Rosario (Santa Fe) – La provincia registró este lunes el primer caso alcanzado por el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, vigente desde el 5 de septiembre, con la imputación de un menor en Rosario por un delito grave.
El estreno santafesino contrasta de manera inmediata con lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, donde una jueza suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la misma ley al considerar que el sistema de encierro no está preparado para recibir una mayor cantidad de adolescentes sin comprometer derechos fundamentales.
El nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, establecido por la Ley 27.801, comenzó a producir sus primeros efectos concretos en Santa Fe apenas horas después de entrar en vigencia, con un menor que será imputado en Rosario bajo las nuevas reglas. La información fue confirmada por el secretario de Justicia provincial, Santiago Mascheroni, quien explicó en AIRE que se trata de un delito grave y que, por la sensibilidad de los datos involucrados, no podían brindarse mayores detalles.
La novedad central del sistema es la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen de responsabilidad penal para determinados delitos, mientras que la regulación procesal continúa quedando en manos de las provincias. Santa Fe ya había modificado durante 2025 su propia legislación juvenil y, según Mascheroni, llegó a esta instancia con parte de la estructura institucional adaptada para aplicar el nuevo esquema.
Santa Fe dice haber hecho los deberes
El funcionario sostuvo que la provincia venía preparando el terreno desde junio de 2025, cuando se puso en marcha la nueva legislación procesal juvenil santafesina, y destacó que la entrada en vigencia de la ley nacional encontró al sistema local con funcionarios trasladados, estructuras reorganizadas y dispositivos ya operativos.
La Ley 27.801 prevé una escala de respuestas que va desde medidas educativas y socioeducativas hasta la privación de libertad en institutos especializados, con un máximo de quince años de pena para menores. En Santa Fe, según los datos difundidos por el propio Gobierno, hay alrededor de 200 adolescentes alcanzados actualmente por distintos dispositivos, unos 60 de ellos alojados en establecimientos cerrados y aproximadamente 140 bajo modalidades abiertas o socioeducativas.
La Defensa Pública reforzó controles y asistencia
En paralelo, el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe puso en marcha la Resolución 240/26, destinada a adaptar el trabajo de los defensores públicos al nuevo escenario y reforzar la asistencia jurídica de adolescentes, el seguimiento de los centros de alojamiento y el control sobre las condiciones de detención.
La línea marcada por la Defensa prioriza que el encierro sea utilizado como última alternativa y durante el menor tiempo posible, además de promover herramientas de justicia restaurativa, acuerdos entre las partes y medidas educativas que eviten que la respuesta estatal quede reducida exclusivamente al castigo.
Ese enfoque resulta especialmente relevante porque la reducción de la edad de imputabilidad amplía el universo de adolescentes que puede ingresar al sistema penal y obliga a que el aparato estatal no sólo tenga capacidad para acusar, sino también para defender, alojar, asistir y acompañar.
Mientras Santa Fe empieza, Buenos Aires frena
La diferencia con la provincia de Buenos Aires apareció de manera inmediata.
La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en todo el territorio bonaerense, en el marco de un hábeas corpus colectivo presentado en favor de adolescentes privados de libertad.
La magistrada consideró que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años y el aumento de permanencia derivado del nuevo régimen podrían incrementar significativamente la cantidad de jóvenes privados de libertad, y planteó una pregunta central: si el Estado puede ampliar el universo de personas sometidas al sistema penal sin crear previamente las condiciones materiales, profesionales e institucionales necesarias.
El problema no es sólo la edad: es qué sistema recibe a esos adolescentes
La decisión bonaerense introduce una discusión que también debería formar parte del seguimiento santafesino, porque bajar la edad de imputabilidad puede modificar rápidamente la cantidad de adolescentes sometidos a procesos penales y eventualmente alojados en dispositivos cerrados.
La jueza de Lomas de Zamora sostuvo que los establecimientos bonaerenses no están actualmente en condiciones de recibir una mayor cantidad de jóvenes sin agravar vulneraciones ya existentes y advirtió sobre deficiencias en educación, formación profesional, inserción laboral y condiciones generales de alojamiento.
Incluso fue más allá al señalar que el hacinamiento y el deterioro del encierro no sólo afectan derechos individuales, sino que pueden incrementar a futuro los niveles de violencia e inseguridad cuando esos adolescentes regresen a la comunidad.
El primer caso santafesino será también una prueba para todo el sistema
La imputación de este lunes en Rosario no será importante únicamente por tratarse del primer caso alcanzado por la nueva normativa, sino porque permitirá observar cómo funciona concretamente el engranaje que Santa Fe asegura haber preparado.
Habrá que mirar qué intervención tiene la defensa, qué medidas solicita la Fiscalía, qué criterios utiliza el juez, qué alternativas existen al encierro y, si se dispone una privación de libertad, en qué condiciones materiales y profesionales se ejecuta.
La discusión no debería quedar reducida al eslogan de que ahora un adolescente puede ser juzgado desde los 14 años, porque la verdadera prueba empieza después de la imputación.
Una ley nueva no resuelve por sí sola un problema viejo
La entrada en vigencia del régimen nacional introduce una herramienta penal más amplia, pero no elimina las causas sociales, familiares, educativas y territoriales que atraviesan buena parte de la conflictividad juvenil.
Tampoco garantiza por sí misma mejores resultados.
Si el Estado amplía su capacidad para perseguir y sancionar, pero no construye simultáneamente mejores dispositivos de prevención, contención, educación, salud mental, formación laboral y reinserción, corre el riesgo de producir un sistema más severo sin hacerlo necesariamente más eficaz.
Por eso el contraste entre Santa Fe y Buenos Aires resulta tan significativo.
Una provincia comenzó a aplicar la ley y sostiene que está preparada; la otra fue obligada judicialmente a detenerla porque sus dispositivos no soportarían el aumento de adolescentes privados de libertad.
La diferencia deberá medirse con hechos y no con anuncios.
A partir de ahora, cada caso permitirá saber si Santa Fe realmente llegó preparada al nuevo Régimen Penal Juvenil o si la implementación terminará mostrando, con el tiempo, las mismas tensiones que ya encendieron una alarma judicial en territorio bonaerense.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora