Hay causas judiciales que, a medida que avanzan y atraviesan los controles propios del proceso, permiten despejar dudas y ordenar los hechos. Esta, por ahora, me produce el efecto contrario: cuanto más avanza, más preguntas me deja y menos certezas encuentro.
Hace una semana asistíamos en Venado Tuerto a una conferencia de prensa cargada de gravedad institucional, funcionarios, fiscales, autoridades de control, referencias al narcotráfico, investigaciones conjuntas, secuestro de teléfonos y dos responsables de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones detenidos. El mensaje transmitido hacia afuera era inequívoco: el Estado había encontrado algo serio dentro del propio organismo encargado de perseguir la venta de drogas.
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La investigación, según explicó entonces el fiscal regional Mauricio Clavero, había surgido de un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Federal y áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante un Equipo Conjunto de Investigación. También se habían secuestrado los teléfonos de los integrantes de la división y se dejaba abierta la posibilidad de nuevas detenciones y de revisar actuaciones anteriores.
Una semana después llegó la audiencia judicial y ocurrió algo que merece ser observado con mucha más atención de la que probablemente reciba en la agenda pública: la Fiscalía pidió prisión preventiva para ambos policías y el juez Aldo Baravalle no la concedió. Los dos recuperaron la libertad y continuarán sometidos al proceso mediante medidas cautelares no privativas de la libertad.
Eso no significa que sean inocentes, tampoco que la investigación se haya derrumbado ni que las imputaciones carezcan de gravedad. Pero tampoco puede presentarse como un detalle menor.
De la conferencia al expediente
La audiencia permitió conocer finalmente qué conductas concretas se atribuyen a cada imputado.
Al entonces jefe de Microtráfico se le atribuyó haber transmitido información reservada a una persona vinculada con la venta de estupefacientes, advirtiéndole sobre allanamientos que estaban por realizarse. Al subjefe, en tanto, se le imputó haber facilitado, durante un procedimiento en Firmat, la salida de una persona investigada y posteriormente haber omitido dejar constancia de aquella presencia y fuga.
Si esos hechos se prueban, son gravísimos. Quien recibe información privilegiada para perseguir el delito y la utiliza para favorecer a un investigado traiciona precisamente la función que el Estado le confió. Y si alguien encargado de dirigir un procedimiento facilita deliberadamente una fuga, deberá responder por ello.
No hay ninguna discusión en ese punto.
Lo que sí merece discusión es cómo pasamos de una investigación todavía en desarrollo a una condena pública prácticamente instantánea.
Clavero tuvo al menos la prudencia de explicar que existían elementos suficientes para llevar a los funcionarios a una audiencia y que la precisión de las calificaciones debía producirse dentro del proceso judicial. Desde el terreno político, en cambio, comenzaron a escucharse definiciones mucho más terminantes.
Federico Angelini (auto candidato a intendente de Rosario o lo que venga) habló de “delincuentes vestidos de policías” antes de que hubiera juicio, sentencia y, en aquel momento, incluso antes de que se formulara definitivamente la imputación.
Ahí es donde comienza mi preocupación.
El año electoral también entró en la discusión sobre seguridad
No podemos analizar la política de seguridad como si estuviera suspendida en el vacío. El calendario electoral ya empezó a ordenar movimientos, discursos, posicionamientos y necesidades de diferenciación, y en ese escenario la seguridad pública vuelve a ofrecer una tentación conocida: mostrar firmeza vende.
El candidato, dirigente o funcionario que aparece frente a una cámara anunciando que va “contra todos”, que “no hay protegidos” o que va a limpiar una institución obtiene una imagen inmediata de decisión. Hablar de debido proceso, proporcionalidad de las cautelares, presunción de inocencia o calidad probatoria, en cambio, suele tener bastante menos rendimiento electoral.
Angelini ocupa un lugar político relevante dentro del esquema de seguridad provincial y Maximiliano Pullaro construyó una parte importante de su identidad pública alrededor de esa materia. Nada de esto invalida el trabajo realizado ni permite desconocer resultados concretos que el Gobierno reivindica en materia de violencia y criminalidad.
Pero precisamente porque la seguridad constituye uno de los principales activos políticos de esta gestión, cada intervención espectacular merece ser examinada con mayor rigor, no con menor.
