticos, uniformes, armamento y municiones.
Son inversiones necesarias para cualquier política de seguridad y representan una mejora objetiva en los recursos disponibles para el cumplimiento de la función. Sin embargo, existe otra dimensión que no debería quedar relegada: no solamente importa en qué condiciones está equipada la Policía como institución, sino también en qué condiciones vive el policía como trabajador.
Un patrullero nuevo, un chaleco o un arma moderna pueden mejorar la capacidad operativa, pero no resuelven por sí solos los problemas económicos de una familia policial, el endeudamiento, la necesidad de realizar horas extraordinarias para completar los ingresos, los recargos de servicio o las dificultades para acceder a una vivienda propia.
El esfuerzo que se reconoce también tiene un costo
El propio discurso oficial volvió a poner en primer plano el sacrificio de los efectivos y de sus familias. Cococcioni atribuyó los resultados en materia de seguridad al trabajo cotidiano del personal y reconoció también a quienes perdieron la vida en cumplimiento del deber.
Precisamente por eso, la discusión sobre las condiciones laborales no puede considerarse secundaria.
En distintas unidades y dependencias siguen apareciendo reclamos vinculados con diagramas horarios, recargos, francos interrumpidos, distribución de adicionales y OSPE, diferencias en el acceso a determinados beneficios y salarios que obligan a numerosos efectivos a buscar ingresos complementarios.
El problema no desaparece porque las estadísticas de seguridad mejoren. Incluso puede ocurrir exactamente lo contrario: cuanto mayores son las exigencias operativas y los resultados reclamados al personal, mayor debería ser también la responsabilidad del Estado respecto de sus condiciones laborales y familiares.
Cárceles, ascensos y defensa penal
Cococcioni destacó además la realización de cuatro concursos de ascenso y señaló que el Gobierno pretende finalizar su gestión con las promociones policiales regularizadas.
También mencionó la construcción de 7.200 plazas penitenciarias, incluida la próxima habilitación de más de 800 en Recreo, con la intención de reducir la utilización de personal policial en traslados y custodia de detenidos y destinar una mayor cantidad de agentes a tareas preventivas.
El ministro reiteró asimismo el respaldo oficial a iniciativas como el juicio por jurados en determinados casos vinculados con actuaciones policiales, la incorporación de pistolas Taser y lanzadores Byrna y el proyecto de defensa penal técnica para policías y penitenciarios.
Son medidas que inciden sobre aspectos institucionales y operativos importantes, pero nuevamente quedó ausente una definición respecto del ingreso y las condiciones cotidianas del trabajador policial.
Una deuda que los discursos no alcanzan a cubrir
Pullaro habló de lealtad y sacrificio. Cococcioni reconoció el trabajo de los efectivos y de sus familias.
El mensaje institucional fue contundente: el Gobierno considera que la Policía tuvo un papel central en la mejora de los indicadores de seguridad.
Precisamente por eso, el aniversario también dejaba abierta una oportunidad para avanzar sobre otra cuestión: qué recibe concretamente el policía a cambio de ese esfuerzo que las propias autoridades reconocen.
No se trata solamente de salarios. Se trata de descanso, vivienda, salud, previsibilidad familiar, distribución equitativa de adicionales, reconocimiento del riesgo profesional y reglas laborales que permitan que el policía no dependa permanentemente de horas extraordinarias para sostener su economía doméstica.
Y también se trata de algo todavía más elemental: ser escuchados. Porque si desde febrero integrantes de la “Carpa Azul” reclaman diálogo y ni siquiera consiguen que se reciba formalmente su petitorio, el problema ya no es solamente económico, sino también institucional.
El acto terminó con fuertes elogios y reconocimientos a la institución y a su personal. Pero para muchos policías y sus familias quedó pendiente la noticia que probablemente esperaban escuchar: algún anuncio que permitiera transformar ese reconocimiento público en una mejora concreta de sus condiciones de trabajo y de vida, y una señal política clara de que sus reclamos serán finalmente atendidos.
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