Del puerto de Ushuaia intervenido a los desalojos de comunidades originarias, de los regímenes económicos excepcionales para megainversiones a la pretensión de nacionalizar y militarizar el principal conglomerado urbano del país, asoma una misma lógica: fragmentar la soberanía, debilitar las autonomías y administrar territorios según su utilidad estratégica.
La propuesta de Joaquín de la Torre, para crear una Policía Militar en el conurbano bonaerense no puede analizarse como una simple ocurrencia sobre seguridad pública ni como un debate aislado acerca de más o menos patrulleros. Forma parte de una discusión mucho más profunda: qué Estado se está construyendo, cómo se distribuyen las competencias territoriales y quiénes terminan pagando el costo de una reorganización que se presenta como técnica, inevitable o modernizadora.
El exintendente de San Miguel propone federalizar parte del conurbano, retirar a la Provincia de Buenos Aires de competencias decisivas y colocar bajo órbita nacional una fuerza permanente, de régimen y formación militar, destinada a narcotráfico, inteligencia criminal, delitos complejos y operaciones tácticas. Los municipios conservarían la prevención cotidiana. La Nación concentraría la coerción de mayor escala.
Detrás de esa arquitectura aparece una idea inquietante: el conurbano ya no sería tratado como parte inseparable de una provincia ni como una región social que requiere integración, trabajo, educación, salud y justicia. Pasaría a ser, antes que nada, un territorio-problema. Una zona a administrar desde la excepcionalidad.
El mapa no se rompe de un día para otro
La balcanización no empieza necesariamente cuando se declaran nuevas repúblicas o se modifica el dibujo de las fronteras. Puede comenzar de forma menos visible, cuando distintos territorios quedan sometidos a reglas políticas, económicas y de seguridad diferentes; cuando la soberanía se fragmenta según el valor estratégico de cada región; y cuando la ciudadanía deja de estar protegida por principios comunes.
No hay elementos para afirmar que exista un único documento, una única mesa o una conspiración formal que ordene todos los procesos actuales. Pero sí puede advertirse una convergencia de políticas que produce un efecto común.
En Ushuaia, territorio decisivo por su relación con Malvinas, la Antártida, el Atlántico Sur y las rutas marítimas, la Nación intervino el puerto y desplazó a Tierra del Fuego de su administración. El Gobierno justificó la medida por presuntas irregularidades financieras y problemas de infraestructura; la Provincia la denunció como un avance sobre su autonomía. En paralelo, se registraron ejercicios con marines estadounidenses en territorio fueguino y continúan las denuncias de jubilados policiales que llevan meses sin percibir sus haberes.
La contradicción es difícil de ocultar. El sur argentino es tratado como espacio geopolítico de primera importancia, pero sus pobladores quedan sometidos a una crisis social que no recibe la misma urgencia. Se protege la plataforma, el puerto, el corredor logístico y la proyección antártica; se abandona a quienes viven, trabajan y custodiaron ese territorio durante décadas.
En la Patagonia, además, el final de la emergencia territorial indígena (Ley Nacional 26.160 en 2006) aceleró desalojos sobre comunidades originarias. Territorios reconocidos en relevamientos estatales vuelven a ser discutidos desde la propiedad, el negocio, el recurso o la seguridad. Quienes los habitan aparecen frecuentemente como obstáculo, amenaza o problema a remover.
El Súper RIGI completa la escena desde otro ángulo. No federaliza territorios ni modifica límites provinciales, pero proyecta regímenes de excepción económica para megainversiones: estabilidad normativa extensa, privilegios fiscales, beneficios cambiarios, facilidades aduaneras y mecanismos de arbitraje internacional. No se modifica el mapa, pero se condiciona la capacidad futura de provincias, municipios y comunidades para decidir sobre los recursos, el ambiente y las reglas económicas de su propio suelo.
La advertencia geopolítica
Hace décadas, el coronel Mohamed Alí Seineldín planteaba, desde una mirada nacionalista y geopolítica, que la soberanía argentina podía desintegrarse sin necesidad de una invasión convencional. Su advertencia sobre la fragmentación territorial, el debilitamiento del proyecto nacional y la pérdida de control sobre espacios estratégicos merece ser recuperada como interrogante histórico cada vez más real.
