ESPERANZA (Santa Fe) — Cristian V., exjefe de la sección investigada y actualmente destinado en Franck, fue detenido en el marco de una causa que ya involucra a otros tres policías, una gestora y civiles. La Fiscalía analiza documentación y teléfonos secuestrados, mientras intenta establecer el alcance completo de la maniobra. GOBIERNO PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN.
La investigación sobre el presunto cobro de coimas para confeccionar documentación de verificaciones vehiculares irregulares sumó en las últimas horas la detención de un cuarto integrante de la Policía de Santa Fe. Se trata de Cristian Vittore, quien estuvo al frente de la sección investigada y actualmente prestaba servicios en la localidad de Franck.
La causa comenzó el 18 de julio, a partir de una denuncia anónima presentada ante el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno provincial, y colocó bajo investigación el funcionamiento de la planta verificadora de Esperanza, dependiente de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias.
Según publicó Esperancino.com.ar, los investigadores sospechan que algunos policías habrían actuado coordinadamente con gestores particulares fuera del horario habitual de atención de la dependencia, aunque valiéndose de sus funciones, conocimientos y posibilidades de acceso dentro de la institución para facilitar trámites que no cumplían con los requisitos establecidos.
Un cuarto policía detenido
Vittore fue detenido después de que la investigación avanzara sobre otros tres agentes que habían cumplido funciones en la planta verificadora. Su anterior condición de responsable de la sección introduce un elemento de especial relevancia, debido a que la Fiscalía deberá determinar qué conocimiento tuvo sobre las presuntas irregularidades, cuál habría sido su intervención concreta y si existieron responsabilidades derivadas de la estructura jerárquica.
Hasta el momento no trascendieron los cargos que se le atribuirán formalmente ni las condiciones en las que se realizará su audiencia imputativa. Su detención constituye una medida procesal dentro de una investigación en curso y no implica una declaración de culpabilidad, por lo que deberá aguardarse la exposición fiscal y el ejercicio de su defensa antes de establecer el alcance de la acusación.
Prisión preventiva para uno de los investigados
Uno de los policías ya imputados es el subinspector Luis Rodrigo U., de 35 años y oriundo de Esperanza, para quien el juez Martín Torres dispuso treinta días de prisión preventiva. La medida fue acordada por el fiscal Ezequiel Hernández, integrante del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, y por el abogado defensor Juan Carlos Galetto.
Hernández le atribuyó a este policía el delito de cohecho pasivo, bajo la hipótesis de que habría recibido dinero de una gestora de la localidad de Sarmiento, identificada como Andrea Erica Lucca S., para confeccionar, sellar y firmar formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad Automotor sin realizar las verificaciones correspondientes.
De acuerdo con la imputación, los trámites se habrían completado sin turnos, sin el pago de la tasa oficial y, fundamentalmente, sin que los automóviles y las motocicletas fueran trasladados hasta la planta para comprobar físicamente sus números identificatorios y demás condiciones exigidas.
Casi tres millones de pesos en un mes
La Fiscalía sostiene que solamente durante agosto se habrían confeccionado irregularmente formularios correspondientes a 48 automóviles y 16 motocicletas. La tarifa presuntamente cobrada habría sido de 50.000 pesos por cada automóvil y de 30.000 pesos por cada moto, lo que arrojaría una recaudación aproximada de 2.880.000 pesos durante ese mes.
La cifra representa por el momento una estimación vinculada con las operaciones detectadas y no necesariamente la totalidad del dinero que pudo haber circulado. Una de las tareas de los investigadores será establecer durante cuánto tiempo habría funcionado el mecanismo, cuántos formularios fueron emitidos sin efectuar las correspondientes inspecciones y quiénes recibieron o distribuyeron los pagos.
La expedición irregular de los formularios 12 posee una gravedad que excede el cobro de coimas, porque la verificación física permite controlar la correspondencia entre los datos documentales y los números grabados en motores y chasis. La omisión de ese procedimiento puede facilitar la circulación y transferencia de vehículos robados, adulterados o vinculados con otras actividades delictivas.
