Pullaro descubrió que “La gente no llega a fin de mes” pero sigue apoyando el ajuste

El gobernador santafesino admitió que el equilibrio fiscal y la baja de la inflación no alcanzaron, que esperaba crecimiento desde 2024 y que la población atraviesa serias dificultades. La contradicción es política: durante estos años acompañó leyes, pactos y reformas centrales del Gobierno nacional que hoy cuestiona por sus resultados.

Maximiliano Pullaro acaba de poner en palabras una realidad que millones de argentinos conocen desde hace tiempo por experiencia directa: el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, por sí solos, no alcanzan para mejorar la vida cotidiana cuando los ingresos siguen siendo insuficientes, el consumo se retrae, la actividad productiva pierde dinamismo y las familias deben hacer malabares para atravesar el mes.

La frase sería importante viniendo de cualquier gobernador, pero adquiere un peso político especial porque quien la pronuncia no fue durante estos años un adversario frontal del programa económico de Javier Milei, sino uno de los mandatarios provinciales que eligió acompañar varias de sus herramientas centrales bajo la expectativa de que, una vez ordenadas las variables macroeconómicas, llegaría finalmente la recuperación.

El propio Pullaro reconoció ahora que esperaba crecimiento económico desde el segundo semestre de 2024 y que ese proceso no se produjo en la magnitud prevista. También admitió que la gente no llega a fin de mes, señaló que la industria y el comercio no aparecen entre las prioridades del Gobierno nacional y sostuvo que Santa Fe perdió alrededor de 140.000 millones de pesos durante este año. Esa evaluación no puede leerse solamente como una crítica coyuntural a la Casa Rosada, porque obliga a revisar también el rol de quienes decidieron acompañar políticamente un rumbo que hoy juzgan insuficiente en sus resultados.

La responsabilidad principal, naturalmente, corresponde al Gobierno nacional, porque Javier Milei es quien conduce la economía, define las prioridades presupuestarias, establece el alcance del ajuste y convierte el equilibrio fiscal en el eje ordenador de toda la gestión. Pero la política no se agota en quien ejecuta; también comprende a quienes respaldan, negocian o facilitan los instrumentos que hacen posible una determinada orientación.

Pullaro acompañó la Ley Bases, participó del Pacto de Mayo y defendió reiteradamente la necesidad de otorgarle al Gobierno nacional herramientas para gobernar. Puede argumentar que lo hizo buscando estabilidad, defendiendo los intereses de Santa Fe o intentando contribuir a una recuperación económica que consideraba necesaria, pero ese acompañamiento existió y forma parte del balance.

El problema es que el programa nacional fue sostenido durante demasiado tiempo sobre una secuencia que siempre proyectaba la mejora hacia adelante. Primero había que soportar el ajuste, después estabilizar, luego bajar la inflación, más tarde recuperar la inversión y recién al final mejorarían los salarios, el empleo y el consumo. Ese relato podía resultar políticamente tolerable durante un período limitado, pero pierde fuerza cuando el tiempo pasa y la recuperación prometida sigue sin alcanzar a buena parte de la sociedad. El propio Pullaro, que esperaba crecimiento desde 2024, hoy reconoce que eso no ocurrió como suponía, y esa admisión tiene más valor político que muchos discursos opositores porque proviene de alguien que acompañó parte del recorrido.

Santa Fe, además, expone una contradicción particularmente significativa. Mientras el Gobierno nacional redujo gasto, transfirió responsabilidades y restringió obra pública, Pullaro reivindica ahora políticas provinciales anticíclicas, inversión estatal e infraestructura como herramientas para sostener empleo y consumo. Es decir, la Provincia intenta amortiguar mediante intervención pública los efectos de un programa nacional asentado en una lógica de retracción. Esa diferencia ya no parece menor ni circunstancial, porque sugiere una discusión más profunda sobre el papel del Estado, sobre cómo se impulsa la actividad económica y sobre qué instrumentos resultan necesarios para sostener el entramado productivo.

