Rosario, Santa Fe — El dirigente social sostuvo que los antiguos pedidos de captura fueron utilizados como cobertura para un operativo político. Permaneció cerca de doce horas incomunicado y fue liberado cuando se comprobó que las causas estaban prescriptas.
La polémica demora de Raúl Castells dejó de presentarse como un episodio administrativo originado en dos pedidos de captura desactualizados y adquirió una dimensión política mucho más grave después de que el dirigente social acusara al Gobierno santafesino de haber montado deliberadamente el procedimiento, utilizando a la Policía provincial y al aparato de inteligencia desarrollado durante la gestión de Maximiliano Pullaro.
Durante una entrevista concedida a Radiópolis, por Radio 2, Castells sostuvo que su privación de la libertad no fue consecuencia de una comprobación rutinaria de antecedentes, sino una acción dirigida contra su organización por las denuncias públicas que realiza y por el trabajo territorial que mantiene en los barrios más castigados de Rosario. “Al Gobierno le molesta lo que nosotros decimos y hacemos, que hay una miseria y una corrupción absoluta”, afirmó al explicar cuáles habrían sido, según su interpretación, las verdaderas razones del operativo.
Un operativo que Castells considera preparado
El dirigente regresaba de participar en una movilización realizada en Villa Constitución cuando el vehículo en el que viajaba junto a otros integrantes del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) fue interceptado por la Policía en la zona de bulevar Seguí y Mariano Casal, en el oeste rosarino.
Según su relato, el despliegue policial fue considerable, los agentes retuvieron su documentación y posteriormente resolvieron trasladarlo a la comisaría 32.ª, donde permaneció durante aproximadamente doce horas sin poder comunicarse con el exterior. La explicación proporcionada entonces fue que sobre Castells aparecían registrados dos pedidos de captura relacionados con causas iniciadas hace más de veinte años.
Uno de los requerimientos correspondía a una investigación iniciada en 2004 por la ocupación de un casino en Resistencia, Chaco, mientras que el segundo estaba vinculado con una causa de 2005 por una presunta tentativa de extorsión durante una protesta frente a un comercio de comida rápida en la ciudad de Buenos Aires. Después de varias horas de consultas, las autoridades comprobaron que ambos pedidos se encontraban prescriptos y dispusieron la liberación del dirigente pasadas las 22.30.
Para Castells, la aparición de estos registros después de más de dos décadas no puede considerarse una simple casualidad ni una falla burocrática, sino que habría funcionado como la justificación formal de un operativo previamente orientado a detenerlo, incomunicarlo y enviar un mensaje disciplinador a quienes participan en su organización.
La Policía como brazo ejecutor
La acusación coloca nuevamente a la Policía de Santa Fe en una situación conocida: la de convertirse en el brazo operativo de decisiones políticas cuya planificación y responsabilidad permanecen fuera de las comisarías. Los agentes que participaron en el control pueden sostener que actuaron frente a los requerimientos exhibidos por el sistema, pero esa explicación no responde quién incorporó los datos, por qué continuaban vigentes dos pedidos prescriptos, quién ordenó prolongar la demora y qué autoridad fue informada durante las doce horas en las que Castells afirma haber permanecido incomunicado.
El problema no se encuentra solamente en la actuación material de los uniformados que interceptaron el vehículo, sino en la posible utilización política de información almacenada por organismos policiales, judiciales y de inteligencia. Si los registros estaban vencidos, pero fueron igualmente empleados para justificar una prolongada privación de la libertad, corresponde investigar si existió una cadena previa de consultas, seguimientos o decisiones que excedió ampliamente la iniciativa de los policías desplegados en la calle.
La fuerza aparece así como el último eslabón visible de una estructura más extensa, porque ejecuta la medida, traslada al dirigente y absorbe el costo público, mientras quienes pudieron haber seleccionado el objetivo, procesado la información y decidido la oportunidad del operativo permanecen fuera de la escena.
