¿La “tercera posición”? El Coloso, la Policía y la hora en que la conducción empieza a soltar la mano

Newell’s cerró filas con su institución y anunció acciones judiciales; la conducción policial justificó el ingreso por flagrancia y persecución, pero rápidamente remitió los eventuales excesos a Fiscalía, Asuntos Internos y sumarios administrativos. Con todas las partes institucionales ya posicionadas, queda una pregunta incómoda: ¿Quién respalda al personal que fue enviado a intervenir si ahora comienza la búsqueda de responsabilidades?

Todo comenzó en la víspera después de la consagración de Rosario Central, cuando miles de hinchas salieron a festejar por distintos puntos de la ciudad y parte de ese movimiento terminó pasando por las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia. En ese contexto se produjeron altercados entre simpatizantes, ataques contra vehículos, una mujer herida y la posterior intervención de la Brigada Motorizada, que persiguió a varios involucrados hacia el interior del predio de Newell’s. El procedimiento derivó en detenciones, uso de munición antitumulto, tres policías lesionados y una fuerte polémica por el ingreso de efectivos al club, episodio que ahora quedó bajo análisis de la Fiscalía, Asuntos Internos y la propia estructura administrativa policial.

En la jerga del orden cerrado existen dos posiciones que cualquier integrante de una fuerza conoce desde sus primeros días: firmes y descanso. Sin embargo, dentro del lenguaje informal de las instituciones uniformadas suele mencionarse, con una ironía bastante menos inocente de lo que parece, una supuesta “tercera posición”: abrirse de piernas. No figura en reglamento alguno, pero todos entienden perfectamente su significado. Es la forma coloquial de describir el momento en que una conducción comienza a correrse, toma distancia del subordinado y procura dejarlo solo frente a las consecuencias de una intervención que, hasta unas horas antes, pertenecía a toda la estructura institucional.

Los graves incidentes ocurridos este martes en inmediaciones y dentro del estadio Marcelo Bielsa todavía deberán ser reconstruidos judicial y administrativamente, pero la reacción posterior de las distintas instituciones permite formular desde ahora una pregunta que excede la discusión futbolística y alcanza directamente al funcionamiento de la Policía: cuando el procedimiento deja de ser una orden operativa y se convierte en un problema político, mediático y judicial, ¿quién se queda al lado del personal que puso el cuerpo?

A esta altura ya están sobre la mesa las posiciones de todos. Newell’s Old Boys difundió un comunicado institucional de enorme dureza, negó responsabilidades de sus socios, hinchas y dirigentes, rechazó “enfáticamente” el accionar policial dentro de sus instalaciones, expresó “profunda desconfianza” hacia los responsables de la seguridad deportiva y anunció que recurrirá a la Justicia.

Del otro lado, el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, sostuvo que el ingreso policial se produjo en persecución de personas que habían cometido un delito en flagrancia, aunque frente a la insistencia periodística comenzó a remarcar que cualquier eventual exceso será investigado por Fiscalía, Asuntos Internos y mediante sumarios administrativos. Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos, adoptó una posición semejante y aseguró que cualquier policía que hubiera actuado “en demasía” será sancionado.

Lo que todavía no apareció con la misma contundencia fue una definición igualmente clara acerca del respaldo que recibirá el personal que haya actuado dentro de la ley.

Una intervención que comenzó mucho antes de la puerta del Coloso

La discusión pública empezó a concentrarse sobre las imágenes de policías ingresando al predio y utilizando munición antitumulto, pero el procedimiento no nació allí. Según la reconstrucción oficial, durante la noche del martes comenzaron a recibirse llamados al 911 por ataques contra vehículos en la zona de avenida Pellegrini, mientras simpatizantes de Rosario Central regresaban desde los festejos realizados en el Monumento Nacional a la Bandera.

Una mujer resultó herida en la cabeza y necesitó seis puntos de sutura. Hubo automóviles dañados, tres policías terminaron lesionados y posteriormente fueron secuestradas 17 abrazaderas. La Policía sostiene que personal de la Brigada Motorizada acudió después de los llamados y que algunos de quienes arrojaban elementos se desplazaron hacia el interior del predio, dando origen a una persecución que terminó dentro de las instalaciones.

