La eliminación del beneficio al gas natural en Rosario y el sur santafesino amenaza con encarecer las facturas hasta un 80%.
Para la familia policial, que ya sostiene su economía con ingresos deteriorados, recargos, créditos y gastos de traslado, la medida puede convertirse en un nuevo factor de endeudamiento.
La eliminación del régimen de “Zona Fría” vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no se corrige con discursos sobre orden fiscal: ningún salario puede rendir cuando los servicios esenciales avanzan más rápido que los ingresos. En Rosario y otros departamentos del sur santafesino, la medida supone la pérdida de descuentos que hasta ahora alcanzaban entre el 30% y el 50% de las facturas de gas, con proyecciones de aumentos que podrían llegar al 80% por la nueva forma de calcular los cargos.
Para una familia policial, el impacto no es abstracto ni puede medirse solamente en una boleta. Se suma a un cuadro conocido: remuneraciones que pierden poder de compra, alquileres o cuotas hipotecarias, alimentos, medicamentos, transporte, mantenimiento de vehículos y deudas asumidas para llegar a fin de mes. El uniforme no abriga una casa cuando la factura vence.
El beneficio de Zona Fría había alcanzado a Rosario y a otros siete departamentos del sur provincial desde la ampliación del régimen realizada en 2021. Su eliminación implica que una parte importante de los hogares que dependían de ese alivio deberá afrontar el costo pleno del servicio justo cuando el invierno exige mayor consumo y cuando los presupuestos familiares ya llegan exhaustos a cada cierre de mes.
La particular vulnerabilidad de la familia policial
El personal policial no dispone de una jornada laboral ordinaria ni de una economía doméstica previsible. Los cambios de turno, los recargos, las guardias extendidas y los traslados obligados o frecuentes hacen que el gasto de movilidad sea estructural. A ello se agrega que muchas familias organizan su vida cotidiana en torno a horarios irregulares: cuidado de hijos, comidas fuera de horario, traslados escolares y, en numerosos casos, el costo de sostener dos vehículos o de vivir lejos del destino de servicio.
Cuando sube el gas, no aumenta únicamente el gas. El encarecimiento se traslada a los alimentos elaborados, al comercio de cercanía, a los alquileres y expensas, a la industria y, finalmente, a cada precio de la canasta familiar. La quita del beneficio puede transformarse, entonces, en una doble pérdida: una factura domiciliaria más alta y un nuevo aumento del costo general de vida.
En una economía salarial ya tensionada, la consecuencia previsible es mayor dependencia del crédito, refinanciación de tarjetas y postergación de gastos básicos. No se trata de “malas administraciones familiares”, como suele insinuarse desde escritorios que nunca conocen un recargo de catorce horas, sino de ingresos insuficientes frente a obligaciones que no pueden dejar de pagarse.
Un cambio que también afecta al trabajo y al empleo
La preocupación alcanza igualmente a las pequeñas y medianas empresas. El gas es un insumo decisivo para panaderías, industrias alimenticias, vidrierías y otros sectores productivos. Si el costo energético se dispara, se encarece la producción, se reducen márgenes, se frenan contrataciones y aumenta el riesgo de cierres. Las familias policiales no viven fuera de esa realidad: dependen también de la actividad económica de sus parejas, hijos y comunidades.
Existe, además, una cuestión que merece explicación pública. Los usuarios continuarán afrontando un cargo destinado al fideicomiso vinculado al régimen, pero el alcance y destino de esos fondos deberá ser precisado con absoluta transparencia. No puede naturalizarse que se mantenga una carga en la factura mientras se retira la protección que justificaba su existencia.
La discusión sobre las zonas frías no es un privilegio territorial ni una concesión caprichosa. Es una herramienta de equilibrio ante condiciones climáticas y consumos inevitables. Ya durante el tratamiento presupuestario de 2026 se habían presentado objeciones institucionales contra la eliminación del régimen, precisamente por el perjuicio que podía provocar sobre los hogares alcanzados.
La familia policial, como cualquier familia trabajadora, necesita previsibilidad y servicios accesibles. Si el Estado exige disponibilidad permanente para cuidar a la sociedad, no puede aceptar como normal que quienes prestan esa tarea deban elegir entre calefaccionar su casa, pagar una deuda o comprar los alimentos de la semana.
Una conquista que alivió los inviernos familiares
El régimen de Zona Fría no nació como un privilegio, sino como una compensación ante consumos de gas inevitables. Su antecedente está en la Ley 25.565, sancionada en 2002, que contempló descuentos para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió ese reconocimiento a regiones con inviernos rigurosos y alto consumo de calefacción, entre ellas ocho departamentos del sur de Santa Fe: Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano.
El beneficio significó una rebaja del 30% en la factura para los usuarios residenciales alcanzados y del 50% para hogares vulnerables, jubilados y beneficiarios de tarifa social. No era una dádiva: permitió que cientos de miles de familias santafesinas pudieran calefaccionar sus viviendas sin convertir una necesidad elemental en deuda. La ampliación tuvo vigencia prevista hasta 2031; la nueva ley la revierte y deja a Rosario fuera del descuento automático.
Los votos santafesinos que acompañaron el recorte
La eliminación del beneficio no fue una consecuencia inevitable ni una decisión sin responsables políticos. El proyecto del Poder Ejecutivo obtuvo media sanción en Diputados el 21 de mayo de 2026 con el respaldo de ocho representantes santafesinos: Alejandro Bongiovanni, Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Verónica Razzini, Yamile Tomassoni y Valentina Ravera. Todos votaron a favor de reducir el régimen que protegía a los hogares del sur provincial.
En sentido contrario se pronunciaron Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Agustín Rossi, Diego Giuliano, Germán Martínez, Caren Tepp, Esteban Paulón, Pablo Farías y Gisela Scaglia. Rocío Bonacci y José Núñez estuvieron ausentes.
La votación final del Senado convirtió luego la reforma en ley por 38 votos contra 8, pero el respaldo de esos ocho diputados santafesinos fue el primer paso legislativo indispensable para quitarle a la provincia una protección tarifaria que alcanzaba a más de medio millón de usuarios.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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