Rosario (Santa Fe) – Nuevos testimonios desde el Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada y el BOU denuncian presiones para producir identificaciones, 10 bis y retenciones bajo el Decreto 460 a cambio de respetar horarios, francos o destinos, mientras una publicación irónica atribuida a un jefe fue interpretada por el personal como una burla hacia quienes hicieron públicas las quejas.
Después de la publicación de APROPOL Noticias sobre la presunta exigencia a patrullas del Comando Radioeléctrico de “meter 10 bis o 460” para poder finalizar el servicio en horario, comenzaron a llegar nuevos testimonios desde la Brigada Motorizada, el BOU y otras dependencias operativas que describen un esquema mucho más amplio de presión mediante recargos, cambios de horario, pérdida de francos y amenazas de traslado para quienes no producen determinadas cantidades de identificaciones, demoras o retenciones. En ese contexto, una publicación en la propia pagina de este medio y atribuida a Maximiliano Ramos, uno de los funcionarios aludidos por los trabajadores, con la frase “Se terminaron los desayunos”, fue interpretada dentro de la propia fuerza como una burla hacia quienes denunciaron el sistema y como una nueva advertencia respecto de las consecuencias de hacerlo público.
La denuncia publicada este domingo por APROPOL Noticias parece haber abierto una compuerta que hasta ahora permanecía contenida dentro de los grupos internos de la Policía de Rosario. Lo que inicialmente aparecía como una comunicación concreta dirigida a unidades del Comando Radioeléctrico, en la que se advertía que quienes no “metieran 10b o 460” deberían incorporarse a otro servicio y esperar el relevo hasta las siete de la mañana, comenzó a ser acompañado en pocas horas por relatos provenientes de otras dependencias que describen una metodología semejante, basada en exigir “números” y condicionar descansos, horarios y destinos al cumplimiento de esos resultados.
Los testimonios fueron enviados a este medio por personal que pidió expresamente mantener su identidad en reserva debido al temor a represalias administrativas y laborales, una preocupación que aparece reiteradamente en todos los mensajes y que constituye por sí misma un dato relevante sobre el clima interno en el que se estarían desarrollando estas prácticas.
Motorizada: si no hacen “un número”, el servicio se prolonga
Uno de los primeros mensajes llegó desde la Brigada Motorizada de Rosario, donde un trabajador explicó que, supuestamente por orden del jefe de cuerpo, el horario de ingreso fue modificado a las 19.30 y que durante los turnos nocturnos el personal recién queda autorizado a retirarse a las 7.30, salvo que durante la jornada consiga realizar aquello que internamente se denomina “un número”.
Según el testimonio recibido, cuando ese resultado no aparece se dispone que el personal efectúe el relevo directamente en zona, lo que genera además un perjuicio económico adicional para quienes deben viajar desde otras localidades o sectores de la ciudad, porque terminan saliendo fuera del horario previsto y afrontando de su bolsillo gastos extraordinarios de transporte.
El planteo coincide en lo sustancial con la denuncia surgida en el Comando Radioeléctrico y comienza a mostrar que la cuestión podría no limitarse a una orden aislada de una sola dependencia, sino responder a una lógica más extendida dentro de determinadas áreas operativas.
En el BOU denuncian francos como premio por producir identificaciones
Otro testimonio provino del BOU de Rosario, donde personal aseguró que continúa trabajando bajo un régimen de 12 horas de servicio por 36 de descanso, mientras otras dependencias habrían avanzado hacia esquemas de 12 por 48 o superiores.
La denuncia no cuestiona solamente la extensión del régimen laboral, sino la forma en que supuestamente se administran los descansos, porque según los trabajadores los francos extraordinarios se utilizarían como herramienta de “premio y castigo”, otorgándose a quienes realizan mayor cantidad de identificaciones o procedimientos durante la guardia.
De acuerdo con el relato recibido, mientras superiores de servicio y relevos contarían con descansos rotativos, el personal caminante debería competir por producir identificaciones para obtener un franco adicional, y las unidades móviles serían presionadas para concretar determinadas cantidades de procedimientos bajo el artículo 10 bis.
Si esta modalidad se confirma, el problema resulta todavía más delicado porque el descanso deja de administrarse únicamente mediante criterios laborales y operativos para convertirse en un incentivo destinado a producir estadísticas policiales, generando sobre el agente la presión de obtener resultados que posteriormente pueden involucrar restricciones de derechos de terceros.
