La maniobra detectada en Esperanza podría tener escala provincial

Santa Fe – La causa judicial que investiga presuntas coimas para emitir Formularios 12 sin revisar vehículos en la Sección Automotores de Esperanza ya reveló una operatoria que, según Fiscalía, se remontaría a 2020. Ahora, una denuncia sobre posibles cobros irregulares en un puesto verificador de Villa Constitución obliga a preguntarse si el problema puede tener una dimensión provincial.

La investigación a cargo del fiscal Ezequiel Hernández tiene, hasta el momento, a cuatro policías y una gestora involucrados. Tres de los efectivos permanecen en prisión preventiva. La hipótesis fiscal sostiene que se habrían confeccionado, sellado y firmado Formularios 12 sin turno, sin pago de la tasa y, especialmente, sin que los vehículos fueran sometidos a la verificación física obligatoria.

El Formulario 12 es un instrumento público indispensable para transferir un automotor o inscribir una unidad cero kilómetro. Su razón de ser es comprobar la identidad física del vehículo, cotejar motor y chasis y prevenir maniobras vinculadas con rodados robados, adulterados o sustituidos. Cuando se emite sin inspección, no se saltea una formalidad: se deteriora un control básico contra el delito automotor.

De Esperanza a Villa Constitución

Mientras avanza la causa judicial de Esperanza, este medio recibió información sobre una presunta irregularidad en el puesto verificador de Villa Constitución, dependiente de la Unidad Regional VI. La denuncia no integra, hasta ahora, el expediente que tramita en Santa Fe ni existe información pública sobre una investigación judicial formal en esa jurisdicción.

Una fuente que pidió reserva relató que, al concurrir al puesto verificador de Arroyo Seco, advirtió una fila integrada mayormente por vecinos de Villa Constitución. Según el testimonio recibido, esas personas explicaron que viajaban hasta Arroyo Seco porque en Villa Constitución se les estaría exigiendo $30.000 por la verificación presencial de sus vehículos.

La fuente aseguró que en Arroyo Seco abonó una suma mínima en concepto de sellado provincial y que, al consultar al verificador, recibió como explicación que ese era el valor del trámite. La diferencia denunciada no puede ser ignorada, sobre todo porque no se refiere a una verificación a domicilio —que puede implicar condiciones particulares— sino a la atención en el puesto oficial.

También sucursal en Alcorta

Por fuera de esa información, este medio recibió además otra denuncia referida al puesto verificador de Alcorta, también incluido en el listado oficial de la Provincia. Según ese reporte, allí se estarían cobrando $35.000 por la verificación presencial los días lunes y miércoles. Tampoco existe, hasta el momento, información pública sobre una investigación formal respecto de ese punto, pero la coincidencia de denuncias en distintas localidades vuelve indispensable que las autoridades informen con precisión cuál es el arancel legal, dónde se abona y qué comprobante corresponde exigir.

Los puestos que reconoce oficialmente la Provincia

El listado oficial de puestos verificadores de la Provincia de Santa Fe incluye a Villa Constitución bajo la Unidad Regional VI y ubica la dependencia en avenida San Martín, intersección con calle Luzuriaga. En esa misma nómina figuran, entre otros, los puestos de Santa Fe capital, Arroyo Seco, Las Rosas, Casilda, Arteaga, Chañar Ladeado, Sunchales, Alcorta, Venado Tuerto, Rufino, Firmat, Villa Cañás, Wheelwright, Reconquista, Villa Ocampo, Avellaneda, Cañada de Gómez, Tostado y San Cristóbal.

Esa red provincial fue diseñada para acercar un trámite obligatorio a los ciudadanos. Si los usuarios deben recorrer decenas de kilómetros hacia otra jurisdicción para evitar un presunto cobro extraordinario, el sistema deja de garantizar igualdad de acceso y genera sospechas que deben ser despejadas por la autoridad competente.

