BUENOS AIRES.— El diputado Nicolás Mayoraz recordó a los nueve policías y dos civiles asesinados en el atentado de Junín y Rawson, reclamó “memoria, verdad y justicia completa” y dejó en evidencia el silencio de las autoridades santafesinas y rosarinas. Hasta el momento, ni el Gobierno provincial, ni la Legislatura, ni la Municipalidad ni el Concejo Municipal anunciaron una conmemoración oficial por el cincuentenario.
A pocos días de cumplirse cincuenta años de la Masacre de Rosario, el diputado nacional por Santa Fe Nicolás Mayoraz del bloque de La Libertad Avanza (LLA) utilizó una cuestión de privilegio durante la sesión del miércoles 9 de septiembre para homenajear a las once personas que murieron como consecuencia del atentado perpetrado el 12 de septiembre de 1976 en la esquina de Junín y Rawson.
La intervención de Mayoraz adquirió una relevancia adicional porque, hasta el momento de esta publicación, fue el único homenaje institucional de alcance público realizado en todo el país por el cincuentenario del atentado más grave sufrido por la ciudad de Rosario. No se conocieron pronunciamientos, declaraciones, sesiones especiales ni actividades conmemorativas promovidas por los organismos estatales que, por cercanía territorial y responsabilidad política, deberían haber encabezado la recuperación de esta memoria.
En su exposición, el legislador de La Libertad Avanza recordó que aquella tarde un coche bomba explotó al paso del interno 231 del Batallón Guardia de Infantería de la Policía de Santa Fe, que trasladaba a efectivos que regresaban de cumplir un servicio de seguridad en la cancha de Rosario Central. El ataque provocó la muerte de nueve policías y dos civiles, además de causar heridas de distinta gravedad a numerosos uniformados.
El único homenaje institucional en todo el país
La Cámara de Diputados de la Nación fue el único ámbito institucional donde, hasta ahora, se pronunciaron palabras públicas por los cincuenta años de la Masacre de Rosario. No se trató de un acto organizado por el cuerpo legislativo ni de una declaración aprobada por el conjunto de sus integrantes, sino de una intervención individual solicitada por Mayoraz, quien decidió utilizar su tiempo en el recinto para recordar a las víctimas y reclamar justicia.
El dato resulta tan contundente como difícil de explicar. El atentado ocurrió en Rosario, las principales víctimas pertenecían a la Policía de Santa Fe y sus consecuencias atravesaron durante décadas a familias de la provincia; sin embargo, el único homenaje institucional conocido tuvo lugar a casi trescientos kilómetros de la esquina donde explotó el coche bomba.
La ausencia de otras expresiones oficiales revela que, medio siglo después, la Masacre de Rosario continúa ocupando un lugar periférico dentro de la memoria pública. No fue necesario prohibir su recuerdo, retirar placas ni destruir documentos: alcanzó con que quienes poseen responsabilidades institucionales decidieran no mirar, no hablar y no hacer nada.
Santa Fe: silencio del Ejecutivo y de la Legislatura
En la provincia de Santa Fe, ni el Poder Ejecutivo ni las dos cámaras de la Legislatura promovieron hasta el momento una actividad oficial acorde con la magnitud del cincuentenario. No hubo una ceremonia encabezada por el gobernador, una declaración institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, un mensaje destinado a los familiares o una convocatoria pública para recordar a los policías y civiles asesinados.
Tampoco la Cámara de Diputados ni el Senado provincial dedicaron una sesión especial, un homenaje público o una declaración ampliamente difundida para recuperar lo sucedido. La Legislatura santafesina, que debería representar políticamente a la comunidad en la construcción de su memoria histórica, dejó transcurrir la proximidad del aniversario sin colocar el tema en el centro de su agenda.
El silencio provincial resulta todavía más llamativo porque nueve de las once víctimas eran integrantes de la Policía de Santa Fe y fueron atacadas cuando regresaban de cumplir un servicio. Si el Estado exige a sus trabajadores policiales que arriesguen la vida en cumplimiento del deber, también debería asumir la obligación elemental de preservar su memoria cuando son asesinados por ejercer esa función.
