La investigación por presuntas coimas en la Sección Automotores de la UR XI ya tiene cuatro policías detenidos. Fiscalía investiga la emisión de Formularios 12 sin revisar autos ni motos.
La causa judicial que investiga una presunta trama de coimas en la Sección Automotores de la Unidad Regional XI ya derivó en la detención de cuatro policías y expuso la posible existencia de un circuito clandestino para expedir verificaciones vehiculares sin que los automóviles y motocicletas fueran inspeccionados.
El último detenido es un exjefe de la dependencia que actualmente prestaba funciones en Franck. Su arresto amplía una investigación encabezada por el fiscal de Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, que busca determinar cómo se habrían confeccionado Formularios 12 sin la obligatoria constatación física de las unidades.
Un documento público sin vehículo que verificar
El Formulario 12 es un instrumento indispensable para transferir el dominio de un vehículo o para inscribir unidades cero kilómetro. La verificación policial no constituye una formalidad: permite controlar numeraciones de motor y chasis, advertir adulteraciones y detectar posibles vehículos robados o piezas de procedencia ilegal.
Según la hipótesis fiscal, ese control habría sido reemplazado por un mecanismo de pagos para obtener el formulario sin turno ni ingreso a la planta verificadora. La pesquisa incluye a una gestora, acusada de haber intermediado en operaciones destinadas a “agilizar” trámites que, en rigor, habrían evitado la verificación misma.
No se trata de acelerar una burocracia; se trataría de convertir un control estatal de seguridad en una mercancía.
La cuenta mínima: $2,88 millones en un mes
La investigación estableció, siempre de manera provisoria, que durante agosto se emitieron 48 Formularios 12 para automóviles y 16 para motocicletas sin que esas unidades hubieran pasado por la planta de Esperanza. La dimensión del dato debe ponderarse teniendo en cuenta que se trata de una de las unidades regionales de menor volumen operativo, aunque existen puestos y áreas vinculadas a la verificación automotor en los 19 departamentos de la provincia.
Una caja negra que, proyectada a escala provincial, podría superar los $ 100 millones mensuales
La maniobra tendría una tarifa presunta de $50.000 por automóvil y $30.000 por motocicleta. Sólo con los casos identificados en ese período, la recaudación estimada asciende a $2.880.000: $2.400.000 por los autos y $480.000 por las motos. Si ese parámetro se proyectara de manera estrictamente aritmética sobre las 19 Unidades Regionales, y se considerara el mayor movimiento vehicular de las jurisdicciones más grandes, la cifra podría superar los $100 millones mensuales.
No se trata de afirmar que exista una maniobra comprobada a escala provincial —la causa judicial se circunscribe, por ahora, a Esperanza—, sino de poner en dimensión su potencial económico y el riesgo institucional que revela. Detrás de cada Formulario 12 emitido sin control puede haber un vehículo con documentación irregular, una numeración adulterada o una operación que el Estado dejó pasar. También corresponde preguntarse si la Jefatura de Policía, las unidades regionales y los órganos de control contaban con herramientas para detectar formularios emitidos sin el ingreso físico de los vehículos a la planta. Si las tenían, deberán explicar por qué no funcionaron; si no las tenían, deberán explicar por qué una función tan sensible quedó expuesta a semejante vulnerabilidad.
Cuatro detenidos y una pregunta institucional
Uno de los involucrados aceptó una prisión preventiva de 30 días tras ser imputado por cohecho. Los demás deberán atravesar sus respectivas audiencias imputativas, instancia en la que la Fiscalía precisará las conductas atribuidas y las evidencias reunidas. La responsabilidad penal de cada persona deberá resolverse en el marco del debido proceso y bajo el principio de inocencia.
Pero la dimensión institucional excede a los nombres propios. La pregunta central es cómo pudieron emitirse decenas de verificaciones sin que los vehículos ingresaran a la dependencia y sin que los mecanismos de control interno detectaran la anomalía.
El puesto automotor no es una oficina menor. Es una barrera contra el delito automotor y una pieza relevante en la trazabilidad de bienes que pueden estar vinculados con robos, estafas, desarmaderos o adulteraciones. Si esa barrera se perfora mediante pagos clandestinos, el daño alcanza a toda la comunidad y también al personal honesto que cumple diariamente una función esencial.
La investigación deberá establecer si se trató de hechos aislados o de una estructura sostenida, cuántas operaciones quedaron alcanzadas y qué fallas de supervisión permitieron que la presunta caja negra funcionara dentro de una dependencia policial.
La cúpula policial, los controles ausentes y una pregunta que exige respuestas
La causa interpela de manera directa a la conducción policial. El actual subjefe de Policía, director general Carlos Duilio Pagano, estuvo al frente de la Unidad Regional XI del departamento Las Colonias en distintos períodos de su carrera, entre ellos durante 2020-2022 y 2024-2025. El actual jefe de Policía, Luis Maldonado, también ha conducido distintas unidades regionales a lo largo de su trayectoria. Nadie puede atribuirles, sin prueba, participación en los hechos que investiga la Fiscalía; pero la pregunta institucional resulta inevitable: ¿no sabían nada?, ¿qué controles existían sobre la emisión de Formularios 12 y quién debía advertir que vehículos supuestamente verificados no ingresaban a la planta? Si los mecanismos de control existían, habrá que explicar por qué no funcionaron; y si no existían, por qué una función tan sensible quedó expuesta a semejante vulnerabilidad. El caso obliga además a abrir un debate de fondo: ¿es conveniente que estos puestos continúen en manos de la Policía, restando personal a tareas operativas, o corresponde avanzar hacia un sistema técnico, civil, digitalmente trazable y sometido a auditorías externas?
El antecedente de Rosario: una denuncia, dos atentados y una causa sin respuestas públicas
El caso de Esperanza revive un antecedente que nunca debería haber quedado en penumbra. En 2019, el contador y comisario Cristian Güemes, entonces habilitado de la Unidad Regional II de Rosario, denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos y compras de la Jefatura. La presentación motivó allanamientos judiciales en el área de Administración y Finanzas; en ese contexto, Güemes sufrió dos atentados con artefactos explosivos contra su domicilio y había denunciado también amenazas.
Años después, en el marco de actuaciones posteriores vinculadas con tareas de inteligencia ilegal, trascendió que se había reunido información sobre la empresa Grupo Printing y sobre Damián Marcelo Pullaro, hermano del actual gobernador. Esa referencia no constituye una condena ni permite atribuir delito alguno al gobernador, a su hermano o a la firma: menos aún establecer un vínculo probado entre ellos, la denuncia original de Güemes y los atentados que padeció. Pero sí vuelve inevitable preguntar qué ocurrió con aquella investigación por presuntos manejos irregulares de proveedores, qué resultado tuvo y por qué un funcionario policial que denunció anomalías terminó bajo amenazas y ataques explosivos.
Güemes mantuvo luego un bajo perfil público y continuó su carrera dentro de la institución. Su caso deja una lección incómoda para la investigación actual: cuando quien controla fondos, compras o trámites sensibles detecta irregularidades, el Estado no sólo debe investigar la denuncia; debe garantizar que el denunciante no quede expuesto, aislado o silenciado.
AMPLIAREMOS.
(*) Director y fundador.
