Paraná.— El juez federal N.º 1, Leonardo Ríos, procesó con prisión preventiva al comisario de la Policía de Entre Ríos y abogado Daniel Alejandro Rosatelli, a quien atribuyó participación como coautor en el transporte agravado de estupefacientes, falsificación documental, lesiones graves y amenazas coactivas.
La resolución, de 141 páginas, reconstruye una trama que vincula la compra irregular de una camioneta, su posterior adulteración y la agresión contra un intermediario para impedir que el vehículo fuera secuestrado antes de ser utilizado en el traslado de más de una tonelada de marihuana.
Rosatelli continuará alojado en la Unidad Penal N.º 1, mientras avanza la investigación judicial sobre el cargamento de 1.345,51 kilos de marihuana, distribuidos en 1.716 panes, interceptado en febrero de 2026 en una zona rural de La Paz.
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La camioneta que terminó vinculada al cargamento
De acuerdo con el procesamiento, la Citroën Jumper utilizada para transportar la droga había sido adquirida el 4 de noviembre de 2025 en una operación que, para el juez, exhibe una serie de irregularidades incompatibles con una compra ordinaria y transparente.
Aunque las tratativas presenciales habrían sido realizadas por Martín Pelizzari, registros de cámaras públicas y privadas habrían captado a Rosatelli inspeccionando personalmente el vehículo. La resolución sostiene además que el entonces jefe policial habría utilizado su condición funcional para facilitar el ingreso de la camioneta a una planta verificadora de la Policía de Entre Ríos sin turno previo, logrando una constatación “sin novedades” pese a que el rodado registraba prohibición de circular y pedido de secuestro por una causa de estafa.
El pago, estimado en alrededor de 15 millones de pesos, habría sido fragmentado mediante dólares en efectivo, cheques sin fondos y transferencias realizadas por Claudio David Luna, a quien la investigación describe como una persona sin capacidad patrimonial para afrontar semejante operación. Según el juez Ríos, Rosatelli era quien contaba con los recursos económicos necesarios y quien dirigía la maniobra.
Tras la adquisición, siempre conforme a la hipótesis judicial, la camioneta habría circulado con la patente de otro vehículo de idénticas características, una modalidad conocida como “auto mellizo” que le permitía evitar controles e ingresar en el circuito clandestino.
La paliza para evitar el secuestro del vehículo
Uno de los aspectos más graves de la resolución refiere a la agresión sufrida por Sixto Ramón Maciel el 12 de noviembre de 2025, pocas horas después de que Jonatan Barbieri, vendedor original del rodado, denunciara una estafa ante la Comisaría Segunda de Paraná por incumplimiento de pago.
Según el relato incorporado al expediente, Maciel fue convocado a la sede de la ONG Suma de Voluntades, ubicada en Bavio 367, bajo el pretexto de tratar un proyecto para un merendero. Allí se habría presentado Rosatelli, quien lo habría aislado en una oficina, colocado su arma reglamentaria sobre la mesa y golpeado su cabeza contra una pared.
La víctima sufrió, de acuerdo con la documentación médica citada en el procesamiento, un traumatismo encéfalo-craneano con hemorragia subaracnoidea, edema cerebral y riesgo de vida. Maciel declaró además que, durante la agresión, Rosatelli le habría exigido que Barbieri retirara la denuncia sobre la camioneta bajo amenaza de dispararle.
Para el juez federal, la secuencia no fue un episodio aislado, sino una acción dirigida a neutralizar la denuncia por estafa e impedir que la Policía secuestrara el vehículo. De ese modo, la camioneta habría permanecido disponible hasta ser utilizada, tres meses más tarde, para transportar el cargamento de marihuana.
Un patrimonio bajo análisis judicial
La resolución incorpora también un análisis patrimonial que, según la Justicia, reveló bienes y movimientos financieros que no guardarían proporción con los ingresos formales declarados por Rosatelli como policía y abogado. El expediente menciona ocho inmuebles registrados íntegramente a su nombre, un vehículo de alta gama y acreditaciones superiores a 53 millones de pesos en billeteras virtuales entre septiembre y marzo.
A partir de ese conjunto de indicios, el juez Ríos sostuvo que Rosatelli habría tenido un “dominio funcional del hecho”, al aportar los recursos materiales, logísticos y financieros para acondicionar el vehículo y, luego, ejercer violencia para asegurar la continuidad de la maniobra.
Además del procesamiento y la prisión preventiva, se dispuso un embargo de 12.250.000 pesos sobre los bienes del comisario. La medida alcanzó también a otros cinco detenidos involucrados en la causa, quienes fueron procesados y embargados en el marco de la misma investigación.
La gravedad de las imputaciones exige prudencia y respeto por el debido proceso, pero también vuelve a exhibir una cuestión institucional delicada: cuando un funcionario policial es sospechado de poner su autoridad, sus contactos y su formación al servicio de una organización criminal, el daño no se limita a un expediente, sino que alcanza la confianza pública en toda la fuerza.
Fuente: Canal 9 Litoral.
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