El Subcomisario (R) Francisco «Pancho» Cordón Grimsditch, concejal de Godoy Cruz y referente del bloque Defensa Ciudadana, puso bajo la lupa una afirmación del presidente Javier Milei durante una entrevista con Luis Majul.
El mandatario aseguró que su Gobierno había expulsado a 10.000 “terroristas” durante 2025 y otros 20.000 en 2026. Los datos oficiales conocidos hasta ahora describen, en cambio, expulsiones, rechazos e inadmisiones por razones migratorias y antecedentes penales, sin identificar a esas personas como integrantes de organizaciones terroristas.
“¿Sabés cuánto llevamos echado este año? (…) El año pasado 10.000. Este año ya llevamos 20.000”.
La frase pertenece al presidente Javier Milei y fue pronunciada durante una entrevista con el periodista Luis Majul.
@panchocordon Escuchalo hasta el final… Cuidado con el significado de las palabras Milei #terrorismo #mendoza #polícia #defensoresciudadanos #defensaciudadana @Gobierno de Mendoza @Godoy Cruz @Gabriel Conte @INTERPOL @Agencia de inteligencia ♬ sonido original – Pancho Cordón Grimsditch
Cuando fue consultado acerca de quiénes eran esas personas, el mandatario respondió que se trataba de “terroristas” y afirmó que eran personas provenientes de otros países que intentaban ingresar para “dinamitar el modelo argentino”. La declaración fue reproducida este martes por distintos medios y generó pedidos de información para precisar el alcance real de esas cifras.
Las palabras llamaron especialmente la atención de Francisco Cordón Grimsditch, concejal de Godoy Cruz, Mendoza, quien dedicó un informe audiovisual a analizar la afirmación presidencial desde el punto de vista de la seguridad y del significado jurídico del terrorismo.
Cordón encabeza el bloque unipersonal Defensa Ciudadana en el Concejo Deliberante de Godoy Cruz. Su espacio surgió en 2024 luego de su salida del Partido Verde y posteriormente se vinculó políticamente con sectores del Partido Demócrata y La Libertad Avanza. El propio concejal ha desarrollado actividad y formación vinculada con seguridad, inteligencia y terrorismo.
“Las palabras de un presidente pesan”
El análisis comienza con una advertencia sencilla: “Las palabras de un presidente pesan”. La frase apunta a una cuestión fundamental.
“Terrorista” no es solamente una expresión coloquial para describir a una persona peligrosa, un delincuente extranjero o alguien que intenta ingresar al país irregularmente.
En el derecho argentino existe una dimensión jurídica específica.
El artículo 41 quinquies del Código Penal establece un agravamiento cuando determinados delitos son cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o de obligar a autoridades públicas nacionales, gobiernos extranjeros o agentes de organizaciones internacionales a realizar o abstenerse de realizar determinados actos.
Esa precisión cambia completamente el significado de la afirmación presidencial.
¿Argentina detectó realmente 30.000 terroristas?
El interrogante planteado por Cordón es directo.
Si durante 2025 y 2026 Argentina hubiese detectado 30.000 personas vinculadas con actividades terroristas, no estaríamos frente a una estadística migratoria ordinaria.
Estaríamos frente a un fenómeno de seguridad nacional e internacional de dimensiones excepcionales.
Treinta mil personas identificadas como terroristas implicarían investigaciones criminales, actuaciones de inteligencia, cooperación internacional, alertas migratorias, posibles vínculos organizacionales y eventualmente intervención judicial.
Sin embargo, los datos oficiales difundidos por el propio Gobierno describen otro escenario.
Lo que dice el Ministerio de Seguridad
El 18 de septiembre de 2026, el Ministerio de Seguridad Nacional informó oficialmente que desde febrero habían sido expulsados, rechazados en frontera o inadmitidos más de 20.000 extranjeros.
El propio comunicado explica los motivos considerados por el Gobierno.
La ministra Alejandra Monteoliva señaló que los controles estaban dirigidos contra personas con antecedentes, documentación irregular o incumplimientos de los requisitos migratorios, además de extranjeros con órdenes de expulsión.
El comunicado oficial no sostiene que esas más de 20.000 personas fueran terroristas.
Tampoco afirma que pertenecieran a organizaciones terroristas ni que hubieran sido detectadas planificando atentados.
Esa diferencia constituye el centro del cuestionamiento.
Expulsar, rechazar e inadmitir no son sinónimos
Hay además un problema estadístico.
El dato difundido por Seguridad agrupa tres situaciones jurídicas diferentes:
expulsión, rechazo e inadmisión.
No significan lo mismo.
Una persona puede ser impedida de ingresar al país porque no reúne determinados requisitos migratorios.
Otra puede ser rechazada en un paso fronterizo.
Y otra puede encontrarse dentro del territorio argentino y ser alcanzada por una orden de expulsión.
Sumar las tres categorías puede servir para describir la actividad general del sistema migratorio, pero no convierte automáticamente a todas esas personas en deportadas.
Y mucho menos en terroristas.
El diario El País, al revisar los registros oficiales disponibles, informó que entre enero y agosto de 2026 se registraron 744 expulsiones y 18.947 rechazos migratorios, mientras que durante 2025 hubo 772 expulsiones. Según esa revisión, los motivos estuvieron asociados principalmente con irregularidades migratorias y delitos comunes y no aparecen identificados públicamente casos que permitan sostener la cifra de 30.000 terroristas.
Antecedentes penales tampoco equivalen a terrorismo
Otro punto señalado en el video merece ser destacado.
Una persona extranjera puede poseer antecedentes por narcotráfico, robo, homicidio u otros delitos y, en determinadas circunstancias previstas por la normativa migratoria, esa condición puede impedir su ingreso o fundamentar una expulsión.
Pero tener antecedentes penales no transforma jurídicamente a alguien en terrorista.
El terrorismo supone otros elementos.
El propio Código Penal argentino vincula esa calificación con la finalidad de aterrorizar a la población o coaccionar a autoridades nacionales, gobiernos extranjeros u organismos internacionales.
Por eso el problema planteado por Cordón no consiste en cuestionar que Argentina controle sus fronteras.
Su razonamiento va en sentido contrario: sostiene que cuanto más grave es la amenaza, mayor debe ser la precisión con la que se la define.
Una palabra particularmente sensible para Argentina
El concejal introduce además una dimensión histórica.
Argentina sufrió dos atentados terroristas de enorme magnitud: el ataque contra la Embajada de Israel en 1992 y el atentado contra la AMIA en 1994.
Por eso, sostiene, utilizar públicamente la palabra “terrorista” requiere especial responsabilidad institucional.
El cuestionamiento no consiste en impedir que el Presidente utilice el término cuando corresponda.
Consiste en exigir que una afirmación de semejante magnitud tenga respaldo documental.
“¿Dónde están los documentos?”
En el tramo central del video, Cordón formula una serie de preguntas que deberían poder responderse mediante información oficial:
¿Cuántas personas fueron realmente expulsadas del territorio argentino?
¿Cuántas fueron simplemente rechazadas en frontera o inadmitidas?
¿Cuántas tenían antecedentes penales?
¿Y cuántas estaban efectivamente vinculadas con organizaciones o actividades terroristas?
La diferencia no es semántica.
Es institucional.
A raíz de los dichos presidenciales también se presentó en la Cámara de Diputados un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer las cifras y antecedentes que respaldarían las declaraciones del Presidente.
Combatir el terrorismo exige justamente precisión
Cordón deja expresamente aclarado que su posición no consiste en reclamar controles migratorios más débiles.
Por el contrario.
Sostiene que Argentina debe combatir con firmeza al terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado y ejercer controles efectivos sobre sus fronteras.
Pero precisamente por tratarse de amenazas graves, considera necesario evitar que conceptos jurídicos y estratégicos diferentes terminen mezclados bajo una misma etiqueta.
Terrorismo, crimen organizado, delincuencia común e irregularidad migratoria pueden incluso relacionarse en determinados casos.
Pero no son sinónimos.
Cuando habla el Presidente habla el Estado
Existe además una dimensión internacional.
Una declaración presidencial no permanece encerrada dentro de una entrevista televisiva.
Es observada por gobiernos extranjeros, representaciones diplomáticas, organismos internacionales, servicios de inteligencia y medios de comunicación.
Si el jefe del Estado argentino afirma públicamente que su Gobierno detectó y expulsó decenas de miles de terroristas, esa declaración puede ser interpretada en el exterior como información sobre la existencia de una amenaza terrorista excepcionalmente extendida dentro o alrededor del país.
Por eso Cordón plantea que las afirmaciones deberían estar acompañadas por información verificable.
La diferencia entre discurso político y estadística oficial
El problema puede resumirse comparando dos afirmaciones.
Por un lado, el Presidente habló de 10.000 terroristas expulsados el año pasado y 20.000 este año.
Por otro, el Ministerio de Seguridad informó oficialmente más de 20.000 extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos desde febrero, debido a antecedentes, irregularidades documentales, incumplimientos migratorios u órdenes de expulsión.
No son afirmaciones equivalentes.
Hasta que exista documentación oficial que permita relacionar aquellas personas con actividades u organizaciones terroristas, la cifra presidencial no puede ser tratada periodísticamente como una estadística comprobada de terrorismo.
“30.000 terroristas necesitan 30.000 explicaciones”
Cordón cierra su exposición con una frase que sintetiza el planteo:
“30.000 terroristas necesitan 30.000 explicaciones”.
No se trata solamente de discutir una palabra.
Se trata de determinar qué información tiene el Estado argentino sobre una de las amenazas más graves para la seguridad nacional.
Si efectivamente fueron identificadas 30.000 personas vinculadas con el terrorismo, corresponde conocer —dentro de los límites que imponen la seguridad y la inteligencia— qué organismos intervinieron, qué criterios se utilizaron y qué actuaciones se iniciaron.
Si, en cambio, se estaba haciendo referencia a extranjeros rechazados, inadmitidos o expulsados por distintos motivos migratorios o penales, entonces corresponde utilizar esas categorías.
Porque controlar las fronteras requiere firmeza.
Combatir el terrorismo exige todavía algo más: inteligencia, profesionalismo, cooperación internacional y precisión conceptual.
Y cuando quien habla es el Presidente de la Nación, las palabras no son solamente palabras.
También son mensajes del Estado argentino.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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