El problema no es que la Nación tenga presencia en Ushuaia, investigue delitos complejos en el conurbano o promueva inversiones. El problema aparece cuando esa presencia se traduce en desplazamiento de autonomías, subordinación de decisiones locales, privilegios extraordinarios para algunos intereses y endurecimiento excepcional para otros sectores.
Así se dibuja un archipiélago de excepciones: territorios de vigilancia para los pobres; territorios de privilegio para el gran capital; territorios estratégicos administrados desde el centro; y provincias o municipios con obligaciones crecientes, pero con menor capacidad real de decidir.
La Constitución no permite amputaciones unilaterales
La propuesta de De la Torre tiene una dificultad jurídica que no puede barrerse bajo la alfombra con la frase de que todo se resolvería mediante leyes ordinarias.
La Constitución Nacional protege la autonomía provincial y municipal. Los artículos 5, 121 y 123 establecen que las provincias conservan los poderes no delegados a la Nación y garantizan el régimen municipal autónomo. El artículo 13 exige el consentimiento de las legislaturas provinciales interesadas y del Congreso para constituir una nueva provincia sobre territorio de otra.
La federalización de municipios bonaerenses no sería una mera descentralización administrativa. Implicaría alterar competencias de seguridad, representación política, recursos, educación, salud, justicia y administración territorial. La Nación puede crear una fuerza federal especializada, pero no puede recortar unilateralmente la Provincia de Buenos Aires ni convertir su principal conglomerado poblacional en un territorio separado de hecho.
Cualquier cambio de esa magnitud requeriría, como mínimo, un acuerdo expreso entre la Legislatura bonaerense y el Congreso. Según el diseño final, podría demandar también una reforma de la Constitución provincial. La autonomía no es una concesión revocable desde Buenos Aires; es parte del pacto federal argentino.
Reducir una crisis social a una solución policial
El problema más grave del proyecto no reside únicamente en su viabilidad constitucional. Reside en el diagnóstico que lo sostiene.
El conurbano no enfrenta una crisis de seguridad porque falte una Policía Militar. Enfrenta una crisis social, económica, urbana e institucional acumulada durante décadas: desempleo y precariedad, economías ilegales que reemplazan al trabajo, adicciones, abandono escolar, falta de vivienda, sistemas de salud saturados, corrupción, ausencia de justicia rápida y eficaz, desigualdad territorial y una juventud que muchas veces sólo encuentra pertenencia en redes delictivas.
Frente a esa complejidad, la propuesta ofrece una respuesta predominantemente securitaria: federalización, inteligencia, operaciones tácticas y fuerza de régimen militar. Se toma el síntoma más visible —el delito— y se lo presenta como si fuera la causa de todo lo demás.
Ninguna fuerza, por entrenada o equipada que esté, puede resolver por sí sola aquello que el Estado no resuelve con educación, empleo, salud mental, infraestructura, cultura, urbanización y comunidad organizada. La policía puede intervenir contra una organización criminal concreta; no puede sustituir una política de integración social.
Una seguridad cada vez más separada de la sociedad
No es una discusión abstracta. En la actualidad, distintos diseños de política de seguridad que comparten esta misma sintonía están produciendo niveles crecientes de confrontación con vastos sectores de la población, especialmente con los más desposeídos, y también con las propias fuerzas policiales y de seguridad que deben ejecutar esas decisiones.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofrece una imagen cada vez más visible de ese proceso: despliegues masivos, dispositivos de saturación, controles intensivos y una presencia uniformada que muchas veces parece orientada a dominar el espacio antes que a reconstruir vínculos con quienes lo habitan. El resultado es un distanciamiento progresivo entre la fuerza y sus propios vecinos. El policía deja de ser percibido como integrante de la comunidad que protege y pasa a representar una presencia externa, rígida y potencialmente hostil.