“Si no lo hacen, no les dan el ingreso en horario”
Desde el propio Comando Radioeléctrico llegó además otro testimonio que amplía lo publicado originalmente y sostiene que la exigencia alcanzaría al personal de calle de manera generalizada.
La fuente afirmó que quienes no cumplen con determinados procedimientos no reciben autorización para finalizar el servicio en horario y que incluso existiría la amenaza de ser desplazados del Comando, circunstancia que implicaría perder suplementos económicos asociados al destino.
Ese elemento introduce una variable que no puede ser ignorada, porque cuando el trabajador sabe que su horario de salida, su descanso o parte de sus ingresos dependen de producir una determinada cantidad de procedimientos, la decisión policial deja de desarrollarse exclusivamente a partir de las circunstancias que encuentra en la calle y comienza a quedar condicionada por la necesidad de satisfacer objetivos internos.
Precisamente por eso insistimos en una cuestión que debería resultar elemental: el artículo 10 bis existe para intervenir cuando aparecen los presupuestos legales que habilitan una demora, mientras que el Decreto 460/22 permite retener motocicletas cuando se verifican las condiciones previstas por esa norma. Ninguno de los dos instrumentos fue concebido como una cuota de productividad que las unidades deban completar antes de finalizar una guardia.
“Se terminaron los desayunos”
Después de que la primera denuncia fuera publicada, apareció además una reacción pública que rápidamente comenzó a circular entre policías de Rosario.
En una publicación de Facebook, Maximiliano Ramos, mencionado por trabajadores en relación con estas prácticas, escribió: “Se terminaron los desayunos!”, comentario que generó inmediatamente respuestas de personas de su entorno y compañeros que, en tono de broma, aludieron a la situación con frases como “no todos tenemos la culpa”, “antes eras chévere” o pedidos para que continuara llevando el desayuno.
La frase aislada podría parecer simplemente una humorada interna, pero dentro del contexto creado por las denuncias adquirió otra lectura entre quienes aseguran estar sometidos a estas modalidades de conducción, porque fue interpretada como una burla hacia el personal que habló y como una advertencia de que quienes hicieron público el problema terminarían pagando consecuencias colectivas.
No afirmamos que esa publicación constituya por sí sola una amenaza formal ni que permita acreditar jurídicamente la existencia de una represalia, pero resulta difícil desvincularla del momento en que fue realizada y de la reacción que produjo entre los propios trabajadores, especialmente cuando varios testimonios recibidos describen precisamente mecanismos donde beneficios, horarios y descansos serían administrados como forma de disciplinamiento.
El problema ya no parece ser solamente una captura
La primera publicación podía razonablemente ser presentada como la denuncia surgida de una comunicación determinada cuya autenticidad y alcance debían ser explicados por la conducción policial, pero la aparición de testimonios coincidentes provenientes del Comando Radioeléctrico, Brigada Motorizada y BOU modifica significativamente el escenario y obliga a formular una pregunta más amplia sobre cómo se están construyendo actualmente las estadísticas operativas en Rosario.
Si diferentes dependencias utilizan procedimientos, identificaciones y secuestros como parámetros para conceder descansos, respetar horarios de salida o mantener determinados destinos, estaríamos frente a un mecanismo que merece una revisión inmediata del Ministerio de Justicia y Seguridad porque afecta simultáneamente a los trabajadores policiales y a los ciudadanos sobre quienes recaen esas intervenciones.
El policía termina atrapado entre dos responsabilidades: por un lado debe satisfacer la exigencia de sus superiores y, por otro, responde personalmente por la legalidad del procedimiento que firma y ejecuta.
Cuando algo sale mal, rara vez aparece en el expediente la presión estadística que pudo haber existido detrás de la intervención.
Ya no parece un caso aislado: aparece un patrón de conducción
Lo que inicialmente podía interpretarse como una orden aislada dentro de una dependencia comenzó a adquirir otra dimensión a medida que aparecieron testimonios coincidentes desde el Comando Radioeléctrico, la Brigada Motorizada, el BOU y otros sectores operativos de Rosario, donde se repite una misma lógica basada en producción de identificaciones, demoras bajo el artículo 10 bis, retenciones de motos, francos otorgados como premio, recargos aplicados como castigo, cambios de horario, amenazas de traslado y pérdida de suplementos para quienes no alcanzan determinados “números”.
