Cuatro robos de camiones, secuestros de choferes y rutas que se transforman en corredores de fuga. La seguidilla venía ocurriendo desde abril, pero recién ahora adquiere visibilidad pública. La pregunta no es menor: ¿llega tarde la preocupación porque comenzó la campaña electoral o hay que juntarla?
Un camionero oriundo de Río Negro fue asaltado durante la madrugada sobre la ruta nacional 33, en jurisdicción de Sanford. Cuatro delincuentes lo interceptaron, rompieron el vidrio de la cabina, lo golpearon en la cabeza, lo encapucharon y lo trasladaron en otro vehículo. Horas más tarde fue abandonado en una zona rural. El semirremolque térmico apareció en Firmat, con su carga de muebles de algarrobo, pero el Scania G410 seguía siendo buscado.
El caso no parece aislado. Desde abril se registraron al menos cuatro golpes que se conoce por medios periodísticos, bajo la modalidad similar en rutas del sur santafesino y sectores de Córdoba: camioneros privados de la libertad, unidades tractoras robadas, acoplados o semirremolques abandonados y cargas, en algunos casos, intactas.
Esto merece una investigación de escala regional. No se trata solamente del robo de mercadería ni de un asalto ocasional: los delincuentes parecen tener como objetivo principal el camión, desconectan rastreos satelitales, abandonan partes de la unidad y utilizan las rutas como corredores de fuga hacia otras provincias. Detrás de cada caso hay un trabajador violentado, una familia que queda en vilo, una herramienta de trabajo perdida y un circuito de reducción o desguace que no puede funcionar sin logística, información y compradores.
Una seguidilla que pasó demasiado tiempo en silencio
El episodio de Sanford llega después de casos ocurridos en Armstrong, Leones, Salto Grande y otros puntos del corredor que une Santa Fe con Córdoba. Sin embargo, al menos mediáticamente, el fenómeno había quedado relegado entre la rutina de los hechos policiales dispersos. Cada camionero parecía enfrentar su propio drama; la sucesión no terminaba de leerse como patrón.
Ahora, con la campaña electoral ya en marcha, la acumulación de hechos comienza a instalarse como tendencia. Es legítimo que la seguridad vuelva a ocupar el centro de la discusión pública. Lo que no sería aceptable es que la preocupación tenga calendario electoral y que, pasada la elección, los camioneros vuelvan a circular solos por rutas donde el Estado llega después del secuestro, del golpe y de la denuncia.
¿Hay que pagar la campaña?
La pregunta no implica afirmar que estos delitos financien actividades electorales ni que exista una conexión probada entre los robos y la política partidaria. No hay elementos públicos que permitan sostener eso, y sería irresponsable inventarlos.
Pero la pregunta sí apunta a otra realidad: las campañas se pagan también con prioridades públicas. Se financian con decisiones, recursos, despliegues, anuncios y presencia territorial. Si durante meses hubo una modalidad delictiva creciente que afectó rutas productivas, trabajadores del transporte y bienes de alto valor, corresponde saber qué información tenían las autoridades, qué coordinación existía entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires y qué medidas preventivas se adoptaron antes de que el tema ganara volumen mediático.
Porque cuando la seguridad se convierte sólo en escenografía electoral, el costo lo pagan quienes no tienen micrófono ni custodia: el chofer que duerme en la cabina, la pyme que pierde su unidad, la familia que espera un llamado y el transportista que debe seguir rodando por la misma ruta al día siguiente.
No alcanza con reaccionar
La respuesta no puede limitarse a investigar después de cada golpe. Hace falta inteligencia criminal sobre mercados de reducción y desguace, controles coordinados en rutas y accesos, seguimiento de talleres clandestinos, rastreo de repuestos, protocolos de alerta para transportistas y una articulación real entre fuerzas provinciales, federales y fiscalías.
La ruta 33, los corredores hacia Córdoba y los accesos del sur provincial no pueden convertirse en un triángulo de impunidad. La campaña pasará. Los camiones, los choferes y las familias seguirán allí. Y la obligación del Estado también.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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