
ESPERANZA (Santa Fe).— La investigación federal por presuntas irregularidades en trámites de verificación vehicular sumó en las últimas horas otras dos detenciones de personal policial perteneciente a la Sección Automotores de la Unidad Regional XI.

En el marco de una causa que también alcanza a gestores y que ya había derivado en allanamientos realizados en Esperanza, Progreso y Sarmiento. Según publicó Esperancino.com.ar, los nuevos detenidos son Bernardo G. y Bruno V., quienes meses atrás habían dejado de prestar servicios en esa sección y actualmente se encontraban destinados en distintas localidades de la región.
La investigación apunta a la relación entre gestores y personal policial
La pesquisa se desarrolla bajo un fuerte hermetismo de la Justicia Federal y tiene como eje la posible existencia de irregularidades en verificaciones y documentación vehicular, además de una eventual connivencia entre gestores particulares y personal de la Sección Automotores de la Unidad Regional XI. De acuerdo con la información publicada, la causa comenzó bastante tiempo antes de que se concretaran los procedimientos visibles de los últimos días, ya que tanto la Justicia como Asuntos Internos habían requerido previamente informes a la propia unidad policial, desde donde se remitió material que luego fue analizado por los investigadores.
Uno de los primeros procedimientos informados se produjo en la Escribanía Weidmann, de la localidad de Progreso, donde efectivos de la Policía Federal aprehendieron a Jesús Coria, señalado como encargado de trámites vehiculares, y secuestraron teléfonos celulares y documentación que quedaron a disposición de la investigación. También se realizó otro procedimiento en Sarmiento contra una persona vinculada con servicios de gestoría, mientras el foco central de la causa continuó puesto sobre la Sección Automotores de la UR XI.
Un policía ya había sido detenido
Antes de las dos nuevas detenciones, la investigación había alcanzado a Luis U., quien prestaba funciones en el sector donde se realizan verificaciones de distintos tipos de vehículos. Según la reconstrucción publicada por el medio esperancino, los investigadores sospechan que el funcionario habría trabajado fuera de su horario habitual en coordinación con algunos gestores y aprovechando, presuntamente, su posición dentro de la dependencia para facilitar determinadas operaciones.
Se trata, por ahora, de hipótesis que deberán ser demostradas dentro del expediente judicial, por lo que corresponde mantener la distinción entre las sospechas que orientan la investigación y eventuales responsabilidades penales individuales, que solamente podrán establecerse mediante el avance de la causa y las decisiones de la Justicia Federal.
La causa se amplía dentro de la Sección Automotores
La detención de Bernardo G. y Bruno V. eleva la cantidad de policías alcanzados por las medidas conocidas públicamente y permite advertir que la investigación no estaría circunscripta a la actuación de un solo funcionario, sino que intenta determinar si existió un mecanismo más amplio relacionado con trámites vehiculares, verificaciones y documentación gestionada mediante intermediarios.
La particularidad es que ambos policías ya no se encontraban trabajando en la Sección Automotores cuando se produjeron las nuevas detenciones, sino que habían sido destinados meses atrás a diferentes pueblos de la región, circunstancia que indica que los investigadores estarían reconstruyendo hechos correspondientes a períodos anteriores y no solamente situaciones ocurridas en las últimas semanas.
Una investigación que recién comienza a mostrar su alcance
La causa plantea interrogantes que deberán ser respondidos a medida que se conozcan las imputaciones concretas, las pruebas reunidas y el eventual alcance de las maniobras investigadas. Será necesario establecer qué tipo de irregularidades se habrían producido, cuántos trámites podrían estar bajo sospecha, qué participación se atribuye a cada una de las personas detenidas y si existieron beneficios económicos o administrativos derivados de esas operaciones.
También será relevante determinar qué controles internos funcionaban dentro de la Sección Automotores, durante cuánto tiempo podrían haberse desarrollado las conductas investigadas y si las autoridades policiales habían detectado previamente anomalías en el circuito de verificaciones.
Por ahora, el expediente permanece bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras que la intervención de Asuntos Internos y la participación de la Policía Federal muestran que la investigación combina aspectos penales y administrativos que podrían producir nuevas medidas a medida que avance el análisis de la documentación y de los dispositivos secuestrados.
Fuente: Esperancino.com.ar.




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