El aparato de inteligencia construido por Pullaro
La denuncia de Castells adquiere una significación particular dentro de una provincia que, bajo la conducción de Pullaro, fortaleció sus capacidades de inteligencia criminal, análisis de información, monitoreo tecnológico y coordinación de bases de datos. El propio Gobierno ha presentado estos recursos como instrumentos indispensables para enfrentar delitos complejos, identificar organizaciones criminales y orientar las intervenciones de las fuerzas de seguridad.
Una herramienta estatal de inteligencia puede ser legítima cuando funciona bajo controles legales, persigue delitos concretos y se encuentra sujeta a mecanismos de rendición de cuentas, pero se transforma en un peligro para las libertades públicas cuando la información disponible puede utilizarse para vigilar, seguir o disciplinar a dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Hasta el momento no se presentó una prueba concluyente que demuestre que los organismos de inteligencia provinciales participaron en la demora de Castells, por lo que esa hipótesis debe considerarse parte de la acusación política formulada por el dirigente. Sin embargo, la sucesión de circunstancias exige una respuesta oficial mucho más seria que atribuir todo a dos pedidos de captura olvidados dentro de un sistema informático.
El Gobierno debería informar cuándo fueron consultados por primera vez esos antecedentes, qué organismo detectó su existencia, si Castells se encontraba bajo algún tipo de seguimiento previo, quién dispuso el operativo vehicular, qué comunicaciones se produjeron durante su traslado y por qué se necesitaron alrededor de doce horas para comprobar que las causas estaban prescriptas.
Una trayectoria pública incompatible con la condición de prófugo
Castells calificó como “ridícula” la versión oficial y recordó que durante el período en el que supuestamente habría estado vigente su captura fue candidato a gobernador de Santa Fe y se presentó dos veces como candidato a presidente de la Nación, además de sostener una actividad política y social desarrollada públicamente en diferentes puntos del país.
“¿Cómo un prófugo va a ser candidato a gobernador de Santa Fe y dos veces candidato a presidente de la Nación en ese lapso?”, preguntó el dirigente, poniendo en duda que las autoridades realmente pudieran considerarlo una persona sustraída de la Justicia.
El planteo resulta atendible porque su exposición pública, sus candidaturas electorales y su participación permanente en manifestaciones tornan difícil sostener que durante más de veinte años no pudiera ser localizado. La pregunta inevitable es por qué aquellos pedidos aparecieron precisamente durante ese control y terminaron activando una demora prolongada, cuando el dirigente había circulado públicamente durante años sin que fueran ejecutados.
Los comedores y “la otra Rosario”
Castells relacionó lo sucedido con el crecimiento de la pobreza y con la actividad que desarrolla el MIJD en los barrios populares, donde la organización sostiene 25 comedores comunitarios, dentro de una red que alcanza los 62 establecimientos en toda la provincia de Santa Fe.
Según explicó, esos espacios funcionan mediante aportes solidarios y algunas partidas estatales, entre ellas las cajas alimentarias Cuidar proporcionadas por la Municipalidad de Rosario y una entrega parcial de productos secos a cargo del Gobierno provincial. Para el dirigente, la expansión de esta red demuestra la profundidad de una crisis social que las autoridades procurarían mantener fuera de la discusión pública.
“Hay que recorrer los barrios del Gran Rosario y ver la otra Rosario, que en general no sale, excepto en las noticias policiales”, señaló al vincular su demora con una acción destinada a condicionar el trabajo de quienes visibilizan esa realidad.
Una acusación que no puede quedar sin respuesta
La afirmación de que el Gobierno provincial habría utilizado a la Policía y a sus estructuras de inteligencia para montar la detención de un dirigente opositor es demasiado grave como para quedar reducida a una discusión mediática. Castells deberá aportar los elementos que respalden su denuncia, pero el Ejecutivo santafesino también tiene la obligación de transparentar el recorrido completo de la información que condujo al operativo.
No alcanza con señalar que los policías encontraron dos pedidos de captura en el sistema, porque sigue sin explicarse por qué esos requerimientos prescriptos continuaban activos, quién resolvió mantener incomunicado durante horas a un dirigente de 72 años y qué nivel político o judicial supervisó el procedimiento.
