Un efectivo (Ida bote) de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I, aseguró que fue notificado de que dejaría de percibir el plus operativo y otros incentivos mientras se encuentra con carpeta médica tras haber sufrido un ACV.
El policía relaciona su cuadro con un prolongado período de sobrecarga laboral, cambios de horarios, conflictos internos y situaciones de estrés que ya había denunciado por las vías administrativas correspondientes.
SANTA FE. La situación interna de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I vuelve a quedar bajo cuestionamiento luego de que uno de sus integrantes decidiera ampliar las denuncias que APROPOL Noticias había difundido a fines de agosto, entonces bajo estricta reserva de identidad por temor a eventuales consecuencias laborales.
La primera publicación dio cuenta de reclamos por recargos durante los francos, desigual distribución de adicionales y suplementos, pedidos de traslado sin respuesta y un clima interno en el que algunos efectivos aseguraban sentirse “marcados” después de plantear problemas o cuestionamientos. Las fuentes habían solicitado expresamente mantener sus nombres en reserva porque afirmaban temer represalias dentro de la dependencia.
Ahora uno de esos policías volvió a comunicarse con este medio y agregó un elemento especialmente delicado: aseguró que, mientras permanece con carpeta médica, fue informado de que le retirarían el plus operativo y determinados incentivos.
“Me anoticiaron que me sacaban el plus operativo e incentivos porque estoy de carpeta médica”, señaló el efectivo en una comunicación con APROPOL Noticias.
Un ACV y una situación laboral que el efectivo vincula con el estrés
El trabajador manifestó que actualmente se encuentra bajo atención médica después de haber sufrido un accidente cerebrovascular y relaciona personalmente aquel episodio con el desgaste acumulado por el trabajo constante, los cambios de horarios y la situación que venía atravesando dentro de la dependencia. Su testimonio adquiere relevancia porque coincide con reclamos anteriores vinculados con descanso, recargos y modificaciones en las condiciones de prestación del servicio.
La publicación del 29 de agosto ya había advertido sobre efectivos que terminaban sus servicios durante la madrugada y posteriormente eran afectados a nuevas prestaciones, incluidas OSPE y adicionales, generando cuestionamientos sobre la existencia real de los francos y sobre el nivel de fatiga acumulada, especialmente tratándose de policías que desarrollan tareas durante varias horas sobre motocicletas.
El video que reconstruye un conflicto iniciado en 2025
A este nuevo mensaje se suma un video difundido por el propio policía en el que reconstruye una situación que, según afirma, comenzó formalmente en octubre de 2025.
En esa exposición señala que el 6 de octubre fue convocado a cumplir servicio pese a que existía, siempre según su versión, un acuerdo previo para desafectarlo de determinadas guardias y permitirle dedicarse a tareas vinculadas con un curso de la Brigada Motorizada.
El conflicto habría continuado con reuniones con superiores, discusiones sobre órdenes de servicio y finalmente una sanción disciplinaria aplicada durante la madrugada del 9 de octubre.
El efectivo sostiene que aquella sanción fue confeccionada de manera irregular y que vulneró su derecho de defensa. Frente a eso presentó el 15 de octubre un recurso administrativo, posteriormente un pedido de pronto despacho y, el 27 de octubre, un recurso de queja ante instancias superiores.
Según asegura en el video, la sanción terminó siendo dejada sin efecto mediante una resolución fechada el 6 de febrero de 2026, aunque recién habría sido formalmente notificado el 30 de marzo.
De confirmarse documentalmente esa secuencia, se trataría de un elemento relevante: una sanción cuestionada por el trabajador que finalmente fue revocada por la propia administración.
Una denuncia que también llegó a Asuntos Internos
El policía afirma además que presentó una denuncia ante Asuntos Internos por las situaciones que venía atravesando y sostiene que, pese al tiempo transcurrido y a la documentación aportada, no observó respuestas que permitieran establecer responsabilidades.
En el video cuestiona especialmente lo que considera una falta de control sobre determinadas prácticas internas y sostiene que existirían otras denuncias similares que, hasta el momento, tampoco habrían obtenido resolución.
APROPOL Noticias se encuentra a la espera de las copias de esas presentaciones y demás actuaciones administrativas, solicitadas al propio denunciante, que permitirán establecer fechas de ingreso, organismos intervinientes, estado de los expedientes y si efectivamente continúan pendientes de resolución.
La cuestión resulta particularmente relevante porque, si existen denuncias formalmente ingresadas ante Asuntos Internos que permanecen sin definición, el problema dejaría de limitarse a lo sucedido dentro de una dependencia: obligaría también a preguntarse qué respuesta brindaron los organismos creados precisamente para investigar irregularidades y controlar el funcionamiento interno de la fuerza.
Los primeros comentarios muestran que el relato no cayó en el vacío
La publicación del video en el propio perfil del efectivo produjo además una serie de comentarios de personas que aseguran conocerlo y que, lejos de cuestionar su relato, expresaron respaldo a su trayectoria profesional y a la decisión de hacer pública la situación.
Entre esos mensajes aparecen referencias a que se trataría de un “excelente empleado”, expresiones que señalan que la institución termina perdiendo buenos policías y testimonios de personas que manifiestan haber atravesado situaciones similares.
Uno de los comentarios resulta particularmente significativo porque una persona asegura que también le ocurrió “algo parecido” con quien identifica como responsable de determinados manejos internos y habla de desplazamientos de personal para favorecer a personas cercanas. Se trata, naturalmente, de una afirmación realizada por un tercero en una red social y no de un hecho comprobado por este medio, pero su existencia demuestra que el planteo del efectivo generó reconocimientos y relatos coincidentes entre quienes afirman conocer la realidad de la dependencia.
