Allanaron a Unión Personal: es la obra social que brinda cobertura al personal de la PSA

La Justicia Federal realizó procedimientos en las oficinas centrales de la Obra Social Unión Personal, perteneciente a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), para determinar responsabilidades por el presunto incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenaban tratamientos médicos urgentes.

El saldo que investiga la Justicia es gravísimo: dos de los afiliados involucrados fallecieron y un tercero sufrió un marcado agravamiento de su cuadro clínico.

Para quienes integran la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el caso tiene además una dimensión particular que no puede pasar inadvertida.

Unión Personal es la entidad con la que la PSA mantiene desde hace años convenios para brindar prestaciones médico-asistenciales a integrantes de la fuerza.

La relación no es circunstancial ni reciente.

Documentación oficial de la propia PSA consigna que el 22 de junio de 2006 el organismo celebró un convenio con Unión Personal por el cual el personal que desarrollaba tareas bajo relación de dependencia pasó a ser beneficiario de las prestaciones médico-asistenciales de esa obra social, inicialmente mediante el Plan Classic y con posibilidades de acceder a planes superiores según determinadas condiciones.

Posteriormente se incorporaron mecanismos específicos para brindar cobertura a personal retirado y pensionado. El Plan Anual de Trabajo 2025 de la Unidad de Auditoría Interna de la PSA todavía registra un Convenio Prestacional entre Unión Personal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, rubricado el 17 de noviembre de 2020, destinado a la cobertura médico-asistencial del personal retirado, beneficiarios de pensión y sus correspondientes grupos familiares.

Dos muertes y una pregunta que ahora debe responder la Justicia

La investigación conocida este martes está encabezada por el fiscal federal Carlos Martínez, acompañado por los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro, integrantes de la Unidad Fiscal Mar del Plata.

De acuerdo con la información publicada por Ahora Mar del Plata, los investigadores intentan establecer qué ocurrió con tres pacientes que habían conseguido resoluciones favorables del Juzgado Federal N.º 2 de Mar del Plata ordenando a Unión Personal garantizar prestaciones médicas consideradas necesarias dentro de plazos urgentes.

La hipótesis bajo investigación es que esas órdenes judiciales no habrían sido cumplidas, o habrían sido ejecutadas tardíamente.

Dos de esas personas murieron.

La tercera sobrevivió, pero habría sufrido un agravamiento importante de su estado de salud.

Por ahora eso no significa que judicialmente se haya establecido que las demoras de la obra social causaron las muertes. Precisamente uno de los puntos que deberá determinar la investigación mediante peritajes es si existe una relación causal entre los incumplimientos atribuidos a la entidad y los desenlaces médicos posteriores.

Esa diferencia es fundamental.

Una cosa es acreditar que una orden judicial no fue cumplida y otra, jurídicamente mucho más grave, demostrar que ese incumplimiento produjo o contribuyó directamente a una muerte.

Eso es justamente lo que ahora intenta determinar la Justicia.

Allanamientos para reconstruir quién recibió las órdenes y qué hizo con ellas

El juez federal Santiago Inchausti autorizó órdenes de presentación con allanamiento en subsidio sobre las oficinas centrales de Unión Personal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los procedimientos buscaron obtener expedientes administrativos y documentación interna vinculada con los tres afiliados.

El objetivo es reconstruir algo extremadamente concreto:

quién recibió cada orden judicial, por qué área circuló, qué funcionario debía tomar una decisión, qué resolución adoptó y por qué la prestación reclamada no habría llegado en el tiempo dispuesto por la Justicia.

Es decir, la investigación comienza a desplazarse desde la abstracción institucional —“la obra social no cumplió”— hacia la identificación de las personas concretas que habrían tenido responsabilidades dentro de la cadena administrativa.

Los tres expedientes fueron unidos por un posible patrón común

Los reclamos originalmente se tramitaron por separado.

Sin embargo, el 11 de noviembre de 2025, la Fiscalía decidió acumular los tres casos dentro de un mismo legajo debido a las coincidencias subjetivas y probatorias existentes entre ellos.

La unificación permite investigar si los incumplimientos fueron episodios aislados o si existió una modalidad reiterada de actuación de la entidad frente a órdenes judiciales relacionadas con prestaciones sanitarias.

Hasta el momento, los hechos fueron encuadrados provisoriamente como posible desobediencia a una orden de autoridad, figura contemplada por el artículo 239 del Código Penal.

Esa calificación puede modificarse conforme avance la investigación.

Para la PSA esto no es una noticia ajena

Ese es el aspecto que merece especial atención.

Unión Personal no es para los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria una obra social desconocida que aparece circunstancialmente en las noticias.

Existe una vinculación prestacional documentada durante aproximadamente dos décadas.

El convenio oficial disponible en el sitio del Estado nacional recuerda expresamente que en 2006 la PSA acordó con Unión Personal incorporar al personal dependiente de la institución como beneficiario de sus prestaciones médico-asistenciales.

Incluso documentación utilizada para la atención sanitaria identifica específicamente un “Plan Classic para la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, con credenciales correspondientes al sistema Unión Personal.

Por eso, lo ocurrido en Mar del Plata debería ser observado con particular atención por las autoridades de la fuerza, por sus trabajadores y por las familias alcanzadas por estos esquemas de cobertura.

Ya existían reclamos desde sectores de la PSA

Además, las dificultades con la cobertura sanitaria del personal aeroportuario no aparecen por primera vez ahora.

En agosto de 2025 se hizo pública una presentación de la Unión del Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (UPPSA) en la que se cuestionaba la situación económica y sanitaria atravesada por integrantes de la fuerza y sus familias y se señalaban específicamente problemas relacionados con Unión Personal y con los coseguros aplicados al Plan Classic.

Aquella denuncia gremial y la investigación penal actualmente abierta son cuestiones diferentes y no deben confundirse.

Pero juntas plantean una pregunta razonable acerca del funcionamiento del sistema de cobertura que alcanza a trabajadores de una fuerza federal de seguridad.

El policía también necesita que alguien lo proteja

Los integrantes de las fuerzas de seguridad trabajan cotidianamente en escenarios donde el riesgo forma parte de la función.

Pero detrás del uniforme existe un trabajador y detrás de ese trabajador existe una familia.

Una enfermedad grave, una discapacidad, una operación urgente o un tratamiento prolongado pueden colocar a cualquier familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

Por eso una cobertura médica no puede convertirse en una carrera interminable de autorizaciones, expedientes, intimaciones, cartas documento y recursos de amparo.

Mucho menos cuando ya existe una decisión judicial que ordena prestar el servicio.

Cuando una persona debe recurrir a un juez para conseguir un tratamiento médico comienza a evidenciarse un problema.

Cuando consigue una sentencia favorable y aun así debe continuar reclamando su cumplimiento, el problema adquiere otra dimensión.

Y cuando existen fallecimientos posteriormente sometidos a investigación para determinar si guardan relación con esas demoras, corresponde que las instituciones que confían la salud de su personal a ese prestador observen el expediente con máxima atención.

La PSA debería mirar de cerca esta investigación

La causa recién está comenzando y las responsabilidades penales deberán establecerse mediante el debido proceso.

Pero para la Policía de Seguridad Aeroportuaria existe además una responsabilidad institucional independiente de la investigación penal: verificar de qué manera se encuentran siendo atendidos actualmente sus integrantes y sus familias y controlar el efectivo cumplimiento de los convenios sanitarios vigentes.

No hace falta esperar una condena penal para realizar una auditoría prestacional.

Tampoco resulta razonable que el trabajador policial sea quien deba descubrir individualmente, cuando aparece una enfermedad grave, cuáles son las debilidades del sistema sanitario que debería protegerlo.

La propia documentación estatal confirma que la vinculación entre la PSA y Unión Personal lleva años.

Ahora una investigación federal intenta determinar si esa misma obra social desobedeció decisiones judiciales en casos donde estaban en juego prestaciones médicas urgentes y donde posteriormente murieron dos personas.

Para el personal aeroportuario, entonces, no es simplemente una noticia judicial ocurrida en Mar del Plata.

Es una señal que merece ser observada.

Porque quienes diariamente tienen encomendada la protección de otros también necesitan garantías concretas cuando llega el momento de proteger su propia salud y la de sus familias.

Proteger al que protege también significa garantizar que su derecho a la salud no dependa de ganar primero un amparo y después otra batalla para conseguir que ese amparo se cumpla.