Cuando trabajadores de distintas unidades describen mecanismos semejantes, ya no alcanza con hablar de una mala práctica individual o de un jefe que se excedió, porque lo que aparece es un patrón de funcionamiento que merece ser investigado como posible política institucional de hecho, aun cuando no exista una circular, resolución u orden escrita que establezca expresamente cuántos procedimientos deben realizarse.
En una estructura tan vertical como la policial, muchas veces una política no necesita quedar plasmada en papel para funcionar, porque alcanza con que los mandos sepan qué resultados se esperan, qué conductas son premiadas y cuáles se castigan, y con que quienes aplican esas reglas dispongan de amplias facultades sobre horarios, destinos, francos, adicionales y continuidad en determinadas dependencias. Esa ausencia de trazabilidad puede terminar favoreciendo una forma de impunidad administrativa, porque permite exigir resultados hacia abajo sin dejar demasiado claro quién decidió realmente la metodología.
El trabajador queda así sometido a una cadena de mando donde el superior puede administrar descansos, prolongar servicios, modificar horarios o amenazar con traslados, mientras la directiva real circula de manera informal y la responsabilidad formal termina recayendo sobre quien ejecuta el procedimiento en la calle. Esa combinación de poder jerárquico, discrecionalidad y falta de controles favorece un modelo donde el abuso puede naturalizarse y el mando terminar ejercido de manera despótica sobre los propios compañeros.
La reiteración de denuncias obliga entonces a cambiar la pregunta, porque ya no se trata solamente de saber quién escribió un mensaje o quién ordenó un recargo determinado, sino de establecer si existe una política de resultados no escrita, tolerada o promovida desde niveles superiores, que permite disciplinar al personal mediante premios y castigos para producir estadísticas.
Después de este bloque, dejaría tal cual el subtítulo “Una estadística que el Gobierno exige adentro pero oculta hacia afuera”, porque encadena perfecto: primero mostrás el patrón interno y después la contradicción con la falta de transparencia pública.
Una estadística que el Gobierno exige adentro pero oculta hacia afuera
Existe además una contradicción que este medio viene señalando desde hace más de un año, porque mientras empiezan a aparecer denuncias internas sobre la exigencia de producir identificaciones y demoras, el Gobierno provincial continúa sin transparentar las estadísticas completas que permitirían controlar cómo se utilizan esas herramientas.
En mayo de 2025 presentamos pedidos formales de acceso a la información pública para conocer, entre otros datos, la cantidad de personas demoradas bajo el artículo 10 bis, pero el Ministerio de Seguridad no respondió dentro de los plazos legales y aquella situación terminó generando una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
La combinación resulta difícil de justificar: hacia abajo se exigirían números y hacia la sociedad se niegan los mismos datos que permitirían evaluar su magnitud, distribución territorial, resultados y eventual impacto sobre derechos ciudadanos.
La Jefatura y el Ministerio tienen que explicar el sistema
A esta altura, la cuestión ya no debería resolverse buscando simplemente quién escribió un mensaje de WhatsApp o quién hizo una publicación irónica en Facebook, porque los testimonios recibidos describen una posible modalidad de conducción que merece ser analizada institucionalmente.
La Unidad Regional II y el Ministerio de Justicia y Seguridad deberían explicar si existen objetivos mínimos de identificaciones, demoras bajo el artículo 10 bis o retenciones mediante el Decreto 460; si esos resultados influyen sobre horarios, descansos, francos o destinos; quién establece esos parámetros y bajo qué normativa; y qué mecanismos existen para impedir que una política orientada a mostrar productividad termine presionando al trabajador para producir procedimientos que deberían surgir exclusivamente de situaciones objetivas.
También corresponde garantizar que ninguno de los policías que aportó información, cuestionó estas prácticas o simplemente manifestó desacuerdo sea objeto de traslados, cambios arbitrarios de servicio o pérdida de suplementos como consecuencia de haber hablado.
Porque si después de denunciar un sistema de premios y castigos la respuesta institucional consiste en más castigos, entonces la discusión dejará definitivamente de ser sobre estadísticas policiales para convertirse en algo mucho más grave: un problema de conducción, derechos laborales y utilización del poder jerárquico para imponer silencio dentro de la propia Policía.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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