Lo que resulta difícil de sostener es una posición en la que se acompañan las herramientas principales de un programa y luego se critican únicamente sus consecuencias, como si entre unas y otras no existiera ninguna relación política. Gobernar una provincia obliga a negociar con la Nación, y nadie puede exigirle a un gobernador una oposición automática a cada iniciativa del Ejecutivo nacional, pero también es cierto que una oposición que acompaña decisiones estructurales debe asumir que esas decisiones tienen efectos. Si hoy Pullaro considera que el equilibrio fiscal no alcanza, que la industria y el comercio están relegados y que la gente no llega a fin de mes, entonces corresponde preguntarle qué parte de aquella expectativa inicial considera equivocada y qué rumbo alternativo propone ahora.

La crítica al Gobierno nacional debe ser igual de clara. No alcanza con exhibir mejores indicadores macroeconómicos si esos avances no se traducen en una mejora perceptible para la población. Una familia no vive de balances fiscales, un comerciante no paga proveedores con estabilidad estadística y una pyme no conserva empleos con la promesa de que algún día llegará el crecimiento. La macroeconomía importa, pero importa porque debería crear condiciones para que la vida social mejore; cuando esa traducción no aparece, el éxito deja de ser evidente y comienza a ser discutible.

También por eso resulta incompleto presentar el ajuste como una operación puramente técnica. Cada peso que se deja de transferir, cada obra que se posterga, cada programa que se reduce y cada responsabilidad que se desplaza hacia las provincias termina teniendo un destinatario concreto. El ajuste no desaparece: se traslada. Lo absorben las provincias, los municipios, las empresas, los trabajadores o directamente los hogares. Cuando Pullaro afirma que Santa Fe perdió 140.000 millones de pesos, está describiendo precisamente una parte de ese traslado.

La cuestión de fondo, entonces, ya no pasa por determinar quién tiene razón en una disputa discursiva entre Nación y Provincia, sino por establecer qué responsabilidades políticas existen en el camino recorrido. Milei debe responder por haber diseñado y ejecutado un programa que todavía no logra traducir estabilización en bienestar suficiente. Pullaro debe responder por haber acompañado varias de sus herramientas mientras esperaba que el resultado fuera otro. No son responsabilidades idénticas, pero sí son responsabilidades convergentes en distintos niveles: uno conduce el rumbo y el otro contribuyó a sostenerlo.

La política argentina suele padecer un problema recurrente: cuando una orientación parece exitosa, abundan quienes reivindican haberla acompañado; cuando comienzan a aparecer los costos, todos intentan presentarse como críticos tempranos o espectadores lejanos. La memoria pública, sin embargo, existe. Pullaro acompañó decisiones relevantes porque creyó que podían producir crecimiento, y ahora admite que ese crecimiento no llegó como esperaba. No hay nada ilegítimo en revisar una posición frente a la evidencia, pero sí hay una obligación de explicar el cambio y asumir las consecuencias del apoyo previo.

Por eso la frase “la gente no está llegando a fin de mes” no puede quedar flotando como una simple observación. Si ese es hoy el diagnóstico de Pullaro, entonces debería transformarse en una definición política concreta. ¿Qué debería cambiar del programa nacional? ¿Qué instrumentos deberían abandonarse? ¿Qué modelo productivo propone? ¿Qué rol debe tener la inversión pública? ¿Qué lugar deben ocupar la industria, el comercio y el trabajo? Si no aparecen respuestas a esas preguntas, la crítica corre el riesgo de convertirse en una forma de administrar el descontento sin discutir realmente el rumbo.

La Argentina no necesita una política económica basada únicamente en el ajuste ni una oposición que descubra demasiado tarde sus consecuencias. Necesita una discusión más seria sobre cómo combinar equilibrio fiscal, producción, empleo y bienestar, y esa discusión exige asumir responsabilidades sin evasiones. Milei no puede seguir pidiendo tiempo indefinidamente, y Pullaro no puede presentarse como ajeno a un proceso que acompañó en momentos decisivos.

La conclusión es incómoda para ambos: el Gobierno nacional es responsable del rumbo que eligió, y Pullaro es corresponsable en la medida en que ayudó a sostener varias de sus principales herramientas. Ahora que admite que la gente no llega a fin de mes, ya no alcanza con señalar el problema; también debe explicar qué parte de aquel apoyo considera hoy equivocada y qué propone hacer distinto.

“Quien quiera oír que oiga”