Esa secuencia importa porque modifica sustancialmente la discusión. No estamos hablando, al menos según la versión oficial que ahora deberá comprobarse, de policías que decidieron ingresar espontáneamente a una institución deportiva, sino de una intervención iniciada a partir de denuncias concretas, personas heridas, daños y una presunta situación de flagrancia.

Cuando le preguntaron por qué habían ingresado armados, Villán respondió de manera casi elemental: “Somos policías, estamos armados”. También afirmó que se trató de una persecución de quienes habían arrojado elementos y que precisamente esa circunstancia justificó el ingreso.

La cuestión jurídica relevante, por lo tanto, deberá dividirse en dos planos diferentes. Primero habrá que determinar si existió efectivamente una persecución inmediata derivada de un delito flagrante y si el ingreso al predio estaba justificado. Después deberá analizarse qué ocurrió una vez adentro y si cada empleo de la fuerza fue necesario, proporcional y compatible con los protocolos vigentes.

Confundir ambas preguntas sólo sirve para simplificar un episodio que, por su propia naturaleza, exige reconstrucción completa.

Newell’s cerró filas; la conducción policial tomó distancia

El comunicado emitido por Newell’s resulta particularmente importante porque muestra una actitud institucional diametralmente diferente de la adoptada por la conducción policial.

El club no dejó abierta ninguna duda sobre su posicionamiento. Sostuvo que “ni los socios e hinchas ni los dirigentes de Newell’s Old Boys fueron quienes provocaron o dieron origen a los hechos ocurridos”, afirmó que su comunidad se vio involucrada por circunstancias ajenas a la institución y consideró “inaceptable” que se pretenda responsabilizar directa o indirectamente al club.

También rechazó “enfáticamente” el accionar policial y calificó el ingreso de los agentes como una “intromisión”, argumentando que Newell’s pertenece a sus socios y que su ámbito debe ser respetado. Finalmente expresó una “profunda desconfianza” hacia quienes conducen la seguridad deportiva y adelantó que accionará judicialmente.

Es decir, Newell’s cerró filas.

No esperó el resultado de los sumarios policiales, no aguardó una resolución fiscal ni dejó en suspenso su defensa institucional. Tomó posición en respaldo de su comunidad y anunció que llevará el conflicto a la Justicia.

Eso tampoco convierte automáticamente en verdadera la versión del club. Su afirmación de que ninguno de sus socios o hinchas originó los incidentes tendrá que confrontarse con las cámaras, los llamados al 911, los vehículos dañados, las lesiones constatadas, los elementos secuestrados y la identificación de quienes fueron detenidos.

Pero institucionalmente hizo algo perfectamente visible: defendió a los suyos.

La pregunta inevitable es por qué del otro lado la reacción parece bastante diferente.

Villán explicó por qué considera legal el ingreso, pero cuando las preguntas comenzaron a insistir sobre eventuales excesos reconoció incluso que todavía no había visto las imágenes y respondió que Fiscalía, Asuntos Internos y el correspondiente sumario administrativo determinarían si algún policía se había excedido.

Eso puede considerarse prudencia institucional y, en principio, es correcto no avalar cualquier conducta antes de conocer toda la evidencia. Sin embargo, el problema no está en anunciar una investigación, sino en que faltó la otra mitad de la respuesta: quien haya actuado correctamente también será respaldado por su conducción.

Velázquez y una posición que merece particular atención

Gustavo Velázquez adoptó prácticamente el mismo camino. Calificó las imágenes como “un retroceso muy grande”, se solidarizó con la mujer lesionada y señaló que Asuntos Internos ya había tomado intervención y mantenía contacto con la Fiscalía. Agregó que, si algún policía actuó de manera excesiva o hizo algo que no correspondía, será sancionado.

Velázquez, a quien este medio identifica además como  reconocido simpatizante y socio de Newell’s, ocupa justamente un lugar central dentro del dispositivo de seguridad para eventos masivos, por lo que cualquier análisis sobre lo ocurrido exige en su caso una especial prudencia institucional. Esa pertenencia personal no demuestra parcialidad ni invalida su función, pero hace todavía más necesario que toda evaluación quede apoyada en documentos, registros, comunicaciones, órdenes operativas y evidencia objetiva.

