Efectivos policiales denunciaron que familiares de detenidos les trasladaron reclamos por un presunto trato desigual en la comida. También cuestionaron supuestos pedidos de transferencias de dinero que deberían ser esclarecidos.
Efectivos que cumplen funciones en la Unidad Regional XIV de San Javier hicieron llegar a este medio una preocupación que reclama una respuesta institucional inmediata: familiares de personas detenidas les habrían planteado que algunos internos reciben un trato diferente en materia de alimentación.
Según la información recibida, la situación tendría relación con supuestos pedidos de transferencias de dinero a familiares de detenidos, bajo el argumento de comprarles comida. La versión identifica a alguien de apellido V., como presunta destinataria o impulsora de esos pedidos. Este medio no cuenta, hasta el momento, con documentación que permita verificar esa acusación, por lo que corresponde que las autoridades competentes la investiguen y que la funcionaria involucrada pueda brindar su explicación.
La denuncia plantea una cuestión central: la comida de las personas privadas de libertad no puede depender de la posibilidad económica de sus familias, de contribuciones informales ni de transferencias efectuadas por fuera de todo procedimiento transparente. La provisión alimentaria es una obligación indelegable del Estado.
Los policías de guardia señalaron que no administran dinero, no compran alimentos ni toman decisiones sobre las raciones que recibe cada detenido. Sin embargo, son quienes reciben el malestar de las familias, deben atender preguntas que no pueden responder y atraviesan malos momentos por un problema ajeno a sus funciones.
De acuerdo con los testimonios recibidos, familiares habrían advertido diferencias en el trato alimentario de los detenidos. Algunos, según manifestaron, accederían a una comida distinta o mejorada; otros quedarían limitados al régimen ordinario. Esa presunta desigualdad debe ser verificada con urgencia.
La fuente que acercó la información sostuvo además que División Logística proveería alimentos diariamente a la dependencia. Si eso es así, la Unidad Regional XIV y las áreas competentes deberían informar cuántas raciones se entregan, para cuántos detenidos, qué tipo de menú se distribuye, quién recibe la provisión y cuál es el registro de entrega cotidiano.
No se trata de una discusión menor ni de un reclamo accesorio. La alimentación suficiente, regular y equitativa de una persona detenida integra las responsabilidades básicas de custodia estatal. Si existiera un circuito paralelo de aportes económicos para obtener o mejorar alimentos, se estaría creando una diferencia inadmisible entre quienes pueden pagar y quienes no.
Además, ese mecanismo colocaría al personal subalterno en una situación injusta: sin responsabilidad sobre el eventual problema, queda expuesto ante familiares que reclaman, preguntan o sospechan de quienes cumplen la guardia. La cadena de responsabilidades debe ser clara. Quien define la provisión y distribución de alimentos debe responder por ella; quien custodia no puede cargar con las consecuencias de decisiones que no adopta.
Por eso resulta necesario que la Jefatura de la Unidad Regional XIV y el Ministerio de Justicia y Seguridad dispongan una auditoría sobre los libros de guardia, las planillas de racionamiento, órdenes de provisión, nómina de detenidos y eventuales comprobantes de transferencias que los familiares decidan aportar.
La mencionada y las autoridades de la Unidad Regional XIV tienen derecho a ejercer su descargo y aportar los elementos que consideren necesarios. La mejor respuesta institucional no es el silencio ni el traslado de responsabilidades hacia el personal de guardia: es la transparencia, el control y la garantía de que todos los detenidos reciban la alimentación que el Estado está obligado a proveer.
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