Sin embargo, frente a un aniversario que no volverá a repetirse y que representa medio siglo de historia, las autoridades provinciales brillaron por su ausencia. No hubo una política pública de memoria, un gesto de reconocimiento hacia las familias ni una explicación sobre semejante indiferencia.
Rosario también decidió mirar hacia otro lado
La misma apatía se advierte en la ciudad donde ocurrió el atentado. Ni el Departamento Ejecutivo municipal ni el Concejo Municipal de Rosario impulsaron, hasta ahora, una conmemoración oficial por los cincuenta años de la masacre, pese a tratarse del ataque más grave registrado en la historia local.
La Municipalidad no anunció una ceremonia institucional, una jornada de reflexión, una señalización histórica especial ni una actividad cultural o educativa destinada a recuperar el episodio. El Concejo Municipal, por su parte, tampoco produjo un homenaje público de la dimensión que exige el cincuentenario ni convocó a los familiares, sobrevivientes e investigadores que preservaron esta historia durante décadas.
Rosario suele reivindicar su identidad, su patrimonio y su memoria cuando las circunstancias políticas resultan cómodas, pero en este caso sus autoridades actuaron como si nada hubiese pasado. El viejo paredón ferroviario todavía conserva las perforaciones producidas por los fragmentos de la explosión y el monumento de Junín y Rawson recuerda a las víctimas, aunque las instituciones encargadas de representar a la ciudad parecen haber pasado frente a esas marcas sin detenerse a observarlas.
La responsabilidad no pertenece solamente a una administración o a un partido político. El silencio alcanzó al oficialismo y a la oposición, porque ninguno logró convertir el cincuentenario en una cuestión pública de la ciudad. Todos brillaron por su ausencia.
El atentado más grave sufrido por Rosario
Mayoraz calificó el episodio como el atentado de mayor gravedad registrado en la historia de Rosario y uno de los hechos más sangrientos ocurridos en la provincia de Santa Fe durante la violencia política de los años setenta. También describió las características del artefacto colocado dentro de un Citroën 2CV, que había sido preparado con fragmentos metálicos destinados a multiplicar sus efectos destructivos.
El objetivo fue el transporte policial en el que viajaban más de treinta integrantes de la Guardia de Infantería. La explosión alcanzó también al automóvil donde circulaban el fotógrafo social Oscar Walter Ledesma, su esposa Irene Ángela Dib y la hija adolescente del matrimonio, quienes regresaban de reservar un salón para celebrar la fiesta de quince años de la joven.
Ledesma y Dib murieron como consecuencia del atentado, mientras que su hija sobrevivió con graves heridas. Mayoraz recordó esa circunstancia para destacar que la violencia no solamente alcanzó a los policías que viajaban en el colectivo, sino también a una familia que transitaba accidentalmente por el lugar y quedó atravesada para siempre por aquella tragedia.
Nueve policías que regresaban de trabajar
Los efectivos atacados eran, en su mayoría, policías jóvenes que regresaban de cumplir un servicio. No participaban de un operativo represivo ni desarrollaban una acción militar, sino que se trasladaban en un vehículo institucional después de haber trabajado en la cobertura de un encuentro deportivo.
Esa condición resulta central para comprender el reclamo expresado por el diputado, porque la pertenencia de las víctimas a una institución posteriormente comprometida en el aparato represivo de la dictadura no puede eliminar su individualidad ni convertirlas retrospectivamente en blancos legítimos. Los nueve hombres que murieron en Junín y Rawson tenían familias, proyectos personales y una vida cotidiana que terminó abruptamente por la decisión de quienes planificaron y ejecutaron el atentado.
Mayoraz manifestó sus condolencias a los familiares y sobrevivientes, y afirmó que el homenaje buscaba devolverles un reconocimiento que durante décadas permaneció relegado dentro de los grandes relatos públicos sobre la violencia política argentina.
