El contador público Juan Ignacio Pividori cuestionó duramente el destino que el Gobierno de Santa Fe habría dispuesto para recursos adicionales recaudados por el IAPOS y advirtió que la medida compromete fondos que, según sostuvo, pertenecen a los trabajadores afiliados a la obra social provincial.
A través de un mensaje difundido en redes, Pividori se refirió al Decreto N.º 1878 y señaló que la norma dispone la transferencia de $57.000 millones a la Tesorería General de la Provincia, bajo la figura de fondos de libre disponibilidad y con el compromiso de reintegrarlos cuando la administración provincial cuente con recursos.
El origen de los recursos
Según explicó el profesional, el incremento de la masa salarial produjo una mayor recaudación para el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), suma que no habría estado contemplada en el presupuesto original. Sin embargo, cuestionó que ese excedente sea utilizado para cubrir necesidades financieras generales del Estado provincial en lugar de fortalecer la atención sanitaria de sus afiliados.
“El servicio complementario que pagan los afiliados no se traduce necesariamente en mejores prestaciones”, planteó Pividori, al advertir que muchos trabajadores continúan afrontando coseguros, bonos y costos adicionales mientras persisten reclamos por demoras, restricciones de cobertura y dificultades de los prestadores para cobrar en tiempo y forma.
Inconstitucional
El comisario general retirado Rubén Senn, referente de los jubilados y pensionados policiales, sumó un cuestionamiento de carácter constitucional al Decreto N.º 1878/26. Según sostuvo, la medida vulnera el último párrafo del artículo 24 de la nueva Constitución de Santa Fe, que establece que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas de previsión y seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”. Senn entiende que el IAPOS integra el sistema provincial de seguridad social y que, por lo tanto, sus recursos no deberían ser derivados a la Tesorería para un destino ajeno a las prestaciones de salud. En ese marco, reclamó una definición pública de general de toda las organizaciones frente a una transferencia que, a su juicio, contradice una garantía constitucional recientemente incorporada.
Una devolución sin fecha cierta
El punto más sensible de la crítica es la modalidad de reintegro. Pividori remarcó que, de acuerdo con su interpretación del decreto, los fondos serían devueltos cuando la Provincia disponga del dinero, una fórmula que deja sin precisión un plazo concreto ni garantías acerca de la oportunidad efectiva de restitución.
Para el contador, no se trata de un recurso estatal genérico sino de dinero integrado, directa o indirectamente, por los aportes de trabajadores, jubilados y demás afiliados a IAPOS. “Nos hacen pagar de todo, recibimos malos servicios de salud, se les paga mal a los prestadores y, al mismo tiempo, se usa esa plata para cubrir déficits”, sostuvo.
La discusión abre un interrogante de fondo: si los mayores ingresos de la obra social deben ser considerados una caja transitoria para la Tesorería provincial o si, por su origen y finalidad, deberían quedar afectados exclusivamente a mejorar prestaciones, reducir costos para los afiliados y normalizar los pagos al sistema de salud.
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(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
Datos de contacto:
Juan Ignacio Pividori
Contador Público, docente y Magíster en Administración Pública. Autor de Del otro lado de la mecha y Federalismo y coparticipación.
Instagram: @juanigpividori_
Blog: Del otro lado de la mecha — delotroladodelamechaa.blogspot.com
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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