Una agente policial que se encuentra próxima a pasar a disponibilidad por una lesión laboral y que recientemente fue operada de una rodilla denunció que un chofer del transporte utilizado habitualmente por personal policial le impidió subir al colectivo porque llevaba muletas.
Pese a que acreditó su condición con la credencial correspondiente. La trabajadora pidió mantener su identidad en reserva y reclama saber si existe alguna norma que habilite semejante decisión.
Una situación que podría parecer menor vuelve a poner sobre la mesa un problema mucho más amplio vinculado con el trato que reciben los propios trabajadores policiales cuando atraviesan una enfermedad, una lesión o una disminución temporaria de sus capacidades físicas. Una agente que actualmente se moviliza con dificultad luego de una intervención quirúrgica en la rodilla relató a este medio que, como lo hace habitualmente, intentó utilizar durante la madrugada el colectivo conocido entre los policías como QRU, destinado al traslado de personal, pero en esta oportunidad el chofer se negó a permitirle el ascenso porque llevaba muletas.
La mujer explicó que se encontraba vestida de civil por su situación médica, aunque al momento de subir exhibió su credencial policial, tal como lo hace normalmente, y aclaró expresamente que pertenece a la fuerza. Según su relato, el conductor respondió que no importaba esa circunstancia y que en esas condiciones no la trasladaría, por lo que terminó sin poder utilizar el servicio.
La trabajadora sostuvo que no discutió en el momento porque desconocía si existía alguna disposición interna que pudiera respaldar esa decisión, aunque posteriormente decidió consultar y hacer pública la situación, siempre resguardando su identidad, precisamente porque entiende que el servicio está destinado al personal policial y que su condición física transitoria no debería convertirse en un impedimento para utilizarlo.
¿El uniforme es requisito o alcanza con acreditar la condición policial?
La pregunta que surge es sencilla y debería ser respondida por la autoridad responsable del servicio: ¿qué norma establece quién puede utilizar el QRU y bajo qué condiciones puede un chofer impedir el ascenso de un integrante de la Policía?
Si el transporte está destinado a trabajadores policiales, resulta necesario explicar si la utilización exige encontrarse uniformado, si existen restricciones para personal con licencia médica, disponibilidad o tareas diferenciadas y, sobre todo, si portar muletas puede constituir por sí mismo una causa válida para negar el traslado.
La denunciante asegura que históricamente utiliza el servicio acreditando su condición mediante la credencial policial y que nunca había tenido inconvenientes similares, por lo que la negativa de ese día le resultó tan inesperada como difícil de comprender.
Una lesión laboral no debería convertirse en una segunda sanción
El caso merece además una lectura desde la situación concreta de la trabajadora, porque no estamos hablando de una persona que decidió viajar con un elemento extraño o incompatible con el servicio, sino de una policía que sufrió un accidente laboral, debió ser operada de una rodilla y actualmente necesita muletas para desplazarse.
En ese contexto, impedirle utilizar un medio de transporte destinado precisamente al personal de la fuerza puede terminar agregando una dificultad adicional a quien ya atraviesa una recuperación médica derivada de su actividad laboral.
La institución debería ser especialmente cuidadosa en estos casos, porque un trabajador lesionado no deja de ser policía por encontrarse temporalmente impedido de usar uniforme o por necesitar asistencia para caminar, y mucho menos debería quedar expuesto a decisiones discrecionales cuya fundamentación desconoce.
La denunciante identificó al conductor y pidió que se investigue lo ocurrido
La agente identificó ante este medio al chofer que habría protagonizado el episodio como Aníbal B., aunque corresponde dejar expresamente aclarado que hasta el momento contamos únicamente con la versión de la trabajadora y no hemos recibido una explicación del conductor ni de la autoridad responsable del servicio.
Por esa razón, APROPOL Noticias considera necesario que se determine si existió efectivamente una negativa de traslado, cuáles fueron sus fundamentos y qué protocolo rige para el uso del QRU por parte de personal policial que se encuentra de civil por razones médicas.
El punto central no es personalizar innecesariamente el conflicto, sino evitar que una decisión individual termine convirtiéndose en una barrera arbitraria para trabajadores que necesitan utilizar un servicio previsto justamente para ellos.
La autoridad debería aclarar las reglas
La situación podría resolverse con una respuesta administrativa sencilla si existen normas claras, pero justamente por eso corresponde que sean conocidas por todo el personal y no queden libradas al criterio particular de cada conductor.
Si la credencial policial acredita suficientemente el derecho a utilizar el transporte, debería aclararse que el uniforme no constituye una condición excluyente; si existen restricciones específicas, deberían estar formalizadas y ser comunicadas; y si una persona con movilidad reducida necesita condiciones especiales de traslado, la respuesta institucional debería orientarse a facilitar su acceso y no a dejarla varada durante la madrugada.
Hasta que esa explicación aparezca, queda una pregunta que no debería ser difícil de responder: ¿puede un chofer del QRU decidir por sí mismo que una policía operada, identificada con su credencial y obligada a caminar con muletas no puede subir al colectivo destinado al traslado de sus propios compañeros?
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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