Una causa cerrada sin responsables condenados
Durante su discurso, el legislador cuestionó la decisión judicial que en 2020 cerró por prescripción la investigación destinada a determinar las responsabilidades por el atentado. Según sostuvo, la Justicia aplicó una interpretación restrictiva al rechazar que el hecho pudiera ser considerado un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
Mayoraz planteó que los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por organizaciones que no forman parte del Estado y atribuyó la resolución judicial a una mirada sesgada sobre los derechos humanos. “No entendemos por qué la Justicia, o más bien sí lo entendemos porque tenía un sesgo ideológico, rechazó ese planteo y declaró la prescripción de la causa”, expresó ante el recinto.
La afirmación forma parte de un debate jurídico controvertido, aunque esa discusión no modifica una consecuencia concreta: la prescripción impidió avanzar hacia una determinación judicial completa y dejó a las familias sin una sentencia que estableciera quiénes planificaron y ejecutaron el atentado.
Un pedido de silencio en medio del homenaje
Mientras Mayoraz desarrollaba su intervención se escucharon conversaciones y manifestaciones dentro del recinto, circunstancia que obligó a la Presidencia de la Cámara a solicitar silencio en dos oportunidades para permitirle completar el homenaje.
El episodio resultó especialmente significativo porque el legislador estaba recordando a once personas cuyos nombres y circunstancias permanecieron durante décadas fuera de la conversación pública. Luego de la intervención presidencial, Mayoraz continuó su exposición y ratificó que desde su espacio político seguirán reclamando el reconocimiento de las víctimas y acompañando a sus familiares.
“Memoria, verdad y justicia completa”
En el cierre de su discurso, el diputado retomó una consigna promovida por el presidente Javier Milei y aseguró que La Libertad Avanza continuará reclamando “memoria, verdad y justicia completa”. Con esa expresión buscó señalar que la revisión democrática del pasado debe incluir también a quienes murieron o fueron heridos en acciones ejecutadas por organizaciones armadas.
La incorporación de estas víctimas no debería utilizarse para negar, relativizar o justificar los crímenes cometidos desde el Estado durante la última dictadura, cuya responsabilidad histórica, política y jurídica posee una naturaleza específica. Tampoco corresponde aceptar que el reconocimiento de esa diferencia obligue a silenciar los asesinatos, secuestros y atentados perpetrados por organizaciones político-militares.
Una memoria democrática madura puede distinguir responsabilidades sin establecer jerarquías entre el dolor de las víctimas, porque reconocer a los nueve policías y a los dos civiles asesinados en Junín y Rawson no reduce la gravedad del terrorismo de Estado, sino que amplía el compromiso ético de condenar toda violencia ejercida contra personas inocentes.
Apatía total frente a una fecha irrepetible
El homenaje realizado por Mayoraz rompe parcialmente un silencio que continúa siendo ensordecedor. Mientras un diputado santafesino llevó el nombre de las víctimas al Congreso de la Nación, el Gobierno de Santa Fe, la Legislatura provincial, la Municipalidad de Rosario y el Concejo Municipal permanecieron ausentes.
No se trata de exigir adhesiones partidarias ni de imponer una interpretación única sobre los años setenta, sino de reconocer que once personas fueron asesinadas en un atentado que marcó a la ciudad y dejó sobrevivientes con secuelas permanentes. Ninguna diferencia política justifica la indiferencia institucional frente a semejante tragedia.
A cincuenta años, la imagen es difícil de disimular: el Estado provincial y las instituciones rosarinas actuaron como si nada hubiese ocurrido. Todos brillaron por su ausencia y dejaron nuevamente la memoria en manos de familiares, sobrevivientes, policías, investigadores y organizaciones civiles, los mismos sectores que durante medio siglo impidieron que esta historia desapareciera.
La Masacre de Rosario no fue olvidada por falta de testimonios, documentos o huellas materiales. Fue desplazada porque demasiadas instituciones eligieron no incorporarla a su memoria pública. El cincuentenario ofrecía una oportunidad histórica para comenzar a reparar esa ausencia, pero, salvo por la intervención de Nicolás Mayoraz en el Congreso Nacional, la respuesta oficial fue una sola: apatía total.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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