Ese alejamiento no nace espontáneamente en la calle. Es consecuencia de órdenes, protocolos, discursos y objetivos políticos que reducen conflictos sociales complejos a problemas de orden público. Quien reclama, sobrevive en la informalidad, duerme en la calle, protesta o simplemente habita un barrio estigmatizado puede ser tratado como perturbación a controlar antes que como ciudadano titular de derechos.
Pero la fractura alcanza también al personal uniformado. A los efectivos se les exige una presencia cada vez más intensa, se los expone al conflicto cotidiano con vecinos de su misma ciudad y, cuando sobrevienen abusos, errores o consecuencias judiciales, suelen quedar solos frente a responsabilidades que no diseñaron. Así se profundiza la lógica del fusible policial: el poder político define el rumbo, la fuerza ocupa el territorio y el trabajador absorbe el costo humano, institucional y jurídico.
Una política de seguridad que convierte al policía en fuerza de ocupación frente a sus propios vecinos no fortalece la autoridad estatal. La desgasta. Y cuando esa distancia se vuelve habitual, la seguridad deja de ser un vínculo de protección recíproca para convertirse en administración del miedo.
Gobernar mediante la sospecha
Aquí adquiere relevancia el marco desarrollado en Gobernar mediante la sospecha (2026). La Doctrina de la Sospecha Permanente (2025) comienza cuando el Estado deja de concentrarse en hechos y responsabilidades individualizadas y empieza a organizar su presencia sobre riesgos, perfiles y territorios considerados peligrosos.
El conurbano puede quedar reducido a eso: un gran espacio bajo sospecha. Una población de millones de personas pensada primero como amenaza y después como ciudadanía.
La teoría del Foco y la Vara (2026) permite completar la lectura. El foco se posa selectivamente sobre los barrios pobres, los jóvenes, las periferias y las comunidades debilitadas. La vara mide de manera desigual: para algunos, controles, saturación policial, bases de datos, patrullajes y operaciones especiales; para otros, blindajes regulatorios, beneficios impositivos y garantía de estabilidad por décadas.
No se trata de negar la existencia del delito organizado ni de relativizar la violencia que padecen diariamente los vecinos del conurbano. Se trata de preguntarse si la respuesta será perseguir organizaciones criminales con legalidad, inteligencia judicializada y protección ciudadana, o administrar poblaciones enteras mediante miedo y excepcionalidad.
También está la cuestión del fusible policial. Una fuerza nueva, llamada a intervenir en el escenario más complejo del país, corre el riesgo de reproducir la misma ecuación: las decisiones estratégicas se toman arriba, las órdenes bajan y el costo jurídico, disciplinario y humano termina concentrado en quien ejecuta. A mayor exigencia estatal, debe haber mayor protección jurídica, profesional, salarial y administrativa para el trabajador policial. Sin reciprocidad institucional, la nueva Policía Militar no será una solución: será otro uniforme para el mismo fusible.
La soberanía se defiende integrando
La alternativa no es la ingenuidad ni la impotencia estatal. El narcotráfico, la trata, el lavado de dinero y las organizaciones armadas requieren fuerzas especializadas, investigación financiera, tecnología, coordinación federal y una Justicia capaz de llegar a quienes mandan, financian y se benefician.
Pero esa respuesta debe estar bajo conducción civil, con límites claros, control judicial, inteligencia regulada, transparencia operativa y responsabilidad política ascendente. Debe defender a los vecinos sin convertirlos en sospechosos permanentes. Debe proteger a los policías sin transformarlos en carne de cañón institucional.
La soberanía no se preserva fragmentando a la Argentina entre zonas de sacrificio, territorios vigilados y enclaves privilegiados. Se preserva integrando sus regiones, fortaleciendo sus provincias, cuidando sus comunidades y construyendo un Estado capaz de proteger con reglas universales.
La pregunta que deja la propuesta de De la Torre no es sólo si conviene crear una Policía Militar. La pregunta es qué país se está organizando detrás de esa idea: uno unido por derechos, responsabilidades y soberanía compartida, o un país dividido entre quienes reciben garantías extraordinarias y quienes sólo reciben sospecha.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Ex oficial de la PSF. Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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