Otro comentario directamente lo insta a recurrir a los medios para que “se haga público” lo que está ocurriendo.
Los comentarios de Facebook no constituyen por sí mismos prueba de las irregularidades denunciadas, pero sí resultan periodísticamente relevantes para observar que el relato no aparece completamente aislado dentro del ámbito policial. Por el contrario, apenas publicado el video surgieron voces que reconocieron situaciones semejantes, respaldaron al protagonista o cuestionaron determinadas prácticas de conducción.
El temor a reclamar ya había sido advertido
La cuestión tampoco resulta novedosa para este medio. La investigación publicada días atrás señalaba que algunos efectivos aseguraban que después de solicitar carpetas médicas, plantear situaciones personales o manifestar desacuerdos podían aparecer recargos, malos tratos o exclusiones de determinadas listas de plus.
Aquella nota advertía además sobre una contradicción preocupante: mientras durante reuniones y academias se alentaría al personal a expresar sus problemas, quienes finalmente lo hacían denunciaban quedar posteriormente individualizados.
La nueva comunicación recibida por APROPOL introduce precisamente un caso relacionado con esa problemática: un efectivo asegura que mientras atraviesa una licencia médica fue informado de que dejaría de percibir determinados suplementos económicos.
Corresponderá a la conducción explicar cuáles son las normas que regulan esos beneficios, en qué circunstancias pueden suspenderse y si su eliminación durante una carpeta médica responde automáticamente a disposiciones generales o depende de decisiones administrativas particulares.
La conducción informal vuelve a quedar señalada
El trabajador también vuelve a señalar la existencia de una fuerte influencia interna de un oficial Walter N. dentro de la Brigada Motorizada, a quien atribuye capacidad para incidir sobre destinos y decisiones relacionadas con el personal.
La denuncia sostiene además que existiría un vínculo familiar entre ese funcionario y una autoridad de máximo nivel de máxima conducción dentro de la Unidad Regional I (que por ahora reservaremos). La nota anterior ya había recogido señalamientos sobre la influencia de un integrante de la dependencia en decisiones vinculadas con servicios, beneficios y recargos, aclarando entonces expresamente que esas afirmaciones no habían podido ser corroboradas de manera independiente.
En su nueva comunicación, el efectivo asegura que quienes mantienen conflictos con ese sector pueden terminar enviados a cumplir funciones en Orden Público, algo que también deberá ser explicado o desmentido por las autoridades correspondientes.
No es solamente una discusión por horarios
Lo que comienza a observarse detrás de estas denuncias excede ampliamente una discusión sobre si resulta mejor trabajar bajo un régimen de 12×36, 12×12 o cualquier otro esquema operativo.
El problema planteado por estos efectivos pasa por cómo se distribuyen las cargas laborales, quién accede a adicionales e incentivos, qué ocurre cuando un policía plantea un problema y cuáles son los mecanismos efectivos para revisar una decisión considerada injusta.
Ahora aparece además otra pregunta que merece una respuesta: ¿qué ocurre cuando el policía utiliza los canales institucionales, presenta formalmente una denuncia ante Asuntos Internos y, según afirma, pasan los meses sin que exista una resolución?
Un policía que afirma haber atravesado un grave problema de salud, que asegura haber solicitado asistencia psicológica y que denuncia haber recorrido durante meses distintos canales administrativos merece, cuanto menos, una respuesta institucional que permita conocer qué ocurrió.
Las fuentes siguen bajo reserva
APROPOL Noticias mantendrá en reserva la identidad de los efectivos que así lo solicitaron.
La confidencialidad de las fuentes no altera la existencia de los hechos denunciados ni impide que las autoridades respondan sobre las cuestiones concretas: régimen de servicios, recargos, adicionales, incentivos, tratamiento de las carpetas médicas, pedidos de traslado, mecanismos disciplinarios, denuncias radicadas ante Asuntos Internos y funcionamiento de los canales institucionales de reclamo.
Por el contrario, cuando trabajadores de una organización jerarquizada consideran que solamente pueden hablar bajo reserva, el interrogante institucional no debería limitarse a descubrir quién habló, sino también a determinar por qué sienten que necesitan esconder su identidad para hacerlo y qué respuesta reciben aquellos que sí utilizan los mecanismos formales existentes.
APROPOL Noticias mantiene abierta, como siempre, la posibilidad de que la Jefatura de la Unidad Regional I, la conducción de la Brigada Motorizada, Asuntos Internos o cualquier funcionario mencionado aporte su versión, documentación o aclaraciones sobre los hechos denunciados.
Ficha institucional – Cadena de mando (Provincia de Santa Fe)
Caso: Denuncias de irregularidades en Sección Motorizada UR I (Santa Fe)
Fecha de relevamiento: Septiembre 2026
Cargo | Nombre y Título |
|---|---|
| Gobernador de la Provincia de Santa Fe | Lic. Maximiliano Pullaro |
| Ministro de Seguridad | Abog. Pablo Cococcioni |
| Secretario de Seguridad Pública | Comandante General VGM (R) Omar Pereyra |
| Subsecretario de Seguridad Pública Zona Centro Norte | Cmdte. Gral. (R) Lic. Roque de Lima |
| Jefe de la Policía de Santa Fe | Director General Lic. Luis Maldonado |
| Subjefe de la Policía de Santa Fe | Director General Lic. Carlos Pagano |
| Jefe de la Unidad Regional I | Dir. Gral. Lic. Margarita Romero |
| Subjefe de la Unidad Regional I | Subdirectora de Policía Julia Analía Noval |
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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