La investigación deberá determinar si se trató de una acumulación excepcional de errores administrativos o si los viejos antecedentes fueron recuperados y utilizados para construir una apariencia de legalidad alrededor de una decisión política. En cualquiera de los dos escenarios existe una responsabilidad estatal que debe esclarecerse, aunque en el segundo se estaría frente a una práctica incompatible con el sistema democrático: convertir la inteligencia criminal y la fuerza policial en herramientas de vigilancia y disciplinamiento de la oposición social.
Antecedentes de intervención policial frente a la protesta
La denuncia de Raúl Castells debe examinarse a la luz de otros episodios ocurridos durante la gestión de Maximiliano Pullaro en los que fuerzas de seguridad intervinieron sobre personas movilizadas contra decisiones del Gobierno provincial. Los hechos no demuestran por sí mismos que su demora haya sido planificada, pero permiten identificar una tendencia en la respuesta estatal frente al conflicto social que merece una explicación pública.
El 5 de septiembre de 2024, siete colectivos de Amsafé Rosario que viajaban a la capital provincial para manifestarse contra la reforma jubilatoria fueron demorados en la autopista por personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe. Los docentes denunciaron que los efectivos revisaron las unidades y filmaron a sus ocupantes; aproximadamente una hora después les permitieron continuar, aunque con un móvil que marchaba delante de los micros. Franco Casasola, dirigente del gremio, interpretó entonces el procedimiento como un intento de obstaculizar el derecho a la protesta.
El 10 de febrero de 2026, la tensión se trasladó a la puerta de la Jefatura de Policía de Rosario, donde efectivos y familiares reclamaban mejoras salariales y laborales. Según informó La Nación, el entonces jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, decidió reprimir a familiares y allegados de los uniformados; se produjeron enfrentamientos con los agentes que custodiaban el edificio y algunas personas recibieron gas pimienta. El Gobierno anunció además el pase a disponibilidad de veinte policías, aunque al día siguiente revirtió la medida y reconoció que el reclamo salarial era atendible.
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Los tres casos son distintos: los docentes fueron detenidos durante su viaje a una manifestación, los familiares de policías enfrentaron una intervención de la fuerza en el lugar donde reclamaban y Castells fue trasladado a una comisaría por pedidos de captura que resultaron prescriptos. Sin embargo, comparten un rasgo que no debería pasar inadvertido: la actuación policial recayó sobre personas que participaban de protestas o regresaban de ellas. Esa reiteración no prueba la acusación de Castells contra Pullaro, pero sí vuelve indispensable investigar si los controles y las medidas de seguridad respondieron en cada caso a motivos concretos y legalmente justificados, o si fueron utilizados para vigilar, demorar o desalentar el ejercicio de derechos.
La Policía como fusible de una decisión política
Cuando un gobierno utiliza a la Policía para intervenir sobre dirigentes sociales, docentes que marchan o trabajadores que reclaman, expone al personal como ejecutor visible de decisiones que se toman por encima de él. Son los agentes quienes detienen, identifican o avanzan sobre los manifestantes y quienes luego deben responder por cada acto, mientras la conducción política conserva la posibilidad de atribuir cualquier irregularidad a un error operativo o a un exceso individual. En febrero, esa contradicción llegó al extremo de colocar a policías frente a sus propios compañeros y familiares que reclamaban mejores condiciones de vida.
Por eso, esclarecer la denuncia de Castells importa también a los trabajadores policiales. Si una fuerza destinada a proteger derechos es empleada para amedrentar a quienes protestan, las garantías de los ciudadanos quedan en riesgo y el propio personal termina convertido en fusible de una política que tampoco respeta sus derechos ni los de sus familias. La responsabilidad por una orden ilegítima no desaparece al bajar por la cadena de mando; por el contrario, exige investigar quién la decidió, quién la transmitió y quién dejó a los policías expuestos a ejecutarla.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
Acceso libre y gratuito a la versión oficial del libro:
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