El valor oficial informado es de $10,50

La página de trámites de la Provincia de Santa Fe, bajo el rubro “Vehículos: verificación policial”, informa un costo de $10,50 de sellado. Ese es el parámetro oficial disponible para el ciudadano que concurre a realizar la verificación física necesaria para extender el Formulario 12.

Frente a ello, la presunta exigencia de $30.000 en Villa Constitución, de confirmarse, supondría una diferencia imposible de justificar sin una disposición expresa, comprobantes válidos y explicación pública. La pregunta no es menor: ¿qué se cobra, bajo qué concepto, dónde ingresa ese dinero y qué recibo se entrega?

No corresponde adelantar responsabilidades ni convertir una denuncia en condena. Sí corresponde exigir que el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Jefatura de Policía y los organismos de control revisen de inmediato los circuitos de atención, cobro y rendición de fondos en los puestos verificadores de toda la provincia.

¿Qué sabía la cadena de mando?

Nadie puede atribuir participación delictiva a la jefatura o subjefatura policial sin prueba. Pero la pregunta institucional no puede seguir eludiéndose: si una dependencia emitía formularios sin que los vehículos ingresaran físicamente a la planta, ¿qué controles funcionaban sobre el personal, los registros, los sellos, los libros de guardia, las cámaras y los sistemas informáticos?

El actual subjefe de Policía, director general Carlos Duilio Pagano, condujo la Unidad Regional XI en distintos períodos de su carrera, entre 2020 y 2022 y nuevamente entre 2024 y 2025. El jefe de Policía, Luis Maldonado, también tuvo responsabilidades de conducción en unidades regionales. No se los señala por los hechos investigados; se interpela a la estructura de supervisión que debía prevenirlos o detectarlos.

Si existían mecanismos de control, habrá que explicar por qué no alertaron la emisión de decenas de Formularios 12 sin ingreso de vehículos. Si no existían, habrá que explicar por qué una función tan sensible para combatir el delito automotor quedó librada a semejante vulnerabilidad.

El problema no es solamente individual. Es de mando, de control administrativo y de trazabilidad estatal.

Una función que merece revisión

También cabe discutir por qué una tarea predominantemente técnica y administrativa, como la verificación registral de vehículos, continúa en manos de personal policial. Cada efectivo destinado a esa función es un recurso menos para prevención e investigación. Un sistema civil, profesional, digitalizado y auditado externamente podría liberar policías para la calle y, al mismo tiempo, reducir las zonas grises que hoy alimentan sospechas y corrupción.

Auditoría externa y bajo dirección judicial

La respuesta no puede quedar limitada a sumarios internos manejados por la misma estructura que no detectó —o no logró detener— la maniobra durante años. Corresponde una auditoría externa, con intervención y dirección judicial, que abarque todos los puestos verificadores oficialmente habilitados de la provincia.

Esa revisión debería cotejar, como mínimo, los Formularios 12 emitidos con los turnos solicitados, las tasas abonadas, los ingresos físicos de vehículos, los registros fotográficos, las cámaras, los libros de guardia, las intervenciones de cada verificador, los sellos utilizados y los movimientos de dinero. También debería identificar quiénes supervisaban cada dependencia y qué alertas fueron omitidas o desatendidas.

Además, es necesario avanzar hacia un sistema técnico, civil y digitalmente trazable, con pagos exclusivamente bancarizados o electrónicos, aranceles exhibidos de manera visible, comprobantes obligatorios, registros automáticos de ingreso y auditorías periódicas independientes.

Cada formulario emitido sin control puede habilitar la circulación de un vehículo con numeración adulterada, documentación irregular o procedencia ilícita. No se trata sólo de una caja clandestina: se compromete la seguridad pública y se perjudica al personal honesto que cumple su tarea.

Esperanza puede ser el punto de partida de una causa penal. Villa Constitución y los puestos verificadores reconocidos oficialmente en toda la provincia obligan ahora a una respuesta más amplia: transparencia, control externo y una Justicia que determine si se trató de una excepción o de un sistema capaz de reproducirse más allá de una sola dependencia.

AMPLIAREMOS.

(*) Director y fundador.