Alejandro e Iván Arrieta y Horacio Couto fueron arrestados frente a la Casa de Gobierno mientras exigían la misma respuesta que, según sostienen, recibió el grupo que levantó el acampe semanas atrás. La causa es por presunta resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.
La detención de tres ex policías frente a la Casa de Gobierno de Misiones dejó expuesta una pregunta que el Gobierno provincial debería responder con claridad: qué alcance tuvo el “acercamiento” que permitió levantar el acampe encabezado por Diego Correa y Adolfo Guirula, y si existe una vía de solución equivalente para los demás ex integrantes de la fuerza alcanzados por el mismo conflicto.
Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto fueron detenidos este lunes luego de entregar un petitorio y encadenarse frente a la sede gubernamental. Reclaman una definición sobre su situación laboral, el pago de haberes retenidos y una audiencia con el gobernador Hugo Passalacqua.
La Justicia abrió una causa por presunta resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas, mientras los familiares de los detenidos sostienen que se trató de una protesta pacífica y niegan la acusación.
La camioneta y las preguntas que abrió
El trasfondo inmediato del reclamo fue una publicación de la concesionaria Almar Autos, difundida el 18 de septiembre, en la que se veía a Diego Correa retirando una camioneta RAM usada. La firma acompañó la imagen con la frase: “Hoy Diego se llevó su RAM”.
La adquisición ocurrió unas tres semanas después de que Correa y Guirula levantaran el acampe que habían mantenido durante 143 días frente a la Casa de Gobierno. La protesta comenzó el 6 de abril, con ambos ex policías encadenados a una ventana próxima al ingreso de la denominada Rosadita, y terminó el 27 de agosto.
El “acercamiento” con el Gobierno
Al anunciar el levantamiento de la medida, Correa informó públicamente que habían tenido un “acercamiento con el gobierno” por medio de un intermediario. Señaló entonces que no habían alcanzado todos sus objetivos, pero que en los días siguientes se liberarían los sueldos retenidos; también afirmó que se evaluarían las causas judiciales y, si no fuera posible la reincorporación policial, una eventual incorporación a la administración pública.
No hay información oficial que permita afirmar que la camioneta haya sido adquirida con fondos provenientes de un acuerdo estatal ni que Correa y Guirula hayan obtenido una solución distinta de la anunciada públicamente. Una fotografía de una compra, por sí sola, no demuestra el origen de los recursos ni acredita privilegios.
Pero sí explica por qué los demás ex policías, sin salarios y sin definición desde hace dos años, exigen transparencia e igualdad de trato.
“La misma solución”
“Queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”, plantearon los Arrieta y Couto en la nota dirigida al gobernador. Según sus familiares, los tres solicitaron recuperar sus haberes, volver a trabajar y encontrar una salida legal que permita dar estabilidad a sus familias.
Los ex policías involucrados en este conflicto estuvieron vinculados a la causa por presunta conspiración e intento de sedición surgida tras las protestas salariales de 2024. Correa estuvo detenido más de siete meses y recuperó la libertad el 27 de julio de 2025. En ese expediente también se encuentra involucrado el actual diputado provincial Ramón Amarilla. Las imputaciones, desde luego, no equivalen a una condena.
Reclamo por los haberes
El planteo presentado este lunes reclamaba una definición para los ex integrantes de la Policía de Misiones que permanecen apartados de sus funciones, sin percibir haberes y sin una resolución sobre su situación laboral, según consta en el petitorio difundido.
Britez sostuvo que la familia tomó conocimiento días atrás de que Correa había adquirido una camioneta y se acercaron para conocer si existía algún acuerdo con el Gobierno provincial.
“Fue chocante. Los muchachos están dos años sin trabajo”, afirmó la mujer, quien contó que uno de los hermanos Arrieta se dedicaba a cortar el pasto para generar ingresos.
Actualmente, los tres permanecen detenidos en la Comisaría Primera de Posadas. Sus familiares se presentaron ante el Juzgado de Instrucción para pedir información sobre la situación y señalaron que podrían volver a comparecer ante el juez entre este martes y el jueves. Además, expresaron preocupación por el estado de salud de Alejandro Arrieta, debido a que padece diabetes.
Una respuesta que sigue pendiente
El punto de fondo no es la camioneta, sino la opacidad. Si hubo un canal de diálogo con el Gobierno, si se liberaron haberes o si se estudian alternativas de reinserción laboral, corresponde que se informe cuáles son los criterios, quiénes pueden acceder y bajo qué condiciones.
Las soluciones parciales o informales, cuando no se explican, terminan alimentando sospechas, fragmentando a quienes compartieron un reclamo y dejando a otros trabajadores en una situación de abandono.
El Estado tiene derecho a preservar el orden público y la Justicia debe investigar los incidentes ocurridos frente a Casa de Gobierno. Pero la detención no puede sustituir la respuesta pendiente sobre el futuro laboral y económico de quienes, tras casi dos años de conflicto, siguen reclamando una definición.
Fuentes: Misiones Cuatro / La Voz de Misiones / Misiones Online
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(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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