Otros dos agentes esperan ser imputados
La investigación también alcanzó a Bernardo G. y Bruno V., otros dos policías que habían trabajado en la planta verificadora de Esperanza y que posteriormente fueron destinados a localidades de la región.
Ambos permanecían privados de su libertad y debían ser llevados a audiencia imputativa durante la semana siguiente, oportunidad en la que la Fiscalía expondría los hechos atribuidos, la evidencia reunida y la calificación legal provisoria. Con la detención de V., ya son cuatro los policías alcanzados por medidas restrictivas dentro de la causa.
La situación procesal de cada uno deberá ser evaluada individualmente, porque haber prestado servicios en la dependencia investigada no demuestra por sí mismo una participación delictiva. El Ministerio Público de la Acusación tendrá que precisar las conductas atribuidas, diferenciar responsabilidades y demostrar cuál habría sido el aporte de cada imputado al funcionamiento del presunto circuito ilegal.
Gestores y civiles bajo investigación
La causa no se limita al personal policial. Durante las actuaciones anteriores, efectivos de la Policía Federal realizaron allanamientos en la Escribanía Weidmann de Progreso, donde fue aprehendido Jesús C., y en la localidad de Sarmiento, donde el procedimiento estuvo orientado hacia la gestora señalada por la acusación.
Lucca S. fue imputada por cohecho activo, aunque continúa en libertad. La hipótesis fiscal indica que habría entregado dinero para obtener formularios firmados y sellados sin presentar los vehículos ni atravesar los controles administrativos y técnicos obligatorios.
Los investigadores sospechan que también pudo intervenir al menos un civil como intermediario entre la gestora y los policías. La reconstrucción de esos contactos será determinante para establecer si se trató de hechos aislados o de un sistema organizado que recibía encargos, fijaba tarifas y distribuía tareas entre quienes captaban clientes y quienes confeccionaban la documentación.
Teléfonos y documentos bajo análisis
En los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares y documentación que ahora están siendo peritados. La investigación presta especial atención a tres dispositivos: uno atribuido a U., otro perteneciente a la gestora y un tercero que estaría relacionado con el civil señalado como posible intermediario.
El análisis de mensajes, llamadas, archivos, transferencias y demás comunicaciones podría permitir establecer la frecuencia de los contactos, identificar nuevos trámites presuntamente irregulares y determinar si participaron otras personas. La Fiscalía tampoco descarta que aparezcan más involucrados a medida que avance la revisión del material.
Las autoridades de la Unidad Regional XI colaboran con la Justicia y con los investigadores desde el comienzo de las actuaciones, según destacó el medio que difundió la información. Esa cooperación será fundamental para acceder a registros internos, nóminas de personal, movimientos administrativos, turnos otorgados y formularios procesados durante el período bajo sospecha.
Una investigación todavía abierta
La detención del exjefe de la sección indica que la pesquisa continúa ampliándose y que los investigadores intentan reconstruir no solamente operaciones individuales, sino el posible funcionamiento general de la maniobra. Queda por establecer si existieron controles internos que fueron omitidos, vulnerados o deliberadamente sorteados, así como el destino final del dinero presuntamente cobrado.
También será necesario determinar si los traslados de algunos agentes desde la planta verificadora hacia otras dependencias estuvieron relacionados con advertencias anteriores sobre su desempeño o respondieron a movimientos ordinarios de personal. Cualquier conclusión sobre ese punto deberá surgir de documentación oficial y no de simples coincidencias temporales.
La causa permanece abierta, todavía pueden incorporarse nuevos imputados y todas las personas mencionadas conservan su estado de inocencia mientras no exista una sentencia firme. Sin embargo, la cantidad de detenidos, el volumen de operaciones bajo análisis y la posible participación coordinada de policías, gestores e intermediarios colocan el expediente entre las investigaciones institucionales más delicadas conocidas recientemente en el departamento Las Colonias.
Fuente: Esperancino.com.ar.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
Notas relacionadas:
Detuvieron a otros dos policías por irregularidades con gestores
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