San Juan – Un agente de la Policía provincial fue condenado a tres años de prisión condicional luego de admitir que sustrajo la tarjeta de débito de un compañero de la Comisaría 17ª y realizó compras en distintos comercios.
El efectivo llevaba menos de quince días destinado en esa dependencia y, según informó Diario de Cuyo, aceptó un juicio abreviado por hurto simple agravado por su condición de funcionario policial y estafas reiteradas.
La Justicia de San Juan condenó a Matías Isaías Gómez, de 25 años, integrante de la Policía provincial, después de que reconociera haber sustraído la tarjeta de débito de Mercado Pago de un compañero de la Comisaría 17ª y utilizarla para efectuar consumos en comercios ubicados en las inmediaciones de la dependencia.
Según publicó Diario de Cuyo, Gómez aceptó un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, por lo que no irá a prisión mientras respete las condiciones impuestas judicialmente. La acusación fue por hurto simple agravado por su condición de funcionario policial, en concurso real con estafas reiteradas, en calidad de autor.
La investigación estuvo a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, junto con la ayudante fiscal Roxana Fernández, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Gustavo Yañez.
Llevaba menos de quince días en la comisaría
El caso llamó particularmente la atención dentro de la fuerza porque Gómez llevaba menos de quince días prestando servicios en la Comisaría 17ª y anteriormente había estado destinado en la Casilla Centenario. Al momento de los hechos, además, se encontraba sin arma reglamentaria.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el episodio comenzó luego de que el agente cumpliera un turno entre las 14 y las 22, cuando habría aprovechado un descuido para tomar la tarjeta que se encontraba dentro de la billetera de un cabo primero que cumplía funciones como calabocero.
Horas después, el damnificado comenzó a recibir en su teléfono notificaciones correspondientes a distintas compras realizadas con su tarjeta, lo que generó inmediatamente sospechas y dio origen a la denuncia.
Las cámaras terminaron comprometiéndolo
La investigación avanzó rápidamente a partir de las cámaras de seguridad de los comercios donde se habían realizado las compras, que permitieron identificar al policía utilizando la tarjeta junto con otra persona.
En un primer momento se habló de consumos superiores a los 100 mil pesos, aunque durante la audiencia la Fiscalía precisó que logró acreditar operaciones por aproximadamente 80 mil pesos.
La prueba reunida fue considerada suficientemente contundente como para que Gómez aceptara el procedimiento abreviado, reconociera los hechos y acordara la pena posteriormente homologada por la Justicia.
Intentó volver a usar la tarjeta cuando ya estaba bloqueada
La secuencia no terminó allí, porque después de que el jefe de la dependencia le indicara que se tomara cinco días de licencia y no regresara momentáneamente al servicio, Gómez habría intentado realizar nuevas compras con la misma tarjeta.
Según la reconstrucción publicada, descendió de un colectivo en la plaza de Chimbas e intentó utilizar nuevamente el medio de pago, aunque la tarjeta ya había sido bloqueada por su propietario. El intento generó una nueva notificación en el teléfono del cabo primero, que inmediatamente alertó a sus compañeros.
Los policías salieron entonces en busca del agente y, al verse rodeado, Gómez habría arrojado la tarjeta a una acequia antes de ser interceptado y detenido.
Condena sin prisión efectiva
La resolución judicial fue dictada en el marco de un juicio abreviado, mecanismo mediante el cual el acusado reconoce los hechos y acepta una pena acordada entre la Fiscalía y la defensa.
En este caso, la sanción fue de tres años de prisión condicional, lo que significa que Gómez no será encarcelado por esta condena mientras cumpla las reglas de conducta establecidas y no cometa nuevos delitos durante el período correspondiente.
La ausencia de prisión efectiva no implica que el hecho haya quedado impune, porque existe una sentencia condenatoria y además se espera que la situación tenga consecuencias administrativas dentro de la Policía de San Juan, donde la continuidad del agente aparece seriamente comprometida.
Un caso que golpea directamente la confianza interna
Más allá del monto involucrado, el hecho tiene una particular gravedad institucional porque la víctima fue otro policía y el episodio ocurrió dentro del ámbito de una dependencia policial, donde la confianza entre compañeros constituye una condición básica para el funcionamiento cotidiano.
Un trabajador deja sus pertenencias dentro de una comisaría confiando en que se encuentra entre colegas y en un ámbito que, justamente, debería representar seguridad.
Cuando esa confianza se rompe desde adentro, el daño excede ampliamente los 80 mil pesos acreditados judicialmente.
El caso también recuerda que la condición policial no otorga inmunidad frente a la ley y que, cuando existe evidencia suficiente, el mismo sistema debe investigar y sancionar a quien utiliza su condición o su acceso institucional para cometer un delito.
En este caso, la Justicia avanzó, el acusado reconoció los hechos y existe una condena.
Ahora resta saber cuál será la respuesta administrativa de la Policía de San Juan y si Gómez continuará perteneciendo a una institución cuyo deber esencial es precisamente proteger aquello que él terminó vulnerando dentro de su propia dependencia.
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