SARMIENTO (Chubut) – Un tribunal declaró penalmente responsable a un empleado policial por abuso sexual simple en contexto de violencia de género contra una compañera de trabajo, en un hecho ocurrido dentro de una comisaría y frente a otros integrantes de la fuerza.
La resolución fue dictada por el juez Alejandro Rosales, tras el juicio realizado en la Oficina Judicial de Sarmiento. La etapa de determinación de pena todavía no concluyó: la Fiscalía solicitó dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que la defensa pidió el mínimo de la escala penal y se opuso a la inhabilitación. La sentencia completa se conocerá el próximo 16 de septiembre.
No fue una “broma pesada”
Durante el debate, la defensa sostuvo que se trató de una “broma pesada” que la denunciante habría interpretado de manera equivocada. El tribunal no convalidó esa versión y tuvo por acreditada la responsabilidad del acusado por una conducta de contenido sexual cometida contra su compañera.
El episodio se produjo delante de otros agentes, circunstancia que profundizó la exposición, la vergüenza y la humillación padecida por la víctima. Según la acusación, el imputado también habría intentado, en distintas oportunidades, que la mujer desistiera de formalizar la denuncia.
La agravante de haber ocurrido en una comisaría
La Fiscalía remarcó que el hecho no ocurrió en cualquier ámbito: sucedió dentro de una dependencia policial, un lugar que debe garantizar protección, respeto y prevención de la violencia. Quien integra una fuerza de seguridad, por formación y función, conoce las obligaciones específicas que pesan sobre su conducta frente a situaciones de violencia de género.
La calificación aplicada fue abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por personal policial en ocasión de sus funciones, en un contexto de violencia de género. Entre las pautas consideradas por la acusación se destacó, justamente, que la agresión se hubiera producido en público y dentro de la comisaría.
La sanción que reclama la Fiscalía
Además de la pena condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la procuradora Luciana Coppini solicitó reglas de conducta por tres años: prohibición de contacto con la víctima, asistencia a un curso de capacitación sobre violencia de género y una evaluación profesional para determinar la necesidad de tratamiento psicológico.
El caso deja una enseñanza elemental para todas las instituciones de seguridad: no hay jerarquía, camaradería mal entendida ni “broma” que convierta en aceptable un abuso. Una comisaría debe ser un lugar seguro para quienes trabajan en ella y para quienes acuden a pedir protección.
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(*) Corresponsal en Buenos Aires.
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