Una comunicación de la Unidad Regional I exige anticipar quince días las licencias dentro de la provincia, treinta días las salidas fuera de Santa Fe y cuarenta y cinco las salidas del país. La orden no explica las razones operativas de la medida y abre un interrogante inevitable: ¿se trata solamente de organización administrativa o existe alguna previsión extraordinaria en materia de seguridad?
Una comunicación interna de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe, fechada el 29 de septiembre de 2026, llamó la atención entre el personal por el énfasis puesto en los tiempos con que deberán solicitarse las licencias y autorizaciones de salida.
El Circuito DOPURI Nº 290 dispone que las licencias anuales ordinarias contempladas por la Ley Nº 12.521 deberán remitirse con una anticipación mínima de quince días cuando sean usufructuadas dentro del territorio provincial.
Además, ratifica la vigencia de otra disposición anterior, el Circuito Nº 359/25, que exige treinta días de anticipación para salir de la provincia y cuarenta y cinco días para hacerlo fuera del país.
Una orden administrativa que deja una pregunta abierta
Hasta allí podría tratarse simplemente de una decisión destinada a ordenar administrativamente el funcionamiento de la fuerza.
Pero la oportunidad y la insistencia de la comunicación plantean una pregunta razonable:
¿La conducción policial espera algún acontecimiento especial o una situación de seguridad que requiera conocer con mucha anticipación la disponibilidad efectiva del personal?
El documento no lo dice.
No menciona elecciones, manifestaciones, operativos extraordinarios, estado de alerta, acontecimientos deportivos, conflictos sociales ni ninguna otra circunstancia concreta que justifique una previsión especial.
Precisamente por eso, la pregunta adquiere relevancia.
¿Orden administrativo o previsión operativa?
Una institución policial necesita saber con anticipación cuántos efectivos tendrá disponibles. Eso forma parte de cualquier planificación normal.
Sin embargo, cuando se exige una previsión de hasta 45 días para abandonar el país y se recuerda expresamente a las jefaturas que podrían existir actuaciones administrativas frente a incumplimientos, resulta legítimo preguntarse qué necesidad concreta motivó la reiteración de la orden en este momento.
Si se trata exclusivamente de reorganizar procedimientos administrativos, sería sencillo explicarlo.
Pero si existen previsiones operativas extraordinarias, el personal también debería conocerlas, especialmente porque las decisiones afectan directamente la posibilidad de organizar vacaciones, viajes y compromisos familiares.
El silencio alimenta interrogantes
No existe, al menos públicamente, una explicación oficial que vincule esta circular con una amenaza específica o con algún acontecimiento extraordinario de seguridad.
Por eso sería incorrecto afirmar que la Policía está esperando necesariamente una situación grave.
Pero también sería apresurado ignorar la pregunta.
¿Hay algo previsto para las próximas semanas que requiera asegurar una mayor disponibilidad del personal?
¿Se anticipan operativos especiales?
¿Existe alguna evaluación de riesgo que todavía no fue comunicada a los efectivos?
¿O sencillamente estamos frente a una decisión burocrática destinada a ordenar las licencias?
Son interrogantes perfectamente legítimos que la conducción policial podría despejar con una explicación muy simple.
Porque cuando a un trabajador se le exige planificar con 15, 30 o 45 días de anticipación su descanso y sus desplazamientos, también resulta razonable que la institución explique qué necesidad concreta justifica semejante previsión.
Y en materia de seguridad pública, cuando una orden administrativa genera dudas, la información suele ser mucho más eficaz que los rumores.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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