Cuando una política pública también se transforma en capital electoral, aparece inevitablemente el incentivo a exhibir resultados, enemigos identificables, operativos, detenciones y respuestas rápidas. El problema comienza cuando la necesidad política de mostrar eficacia avanza más rápido que la Justicia.
La ansiedad punitiva también se expresa en el discurso
Ese clima no aparece solamente en decisiones judiciales o administrativas. También se manifiesta en el lenguaje de funcionarios y dirigentes que, en un año electoral ya iniciado de hecho, parecen competir por demostrar quién adopta la posición más severa frente a cualquier episodio vinculado con la seguridad.
Un antecedente reciente fue la reacción de la vocera del gobernador, Virginia Coudannes, frente a un procedimiento que presentaba serios interrogantes sobre su sustento. En medio de la controversia llegó a sugerir públicamente que una jueza “se llevara a su casa” a la persona sospechada cuya situación estaba bajo revisión judicial.
Más allá de la discusión concreta sobre aquel procedimiento, la frase merece atención porque desplaza el problema desde la calidad del trabajo estatal hacia una interpelación emocional contra quien debe controlar su legalidad.
Cuando una actuación policial está floja de papeles, la respuesta institucional no debería consistir en colocar al juez o a la jueza frente al dilema retórico de “quedarse con el sospechoso”, sino en producir mejor evidencia, documentar correctamente el procedimiento y sostener jurídicamente aquello que se pretende.
La escena es políticamente rentable porque construye una oposición fácil: de un lado, el funcionario que quiere “poner orden”; del otro, un magistrado que parecería impedirlo. Pero esa simplificación es precisamente una de las formas en que el punitivismo puede empezar a desplazar las garantías.
En tiempos electorales, además, la ansiedad por construir perfil propio y captar un electorado preocupado legítimamente por la inseguridad puede empujar a dirigentes jóvenes a sobreactuar dureza. El problema no es que quieran mostrarse firmes; el problema aparece cuando la firmeza empieza a medirse por cuántas garantías se está dispuesto a relativizar.
La seguridad intensiva y el riesgo de gobernar mediante la sospecha
En Gobernar mediante la sospecha (2026) planteamos justamente una preocupación que vuelve a aparecer en este caso: la transformación de la seguridad en un dispositivo cada vez más intensivo, donde la sospecha deja de ser un instrumento excepcional para orientar una investigación y comienza a funcionar como principio ordenador de la actuación estatal.
La lógica parece sencilla: frente a una amenaza considerada grave se amplían controles, se multiplican medidas preventivas, se profundiza la vigilancia y se acepta socialmente que ciertas garantías cedan porque supuestamente estamos ante un enemigo que justifica ese endurecimiento.
El problema es que ese mecanismo rara vez se detiene en el destinatario inicial.
Hoy puede alcanzar a un policía, mañana a cualquier ciudadano.
Y ahí aparece algo que venimos señalando desde hace tiempo en Ciudadanía de Segunda Clase (2026): el trabajador policial no deja de ser ciudadano cuando se coloca el uniforme. Tiene obligaciones especiales, está sometido a un régimen disciplinario particular y debe responder con mayor severidad cuando utiliza su función para delinquir, pero conserva las garantías fundamentales que el Estado debe reconocer a cualquier persona.
La condición de policía no puede convertirse en una presunción adicional de culpabilidad ni en un recurso electoralmente cómodo para demostrar dureza.
Una semana detenido no es una anécdota
Hay algo que en medio de las discusiones procesales puede perderse: estos dos funcionarios estuvieron privados de su libertad durante aproximadamente una semana.
Una semana no desaparece porque después un juez disponga una cautelar menos gravosa.
La pregunta es entonces inevitable: ¿qué elemento concreto hacía indispensable esa detención inicial y qué cambió durante esos siete días para que la prisión preventiva dejara de ser necesaria?
Puede existir una respuesta perfectamente válida. Quizás resultaba indispensable preservar determinadas pruebas, secuestrar dispositivos, impedir comunicaciones o evitar alguna interferencia concreta mientras se ejecutaban las medidas. Es posible, pero si esa es la explicación, debe surgir claramente del expediente.
Lo que no debería aceptarse es que la detención opere como una demostración pública de eficacia y que la discusión jurídica aparezca varios días después, cuando la fotografía de los sospechosos ya recorrió medios, redes y discursos oficiales.
La prisión preventiva no es una conferencia de prensa
La Fiscalía pidió que continuaran detenidos y el juez consideró que podían transitar el proceso mediante restricciones distintas de la prisión.