Lo llamativo vuelve a ser el mismo desequilibrio. Se explicó con claridad qué ocurrirá si un policía actuó mal, pero no se escuchó con igual contundencia qué ocurrirá si ese policía actuó conforme a las órdenes, bajo una agresión real y dentro de los parámetros de uso de la fuerza.

Ahí comienza a tomar forma la sensación de orfandad.

No porque Asuntos Internos investigue. Debe hacerlo.

No porque intervenga la Fiscalía. También corresponde.

La orfandad aparece cuando el personal percibe que todos los organismos preparan el terreno para determinar su eventual responsabilidad, mientras nadie parece prepararse con la misma rapidez para garantizar su defensa institucional si el procedimiento fue legítimo.

La cadena de mando no desaparece cuando aparece un video

Una de las deformaciones más frecuentes de estas investigaciones consiste en reducir toda la secuencia al policía que finalmente aparece en una filmación utilizando la fuerza. El procedimiento completo desaparece y queda solamente el agente que disparó un cartucho antitumulto, empujó a una persona o realizó una detención.

Pero ninguna operación policial seria funciona así.

Antes hubo una planificación general, un dispositivo preventivo, asignación de unidades, comunicaciones por frecuencia, llamados al 911, decisiones sobre despliegue, órdenes transmitidas, mandos presentes y una cadena de responsabilidades que no comienza ni termina en quien sostiene un arma.

Por eso, si la Fiscalía, Asuntos Internos y la propia Policía pretenden determinar seriamente qué ocurrió, deberán reconstruir toda la secuencia: qué información existía previamente, quién diseñó el operativo, qué personal fue desplegado, quién ordenó reforzar la zona, quién dispuso el ingreso, qué información recibieron los agentes, cuáles fueron las órdenes impartidas y qué margen de decisión tenía cada uno.

Si hubo un problema de planificación, la responsabilidad pertenece al nivel de planificación. Si existió una orden equivocada, tendrá que responder quien la impartió. Si determinado policía ignoró una directiva y utilizó fuerza de manera injustificada, deberá responder individualmente. Pero si se saltea toda la estructura y se concentra la investigación solamente en los hombres y mujeres que terminaron frente al conflicto, estaremos ante otra cosa: una transferencia descendente del costo institucional.

La vieja figura del fusible policial aparece precisamente allí. Mientras el operativo es presentado como exitoso, pertenece a toda la estructura. Cuando el procedimiento genera cuestionamientos, comienza rápidamente la búsqueda del efectivo concreto que pueda absorber el costo del episodio.

La presión mediática y una condena que empieza antes de la investigación

La conferencia de prensa también expuso otra cuestión que merece ser analizada. Una parte importante de las preguntas se dirigió rápidamente hacia una hipótesis de actuación policial desmedida: por qué ingresaron armados, por qué dispararon dentro de una institución, si estaba permitido hacerlo, si había chicos realizando actividades, si la prevención había fallado y si la Policía debió cortar previamente determinadas arterias.

Las preguntas son válidas y forman parte del control democrático sobre cualquier fuerza de seguridad. El problema aparece cuando la investigación periodística comienza a reconstruir los hechos desde el final hacia el principio y los elementos que dieron origen a la intervención quedan reducidos a una referencia secundaria.

Había una mujer con seis puntos de sutura, tres policías heridos, vehículos dañados y 17 abrazaderas secuestradas. Hubo llamados al 911 y un operativo que, según la versión policial, se desplazó hacia el interior porque los presuntos agresores ingresaron al predio.

Nada de eso demuestra que después no hayan existido excesos. Pero tampoco puede borrarse del análisis para construir una escena en la que los únicos actores violentos sean quienes aparecen uniformados en un video.

Villán llegó incluso a recordar que se cumplen tres años del asesinato de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central que murió después de recibir un piedrazo cuando regresaba de un clásico. La referencia explica por qué la Policía tampoco puede simplemente observar desde lejos cuando personas comienzan a arrojar objetos contra vehículos identificados con los colores de otro club.

La omisión también puede matar.

La obligación estatal consiste precisamente en encontrar el equilibrio más difícil: intervenir cuando corresponde y hacerlo dentro de la ley.

