El banco de los comisarios

Rosario (Santa Fe) – Denuncian que altos mandos permanecen sin destino operativo en la Sede de Gobierno de Rosario.

Una fuente policial que pidió reserva puso en conocimiento de este medio una situación que, de confirmarse, expone una seria contradicción en la administración de los recursos humanos de la Policía de Santa Fe: subcomisarios y comisarios supervisores estarían asignados a la Sede de Gobierno de Rosario sin ejercer jefaturas operativas ni cumplir una carga horaria regular.

La fuente sostuvo que se trata de personal de jerarquía elevada, con ingresos que —según su estimación— superarían los cuatro millones de pesos mensuales por los distintos componentes salariales, mientras numerosas comisarías y subcomisarías necesitan mandos para la conducción cotidiana del servicio.

“No cumplen función de jefe. Si van una o dos veces por semana es mucho”, señaló la fuente, que calificó la situación como una “vergüenza” y reclamó que esas jerarquías sean reubicadas donde efectivamente hacen falta: al frente de dependencias policiales, áreas operativas o servicios que requieran conducción.

Entre los nombres aportados figuran Gustavo Adolfo M., Adolfo V. R. y Víctor S., identificados como comisarios supervisores; y Pablo Andrés D. N., Diego H. M., Andrés J. F. R., Sebastián T., Samanta D., Leandro A. G. y Javier D., mencionados con jerarquía de subcomisarios. La fuente advirtió que algunas de esas jerarquías podrían haber variado luego del último proceso de ascensos.

El caso de G. fue señalado particularmente por su presunta asignación como chofer del secretario de Seguridad. Esa circunstancia, de ser exacta, deberá ser aclarada por las autoridades: no por la función de chofer en sí misma, indispensable en toda estructura pública, sino por el criterio de afectación de un oficial superior cuando existen dependencias con necesidades de conducción.

La información recibida no fue acompañada, hasta el momento, por resoluciones de destino, planillas horarias, recibos de haberes ni constancias que permitan establecer la situación individual de cada uno de los efectivos mencionados. Por eso corresponde que el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Jefatura de Policía informen con precisión cuáles son sus destinos, funciones asignadas, horarios, responsabilidades y fundamentos administrativos.

La fuente también afirmó que un compañero habría recibido un pase luego de cuestionar esta situación. Ese dato requiere especial esclarecimiento: si el traslado fue dispuesto como represalia por una crítica o un reclamo interno, el problema ya no se reduciría a la organización de recursos humanos, sino que alcanzaría la libertad de expresión y las garantías laborales del personal policial.

No se trata de cuestionar a una persona por su jerarquía ni de convertir una denuncia en sentencia. Se trata de discutir si, en una fuerza que suele justificar la sobrecarga, los recargos y la falta de personal con la escasez de recursos, resulta razonable mantener mandos superiores sin una función operativa claramente identificable mientras faltan jefes en el territorio.

La ciudadanía tiene derecho a saber dónde están asignados quienes cobran con fondos públicos, qué tarea cumplen y por qué. Y los policías que sostienen la calle, también.