Ahí aparece el valor del control judicial.
El juez no dijo que las imputaciones carecieran de fundamento ni absolvió a nadie. Lo que resolvió, en términos prácticos, es que el proceso podía asegurarse sin mantener a esas personas encerradas.
Eso debería recordarnos por qué existe la división de funciones dentro de un sistema acusatorio.
El fiscal investiga y acusa.
La defensa contradice.
El juez controla.
La política gobierna.
Cuando esos límites comienzan a mezclarse, empiezan los problemas.
Si un funcionario político puede definir quién es un “delincuente vestido de policía” antes de la sentencia, entonces el juicio empieza a perder sentido y la audiencia corre el riesgo de convertirse en una formalidad posterior a una condena que ya ocurrió frente a las cámaras.
El punitivismo siempre encuentra un candidato
Hay una razón por la cual estas cuestiones se vuelven todavía más delicadas en tiempos electorales.
El punitivismo es extraordinariamente seductor porque ofrece respuestas simples para problemas complejos. Promete castigar, expulsar, detener y terminar rápidamente con quienes son presentados como responsables de aquello que preocupa a la sociedad.
Y permite construir una frontera política muy cómoda entre quienes supuestamente defienden a “la gente” y quienes son presentados como tolerantes frente al delito.
Pero un Estado de Derecho no puede administrarse según la lógica de una campaña.
Las garantías existen precisamente para los momentos incómodos, cuando la opinión pública está enojada, cuando la acusación resulta especialmente grave o cuando políticamente sería mucho más rentable condenar primero y preguntar después.
Defender esas garantías no significa defender delincuentes.
Significa defender el sistema que permite determinar quién realmente lo es.
Esta causa me deja más dudas que certezas
No tengo elementos para afirmar que estos policías sean inocentes.
Tampoco los tengo para declararlos culpables.
Y justamente ahí está el punto.
Hay una investigación abierta, imputaciones graves, dispositivos que deberán ser peritados y conductas que tendrán que probarse mediante un proceso judicial.
Lo que sí sabemos es que hubo una conferencia de prensa de enorme impacto, dos funcionarios policiales permanecieron una semana detenidos, desde la política se utilizaron calificativos propios de una condena y, cuando finalmente llegó el momento de discutir la cautelar frente a un juez, la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía fue rechazada.
Eso debería alcanzar para que todos bajemos varios cambios.
El Gobierno.
La Fiscalía.
Los medios.
Y también quienes opinamos sobre el caso.
Porque una democracia madura no se demuestra por la cantidad de personas que puede detener, sino por su capacidad para perseguir seriamente el delito sin destruir en el camino las garantías que precisamente la diferencian del poder arbitrario.
Un voto no puede valer una garantía
Si el combate contra el narcotráfico se transforma en una competencia electoral destinada a demostrar quién es más duro, estaremos entrando en un terreno peligroso.
Siempre habrá alguien dispuesto a ofrecer una detención más, una facultad estatal más, una restricción adicional o una garantía menos a cambio de algunos puntos de aprobación.
La historia enseña, además, que esas herramientas nunca permanecen confinadas al destinatario para el cual fueron creadas.
Por eso esta discusión no debería interesar solamente a los policías.
Debería interesarle a cualquier ciudadano.
Si aceptamos que las garantías pueden flexibilizarse porque el investigado lleva uniforme, porque el delito atribuido provoca legítimo rechazo social o porque la acusación resulta electoralmente rentable, mañana será mucho más sencillo flexibilizarlas frente a cualquier otro.
La seguridad pública necesita firmeza, investigación profesional, policías honestos y funcionarios capaces de tomar decisiones.
Pero también necesita límites.
Porque cuando la seguridad deja de estar sometida al Derecho y comienza a administrarse como espectáculo político, ya no estamos hablando solamente de combatir el delito.
Estamos hablando de poder.
Y ahí vuelvo a aquella expresión que Tato Bores utilizaba para desnudar con humor la teatralidad de nuestra política.
Después de una conferencia de alto impacto, siete días de detención y un pedido de prisión preventiva que finalmente no prosperó, uno podría decir simplemente:
Good show y papas fritas.
El problema es que acá no estamos hablando de televisión.
Estamos hablando de libertad.
Y en un Estado de Derecho, ningún voto debería valer una garantía constitucional.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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