Melincué (Santa Fe) – El jefe y el subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto fueron imputados en los tribunales de Melincué por delitos vinculados con el presunto encubrimiento de personas investigadas por la venta de drogas en el sur santafesino. Ambos habían sido detenidos la semana pasada y, aunque la Fiscalía pidió prisión preventiva, el juez dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad. FUERON PATROCINADOS POR EL DR. JORGE PALLAVIDINI.
Según informó Pueblo Regional, la audiencia se realizó este martes por la mañana ante el juez Aldo Baravalle y tuvo como protagonistas a dos integrantes de la conducción de la División Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto, identificados por sus iniciales como DHG y BND.
Al primero se le atribuyeron los delitos de encubrimiento doblemente agravado, por su condición de funcionario público y por tratarse de un delito considerado especialmente grave, además de incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos. En tanto, al segundo se le imputaron encubrimiento agravado por su condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las atribuciones fueron formuladas por el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; y los fiscales Luis Lagioia y Ana Belén Stampella.
La acusación contra el exjefe de Microtráfico
De acuerdo con lo publicado por Pueblo Regional, el fiscal Luis Lagioia sostuvo que el exjefe del área de Microtráfico habría facilitado información confidencial a una persona ya condenada por la Justicia Federal por venta de drogas.
Según la acusación, la conducta habría comenzado en marzo de este año y continuado hasta la semana pasada, cuando se produjeron las detenciones.
La Fiscalía sostiene que, aprovechando el acceso a información reservada que tenía por su cargo, el imputado habría advertido a un vendedor de droga sobre la realización de allanamientos con el objetivo de frustrar las medidas y favorecer su impunidad.
La hipótesis, de confirmarse, sería especialmente grave porque no se trataría simplemente de una omisión funcional, sino del presunto uso de información sensible obtenida dentro de la estructura policial para beneficiar a una persona investigada por narcotráfico.
La imputación contra el subjefe
La fiscal Ana Belén Stampella detalló, por su parte, que el subjefe habría tenido una intervención directa durante un allanamiento realizado el 24 de julio en una vivienda de Firmat.
Según la imputación, el funcionario policial estaba a cargo de la diligencia y habría facilitado la fuga de un hombre que tenía prohibición judicial de ingresar a la ciudad y era investigado por la Justicia Federal por comercialización de estupefacientes.
La Fiscalía sostiene que el policía ingresó antes que el grupo táctico y pronunció una advertencia que habría permitido que la persona investigada escapara del lugar.
A esto se suma otra acusación: el funcionario no habría confeccionado el acta correspondiente para dejar constancia de la presencia del investigado ni de su posterior fuga.
La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el juez la rechazó
Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue el pedido de prisión preventiva formulado por los fiscales para ambos imputados.
Sin embargo, el juez Aldo Baravalle resolvió que continúen el proceso bajo medidas cautelares no privativas de la libertad.
Al imputado identificado como DHG se le ordenó fijar domicilio en Elortondo y presentarse cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. Además, se le prohibió salir del país, ingresar a dependencias policiales, tener armas de fuego y mantener contacto con otras personas investigadas en la misma causa.
En el caso de BND, deberá constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales de esa ciudad. También tiene prohibido salir del país, ingresar a dependencias policiales, portar armas y comunicarse con otros investigados.
Una causa especialmente sensible
El caso adquiere una dimensión institucional importante porque involucra a quienes precisamente tenían funciones vinculadas con la investigación del microtráfico.
La gravedad de la hipótesis fiscal radica en que los hechos atribuidos no serían ajenos a la función, sino que habrían sido posibles justamente por el acceso privilegiado a información y procedimientos policiales.
Ahora será la investigación la que deberá determinar si esas acusaciones pueden sostenerse con prueba suficiente y cuál fue la responsabilidad concreta de cada uno de los imputados.
Como en toda causa penal, corresponde mantener la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme. Pero también resulta evidente que, si se comprobara que integrantes de una unidad especializada utilizaron su función para favorecer a personas vinculadas con el narcotráfico, el impacto institucional sería considerable.
La causa, según informó Pueblo Regional, se encuentra incluida entre los Objetivos Priorizados del Ministerio Público de la Acusación dentro de su Plan de Persecución Penal.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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