Rosario – Personal policial que presta servicios en distintas dependencias de la región, entre ellas Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Funes, denunció la quita de adicionales o beneficios que venían percibiendo algunos empleados y advirtió sobre un esquema desigual que genera malestar creciente dentro de la fuerza.
Un nuevo reclamo llegó desde el sur santafesino, esta vez vinculado con la situación del personal policial que cumple funciones en localidades como Pérez, Villa Gobernador Gálvez y Funes, donde, según denunciaron trabajadores, a algunos efectivos les habrían quitado adicionales o conceptos que formaban parte de sus ingresos habituales.
De acuerdo con los testimonios recibidos, la situación no alcanzaría a todos por igual, lo que profundiza la sensación de trato desigual dentro del propio personal. “Hay empleados a los que se lo quitaron”, resumieron las fuentes consultadas, al advertir que la medida generó inquietud y malestar en distintas dependencias.
Aunque por el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre el alcance de la decisión ni sobre los criterios aplicados, el reclamo vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente dentro de la Policía santafesina: la fuerte dependencia que muchos trabajadores tienen respecto de adicionales, plus o compensaciones para sostener su economía familiar.
Cuando esos conceptos se modifican, se suspenden o se retiran sin una explicación clara, el impacto no es menor. En muchos casos, no se trata de un ingreso accesorio, sino de una parte importante del dinero con el que el personal logra completar salarios que siguen mostrando serias dificultades frente al costo de vida.
Las quejas también apuntan a la falta de criterios transparentes para determinar quién conserva esos beneficios, quién los pierde y por qué motivo. Esa opacidad, lejos de descomprimir, suele agravar los conflictos internos, porque instala la percepción de que no todos son medidos con la misma vara.
El planteo que surge desde Pérez, Villa Gobernador Gálvez, Funes y otras jurisdicciones de la región merece una respuesta administrativa clara. Si hubo una decisión de revisar, reducir o quitar adicionales, corresponde que se informe formalmente a quiénes alcanza, bajo qué fundamentos y si existe algún mecanismo de revisión.
En una fuerza donde buena parte del personal depende de estos ingresos complementarios, cualquier modificación de ese tipo no solo repercute en el bolsillo, sino también en el clima interno, la motivación y la percepción de justicia dentro de la institución.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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