La Policía de Córdoba bautizó su Central de Monitoreo con el nombre de Roni Eshel, integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel asesinada en el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.
El homenaje separa el dolor indiscutible de una familia de una decisión estatal que incorpora a la seguridad provincial un conflicto humanitario y político sin relación demostrada con Córdoba.
El dolor de la familia, fuera de discusión
Roni Eshel tenía 19 años y se desempeñaba como observadora de las Fuerzas de Defensa de Israel en la base militar de Nahal Oz, cerca de la Franja de Gaza. Murió durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. Sus padres y hermanos viajaron a Córdoba para participar de los actos en los que tanto la DAIA local como la Central de Monitoreo 911 de la Policía provincial adoptaron su nombre.
El sufrimiento de su familia merece el mismo respeto que el de cualquier familia que haya perdido a un ser querido en un hecho de violencia. No hay jerarquías posibles en ese plano humano. Pero el homenaje público realizado por una fuerza policial provincial plantea otra pregunta, de carácter institucional: ¿Qué necesidad tiene el Estado de Córdoba de involucrarse simbólicamente en un conflicto bélico y humanitario de enorme gravedad que no pertenece a su competencia ni a su realidad territorial?
Una decisión que excede el acompañamiento humano
Expresar solidaridad con las víctimas del ataque de Hamas es una cosa. Asignar a una Central 911 el nombre de una integrante de una fuerza armada extranjera es otra. El Estado provincial no explicó, al menos públicamente, cuál es el vínculo operativo, histórico o institucional entre Roni Eshel y la seguridad de los cordobeses que justifique esa elección.
Córdoba posee una historia propia de policías caídos en servicio, trabajadores del sistema de emergencias, bomberos y ciudadanos que dieron respuestas concretas frente al riesgo y la violencia. Elegir para una dependencia estatal a una joven ligada a un conflicto armado internacional desplaza ese universo de referencias locales y convierte un símbolo de la seguridad pública provincial en una toma de posición con inevitable alcance geopolítico.
La Policía de Córdoba no necesita importar guerras ajenas para recordar que vigilar, prevenir y responder ante una emergencia son tareas esenciales.
La posición del padre: reclamo de justicia y crítica al gobierno israelí
La figura de Eyal Eshel tampoco admite lecturas simplistas. En una entrevista con La Voz, el padre de Roni explicó que las observadoras de Nahal Oz habían advertido movimientos sospechosos del otro lado de la frontera y habían informado a sus superiores antes del ataque. Desde entonces reclama una comisión nacional de investigación conducida por la Justicia y el Tribunal Supremo de Israel.
Eshel cuestionó con dureza al gobierno israelí actual, al que responsabilizó por falta de respuesta, inoperancia y priorización de intereses políticos. Incluso advirtió que, sin un cambio en las próximas elecciones, Israel podría atravesar una crisis existencial. Su presencia en Córdoba, por lo tanto, no equivale a una adhesión acrítica a Benjamin Netanyahu ni a la conducción política que él mismo objeta.
Hay, además, una lección central en su reclamo. Roni era observadora: miraba las cámaras, registraba movimientos y emitía alertas. Según la reconstrucción que sostiene su padre, la falla no estuvo en la falta de monitoreo sino en los niveles superiores que debían procesar esas advertencias, decidir y actuar. Más vigilancia no corrige por sí sola una cadena de mando incapaz de asumir responsabilidades.
El conflicto abierto y la responsabilidad del Estado
La decisión cordobesa ocurre mientras la guerra en Gaza continúa bajo escrutinio internacional. La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. La resolución no supone una condena ni define culpabilidad, que sólo podría establecerse en un proceso posterior, pero expresa la extrema gravedad institucional del escenario.
En paralelo, Israel enfrenta ante la Corte Internacional de Justicia una demanda iniciada por Sudáfrica bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Tampoco existe allí una sentencia definitiva sobre el fondo, pero el tribunal dictó medidas provisionales y mantuvo abierto el proceso. Son datos que obligan a cualquier gobierno a una prudencia mayor antes de transformar un conflicto tan doloroso y controvertido en emblema de una repartición pública.
Seguridad local, prioridades locales
La política exterior corresponde al Estado nacional. Una provincia puede desarrollar vínculos culturales, institucionales o comunitarios, pero no necesita adoptar símbolos de una guerra extranjera para mejorar su sistema de emergencias.
El interrogante no apunta contra la comunidad judía, la DAIA ni contra el derecho de una familia a preservar la memoria de Roni Eshel. Apunta exclusivamente a quienes condujeron el Estado cordobés: ¿Qué aporta a la seguridad de Córdoba que la Central 911 lleve el nombre de una soldado israelí? ¿Qué mensaje reciben los policías, operadores y ciudadanos cordobeses cuando un servicio local queda asociado a un conflicto internacional todavía abierto?
Una central de monitoreo debe ser un instrumento de prevención, respuesta y cuidado de la comunidad. Su nombre debería expresar esa misión común, no sumar a la seguridad pública provincial las divisiones, heridas y disputas de una tragedia que el mundo todavía no logró detener.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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