El nombre del funcionario habría aparecido en grafitis que lo acusan de vínculos con el narcotráfico. Si el relevo se produjo por ese motivo, la Jefatura y el Ministerio de Justicia y Seguridad deben explicar qué información verificaron y bajo qué procedimiento actuaron.
Un alto jefe del Comando Radioeléctrico de Rosario habría sido relevado de su función luego de que su nombre apareciera en pintadas anónimas con una acusación gravísima: supuestos “arreglos con narcos”.
La acusación, por su propia entidad, no puede ser naturalizada ni tratada como una cuestión menor. Si existe un elemento verificable que permita sospechar de connivencia policial con organizaciones criminales, corresponde una investigación administrativa y judicial seria, reservada, rápida y con garantías. Pero si el desplazamiento se produjo únicamente a partir de un grafiti anónimo, la medida abre una pregunta institucional igualmente grave: ¿Cuál es el estándar que se está aplicando para relevar a un jefe policial?
No se discute que la conducción tenga facultades para reorganizar destinos y remover funcionarios de confianza. Lo que se reclama es algo más básico: coherencia, transparencia y respeto por reglas mínimas. Una pintada puede constituir un dato inicial, un indicio que exige ser verificado; no es por sí sola prueba de una conducta delictiva, ni debería convertirse automáticamente en una sentencia laboral dictada desde una pared.
En otras oportunidades se formularon denuncias mucho más precisas sobre hechos presuntamente irregulares dentro de la estructura policial: nombres y apellidos, lugares, fechas, modalidades, documentación, testigos o datos concretos que permitían orientar una pesquisa. Sin embargo, varios de esos señalamientos no derivaron en respuestas públicas equivalentes ni en medidas visibles contra los involucrados.
Esa diferencia de tratamiento alimenta una sospecha razonable: que en algunos casos se actúa con una velocidad llamativa frente al impacto mediático o político, mientras denuncias respaldadas por información concreta quedan demoradas, archivadas de hecho o sin explicación conocida. Así no se combate la corrupción: se debilita la credibilidad de quienes deberían investigarla.
La Jefatura de Policía y el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe deben informar con claridad:
- si el jefe fue efectivamente relevado;
- cuál fue la razón formal de la medida;
- si existe una actuación administrativa, una denuncia penal o una investigación previa;
- qué elementos objetivos fueron considerados;
- y si la medida es preventiva, transitoria o definitiva.
También deben asegurar que la acusación sea investigada a fondo, sin encubrimientos ni condenas anticipadas. Si hubo connivencia con narcos, la responsabilidad debe establecerse con pruebas y llegar hasta donde corresponda. Si no la hubo, utilizar una pintada anónima como mecanismo de disciplinamiento o desplazamiento sería un precedente peligroso para toda la institución.
La seguridad pública no puede administrarse con rumores, operaciones ni silencios. Frente a una imputación tan seria, lo responsable no es mirar para otro lado ni improvisar una respuesta: es investigar, explicar y aplicar el mismo criterio para todos.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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