El sargento ayudante José Miguel Gómez, integrante en actividad de la Policía de Salta y destinado en la Comisaría Segunda de Villa Cristina, fue hallado sin vida durante la tarde del sábado en un inmueble de la ciudad capital. La investigación judicial deberá establecer de manera definitiva las circunstancias del hecho.
Según la información difundida por medios salteños, el aviso ingresó alrededor de las 17:05 al Sistema de Emergencias 911, que reportó la presencia de una persona lesionada en una vivienda ubicada sobre calle Olavarría al 100. Al lugar acudieron una comisión policial y profesionales del SAMEC, quienes constataron el fallecimiento.
El director de Prensa y Difusión de la Policía de Salta, comisario Cristian Aguilera, confirmó que se trataba de un efectivo de la fuerza provincial que cumplía funciones en la dependencia de Villa Cristina.
La zona fue preservada para la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y de las autoridades judiciales, que dispusieron las pericias correspondientes. Las primeras informaciones señalaron que se investiga un posible suicidio, aunque hasta el momento no existe una conclusión oficial definitiva sobre las circunstancias del fallecimiento.
No corresponde esconder esta realidad detrás de fórmulas burocráticas como “muerte autoinfligida”, expresión que suele despojar al hecho de su dimensión humana, laboral e institucional. Si las pericias confirman esa hipótesis, debe hablarse de suicidio; si no, de una investigación por posible suicidio. La precisión no es un detalle de lenguaje: nombra un problema que durante demasiado tiempo fue silenciado o reducido a una tragedia exclusivamente privada.
Cada suicidio o tentativa de suicidio dentro de una fuerza de seguridad obliga a interrogar aquello que ocurre antes del desenlace: jornadas extensas, recargos, presión jerárquica, aislamiento, hostigamiento, dificultades para pedir ayuda sin temor a sanciones o estigmatización y falta de dispositivos de atención accesibles, confidenciales e independientes de la cadena de mando.
No toda muerte tiene una causa laboral ni toda crisis puede explicarse por un único factor. Pero sería igualmente grave que las instituciones se desentiendan de las condiciones concretas en que prestan servicio sus trabajadores. La prevención no puede limitarse a una charla ocasional, un cartel en una dependencia o un número telefónico que nadie se atreve a utilizar por miedo a quedar señalado.
La Policía de Salta, como todas las fuerzas de seguridad del país, debe garantizar mecanismos permanentes de escucha, asistencia psicológica y psiquiátrica profesional, reserva absoluta de la consulta, seguimiento de situaciones de riesgo y acompañamiento para las familias y compañeros de trabajo. También debe revisar las prácticas laborales y disciplinarias que pueden agravar situaciones de sufrimiento.
La muerte del sargento ayudante José Miguel Gómez genera consternación entre sus compañeros y vuelve a plantear una pregunta que ninguna institución debería esquivar: ¿qué hizo, qué dejó de hacer y qué debe transformar el Estado para cuidar a quienes tienen a su cargo tareas de seguridad pública?
Ante una crisis de salud mental o riesgo inminente, se debe llamar al 911, dirigirse a la guardia de salud más cercana o buscar contención de personas de confianza. El Centro de Asistencia al Suicida atiende en el 0800-345-1435.
Fuente de los datos preliminares: Qué Pasa Salta.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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