La propiedad privada tampoco es un refugio frente a la flagrancia

El comunicado de Newell’s introduce además un argumento que seguramente formará parte del conflicto judicial: sostiene que el club es propiedad de sus socios y rechaza la “intromisión” de agentes policiales dentro de sus instalaciones.

El carácter privado de un predio merece respeto, pero no puede analizarse como si constituyera por sí solo una barrera infranqueable para la acción policial. Si se confirma que existía un delito flagrante y que personas perseguidas inmediatamente ingresaron al club, la discusión jurídica será bastante más compleja que simplemente afirmar que los policías no podían atravesar una puerta.

Otra cosa será establecer cómo actuaron después de ingresar.

Esa distinción es imprescindible.

Puede ocurrir perfectamente que el ingreso haya estado justificado y que alguna actuación posterior haya sido excesiva. También puede ocurrir que las imágenes más controvertidas tengan una explicación derivada de agresiones o resistencias que no aparecen en determinados registros. Todo eso deberá demostrarse y no debería resolverse mediante comunicados institucionales ni mediante fragmentos virales.

¿Quién va a defender al policía que actuó bien?

Con todas las partes institucionales ya posicionadas, ésta comienza a ser la pregunta central.

Newell’s tiene su dirigencia, sus abogados y toda la estructura del club preparada para defender su versión ante la Justicia. El Ministerio de Justicia y Seguridad cuenta con sus funcionarios, áreas jurídicas y Asuntos Internos. La Jefatura policial posee su propia estructura administrativa. La Fiscalía cuenta con todos los instrumentos legales para investigar.

El policía que estuvo en el terreno, en cambio, puede terminar citado judicialmente, sometido a un sumario, identificado públicamente, expuesto en redes sociales y necesitando asistencia jurídica individual para explicar decisiones tomadas en cuestión de segundos.

Y allí es donde una conducción demuestra realmente si existe.

La institución no está obligada a encubrir a nadie. Precisamente una fuerza profesional debe sancionar con rigor a quien abuse de las facultades que el Estado le concede. Pero esa misma institución tiene una obligación equivalente respecto del policía que cumplió correctamente su función: no dejarlo solo.

Investigar no significa abandonar.

Controlar no equivale a desentenderse.

Respetar la actuación fiscal no impide garantizar defensa técnica y respaldo institucional.

Y decir que cualquier exceso será sancionado debería ir acompañado de otra afirmación igualmente categórica: cualquier policía que haya actuado conforme a la ley será defendido por la institución que lo envió al lugar.

Esa frase todavía no apareció.

La “tercera posición” recién comienza a ponerse a prueba

Por eso aquella expresión de la jerga del orden cerrado vuelve ahora con una potencia particular.

En la primera etapa hubo una institución en posición de firmes: se planificó un operativo, se desplegaron unidades y se envió personal cuando llegaron llamados al 911.

Después vino el conflicto.

Ahora comienza la etapa en la que Fiscalía, Asuntos Internos, los abogados de Newell’s, los medios, las cámaras y los sumarios revisarán qué ocurrió.

Será allí donde sabremos cuál posición adopta finalmente la conducción.

Puede mantenerse firme, asumir la responsabilidad institucional completa del procedimiento, investigar lo que corresponda y respaldar simultáneamente al personal que actuó correctamente.

Puede esperar los resultados, en una prudente posición de descanso.

O puede elegir aquella “tercera posición” que ningún reglamento policial reconoce, pero que demasiados efectivos conocen perfectamente: correrse, tomar distancia y dejar que los últimos eslabones de la cadena absorban solos las consecuencias.

Todavía es temprano para afirmar que eso sucederá.

Pero ya existe una asimetría difícil de ignorar: Newell’s cerró filas y anunció que irá a la Justicia; la conducción policial y política anunció rápidamente cómo serán investigados los posibles excesos de los agentes.

Ahora falta la otra mitad.

Saber quién estará al lado de esos policías si, cuando termine toda la investigación, se demuestra que hicieron exactamente aquello que la propia institución los mandó a hacer.

Porque dar la orden es apenas una parte de conducir.

La conducción verdadera se descubre cuando llega el problema y hay que decidir si se sostiene al subordinado o se le suelta la mano.