Santa Fe (Santa Fe) – Una denuncia en la Unidad Regional I cuestiona que inspectores percibirían el plus de calle sin cumplir las funciones que lo justifican. El problema no es sólo salarial: es de control, igualdad y transparencia. EL FENOMENO SE OBSERVA EN DIVERSAS UURR.
Personal de una Unidad Regional hizo llegar a este medio un reclamo que vuelve a poner en discusión el manejo del plus policial y los criterios con los que se asignan complementos que, en teoría, deberían reconocer tareas específicas, exposición, disponibilidad y responsabilidad operativa.
Según la fuente, varios inspectores cobrarían el adicional sin desempeñarse como personal de patrulla o de calle, sin integrar servicios de Radioeléctrico y sin asumir la recepción habitual de denuncias o constancias policiales. Siempre de acuerdo con el testimonio recibido, concurrirían sólo unas horas de lunes a viernes y luego se retirarían para realizar adicionales privados.
La denuncia deberá ser verificada por las autoridades competentes, pero plantea una pregunta elemental: si el plus reconoce una función determinada, ¿cómo se controla que esa función se cumpla efectivamente?
Los libros pueden decir mucho
La fuente sostiene que una simple revisión de los libros de guardia, los registros de ingreso y egreso y los libros anexos permitiría establecer cuántas horas cumplen esos inspectores, qué tareas realizan y si intervienen o no en la recepción de denuncias, actas y constancias.
No hacen falta grandes auditorías teatrales ni discursos de ocasión. Los instrumentos de control ya existen. El problema aparece cuando nadie los consulta, cuando se los llena de modo meramente formal o cuando se considera intocable a quien tiene una buena relación con la jefatura.
Si un agente percibe un plus destinado a compensar una tarea operativa que no realiza, mientras otro cumple jornadas extendidas, atiende al público, integra patrullas y debe cubrir ausencias sin recibir igual reconocimiento, la desigualdad deja de ser una sensación: se vuelve un mecanismo institucional.
La “meritocracia” de los elegidos
La Constitución Nacional consagra el principio de igual remuneración por igual tarea. No significa que todos los cargos tengan idéntico salario ni que no puedan existir suplementos funcionales; significa que una diferencia debe tener fundamento objetivo, verificable y aplicarse con reglas iguales para todos.
El problema comienza cuando el plus no responde a funciones comprobables sino a una “meritocracia” de favores, afinidades o subordinación personal. Esa lógica es nefasta porque transforma un derecho laboral y una herramienta de organización del servicio en una moneda de premio y castigo.
Quien obedece sin cuestionar, quien se vuelve funcional al mando o quien integra el círculo de confianza accede a mejores condiciones. Quien reclama, señala irregularidades o simplemente no pertenece a esa rueda queda condenado a más carga, menos reconocimiento y, muchas veces, a la amenaza velada del traslado o la marginación.
La discrecionalidad abre un mercado paralelo
El manejo opaco de adicionales y pluses genera un doble deterioro. Por un lado, perjudica al personal que trabaja realmente en funciones exigentes y ve cómo su esfuerzo pierde valor. Por otro, construye un mercado paralelo de privilegios donde el acceso a un beneficio ya no depende del servicio prestado, sino de la cercanía con quien distribuye turnos, horarios y compensaciones.
Allí aparecen los nichos de corrupción. No siempre comienzan con dinero en una oficina oscura; muchas veces nacen en la pequeña arbitrariedad cotidiana: un adicional asignado selectivamente, una planilla que nadie controla, un horario que se flexibiliza para algunos y se vuelve inflexible para otros.
Controlar no es perseguir
La salida no es quitar derechos ni enfrentar al personal entre sí. Es transparentar los criterios, publicar las funciones que habilitan cada plus, cruzar liquidaciones con servicios efectivamente cumplidos y auditar los libros de guardia sin excepciones jerárquicas.
Controlar no es perseguir. Es proteger a quien cumple, ordenar el uso de fondos públicos y evitar que la desigualdad se convierta en regla. El Estado tiene la obligación de asegurar una remuneración justa y criterios objetivos; no de administrar premios personales con recursos que pertenecen a todos.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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