Santa Fe.— Personal policial de la Unidad Regional I advirtió que el reciente traslado de detenidos hacia la Unidad Penitenciaria N.º 9 no habría resuelto de manera sostenida la situación de las comisarías de la capital provincial.
Según una fuente las dependencias volvieron a recibir personas detenidas apenas un día después del operativo, pero el personal de refuerzo destinado a su custodia fue retirado.
La preocupación radica en que se anunció el traslado como una medida de descompresión para las seccionales que mantenían alojados detenidos. Sin embargo, de acuerdo con el testimonio recibido por APROPOL Noticias, las comisarías sólo permanecieron sin presos durante la jornada en que se concretó la derivación a la nueva cárcel. A partir del día siguiente, comenzaron nuevamente a alojar detenidos en las dependencias que aún cuentan con espacios destinados a tal fin.
Detenidos otra vez, pero sin personal de OSPE
La fuente señaló que, antes del traslado, el cuidado de los presos contaba con apoyo de personal de la OSPE, afectado específicamente como refuerzo para las tareas de custodia. Ese dispositivo habría sido dejado sin efecto luego de la derivación a la Unidad 9, aun cuando las comisarías retomaron el alojamiento de detenidos.
La consecuencia es que las guardias ordinarias deben volver a asumir una tarea sensible y permanente sin contar con el refuerzo que antes estaba disponible. La custodia de personas privadas de libertad exige vigilancia constante, control de ingresos y egresos, traslados, atención de requerimientos sanitarios, prevención de conflictos y, ante cualquier incidente, una respuesta inmediata. No es una carga secundaria que pueda agregarse sin más a una dependencia ya exigida por patrullajes, denuncias, intervenciones urgentes y tareas administrativas.
Descomprimir no puede ser apenas trasladar por un día
La situación descripta pone en discusión el alcance real de la anunciada descompresión. Trasladar detenidos a una unidad penitenciaria puede ser una medida necesaria, pero si las seccionales vuelven a alojarlos casi de inmediato sin recomponer los recursos de custodia, el problema sólo cambia de forma y retorna a las mismas dependencias.
El personal reclama que las autoridades revisen el esquema vigente, verifiquen cuántos detenidos se encuentran alojados actualmente en cada comisaría de la UR I y restablezcan los refuerzos necesarios mientras persista esa situación. La seguridad de los detenidos, de los policías y de quienes concurren diariamente a una seccional no admite soluciones de apariencia ni decisiones tomadas sobre papeles: requiere personal suficiente, infraestructura adecuada y una planificación que no abandone a las guardias frente a una responsabilidad que el Estado no puede improvisar.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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