Sumarios policiales: cuando la disciplina se vuelve demora, sospecha y castigo

Una tesis de la UNL analiza cómo la cultura institucional afecta la eficiencia de los procedimientos disciplinarios en la Policía de Santa Fe. El estudio pone datos sobre una experiencia que miles de trabajadores policiales conocen desde hace años: la incertidumbre de un sumario puede condicionar la carrera, el salario y la vida familiar aun antes de que exista una sanción.

La tesis Cultura policial y principio de eficiencia en la investigación de sumarios administrativos, elaborada por el contador público Ramiro Nicolás Carbó para la Maestría en Administración Pública de la Universidad Nacional del Litoral, estudia un problema que atraviesa desde hace décadas a la Policía de Santa Fe: el funcionamiento del régimen disciplinario y sus consecuencias sobre quienes quedan sometidos a una investigación administrativa.

El trabajo se concentra en el Departamento La Capital durante 2025 y combina 198 encuestas válidas a personal policial en actividad con entrevistas a operadores del sistema disciplinario. Su conclusión principal es contundente: la eficiencia de los sumarios no depende únicamente de la normativa, sino de una cultura institucional atravesada por discrecionalidad, arbitrariedad, falta de capacitación, demoras, escasa digitalización y ausencia de indicadores para medir resultados.

Carbó advierte que existe un amplio marco legal que exige celeridad, transparencia, control y uso razonable de recursos. Sin embargo, describe una práctica donde los procedimientos se prolongan, frecuentemente a la espera de definiciones penales, pese a que la responsabilidad administrativa posee reglas y finalidades propias.

El sumario y la carrera

Uno de los aportes más relevantes de la tesis refiere al impacto sobre la carrera policial. Mientras una persona se encuentra sometida a sumario puede participar de concursos, pero su ascenso queda suspendido hasta que la investigación concluya. El problema aparece cuando el expediente termina en archivo, sobreseimiento o absolución: el agente puede recuperar formalmente su posibilidad de ascender, pero pierde años de jerarquía, diferencias salariales y ubicación relativa frente a sus compañeros.

La tesis propone revisar ese criterio y reconocer de manera retroactiva la carrera de quienes no recibieron reproche disciplinario. No se trata de premiar a nadie, sino de evitar que una investigación estatal sin resultado sancionatorio produzca, de hecho, un castigo laboral permanente.

Miles de trabajadores policiales han vivido esa situación: sumarios que duran años, destinos que se cierran, concursos que pasan, salarios que no se recuperan y una familia que debe sostener las consecuencias de una sospecha todavía no probada. El expediente, aun antes de resolverse, puede transformarse en una condena administrativa anticipada.

La desigualdad dentro de la institución

El estudio también releva temores para denunciar a superiores, conocimiento insuficiente del régimen disciplinario —en especial entre el personal más expuesto—, dificultades para acceder a las actuaciones y dudas sobre la motivación de denuncias y resoluciones.

Ese cuadro no puede leerse únicamente como un déficit de gestión. Cuando las reglas se aplican de forma desigual, la vigilancia se concentra sobre algunos y las garantías se debilitan para quienes tienen menor poder dentro de la estructura, la disciplina deja de funcionar como herramienta de responsabilidad y empieza a parecerse a un mecanismo de subordinación.

La pregunta no es solo cuántos sumarios se inician o cuánto demoran. También debe preguntarse a quiénes alcanzan, por qué conductas, con qué garantías y qué ocurre con quienes toman las decisiones que luego derivan en perjuicios para el personal subordinado.

El agente como fusible

La tesis describe problemas de independencia entre quienes denuncian, investigan, dictaminan y sancionan. Esa observación obliga a mirar la cadena completa de responsabilidades. El trabajador policial suele ser quien recibe la notificación, enfrenta la incertidumbre y paga el costo en su carrera; pero muchas decisiones relevantes provienen de jefaturas, asesorías, áreas de control y autoridades políticas.

Si no existe trazabilidad sobre quién ordenó, demoró, sostuvo o descartó una medida, el agente termina convertido en el fusible de un sistema que descarga hacia abajo los costos de sus propias fallas. La responsabilidad individual es indispensable cuando existe una falta; también lo es impedir que la organización utilice el procedimiento disciplinario como sustituto de la conducción, la prevención y el debido proceso.

Eficiencia con garantías

Carbó propone actualizar la normativa, derogar el viejo reglamento de sumarios de 1977, fortalecer la información sumaria, capacitar a los operadores, digitalizar actuaciones, incorporar métricas y crear una instancia de gestión con independencia de la estructura policial.

Son medidas necesarias, con una condición central: la digitalización y los indicadores no deben servir para perfeccionar el control descendente sobre el personal, sino para asegurar plazos, acceso a la información, decisiones fundadas y responsabilidad de todos los niveles involucrados.

Una policía profesional necesita disciplina, pero no una disciplina basada en la sospecha perpetua. Necesita procedimientos rápidos, legales y transparentes; protección para quien denuncia; defensa efectiva para quien es investigado; y reparación real cuando el Estado somete a un trabajador a una causa que finalmente no logra sostener.

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“Quien quiera oír que oiga”