El ministro defendió la facultad policial de perseguir e ingresar al club frente a una conducta que consideró ilícita, mientras la Comisión Directiva rojinegra calificó el procedimiento como desproporcionado y sostuvo que la violencia “vino de afuera hacia adentro”.
El episodio vuelve a exponer una tensión más profunda del modelo de seguridad santafesino: se amplían facultades, tecnología y presencia policial, pero cuando el procedimiento se vuelve controvertido el agente operativo corre el riesgo de convertirse en el único fusible destinado a cortarse para preservar intacto el resto del circuito institucional.
Las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, modificaron el tono político de la discusión abierta después de los incidentes ocurridos dentro y fuera de Newell’s Old Boys. Ya no se trata solamente de saber si Fiscalía o Asuntos Internos investigarán eventuales excesos individuales, sino de que el propio responsable político del área sostuvo públicamente que existía fundamento para la persecución y para el ingreso policial a las dependencias del club.
Cococcioni afirmó que “no se puede tirar piedras a la gente”, cuestionó algunas de las críticas realizadas contra la actuación policial y sostuvo que ingresar a un club durante una persecución no resulta jurídicamente equiparable al allanamiento de una vivienda particular. Al mismo tiempo, dejó en claro que las conductas individuales serán revisadas y que los policías que hayan cometido faltas o excesos deberán ser sancionados.
La posición es importante porque implica respaldo político al fundamento general del procedimiento, pero no una convalidación anticipada de todo lo que ocurrió después. Esa distinción es razonable y necesaria. Sin embargo, también vuelve a plantear una pregunta que atraviesa desde hace tiempo la relación entre conducción política, mando policial y responsabilidad individual: cuando el Estado considera legítimo el operativo, pero posteriormente aparecen errores, ¿hasta dónde sube realmente la investigación de las responsabilidades?
Newell’s plantea una reconstrucción completamente distinta
La Comisión Directiva rojinegra construyó una lectura diferente de aquella noche. Su presidente, Ignacio Boero, sostuvo que dentro de la institución se desarrollaban actividades con normalidad, afirmó que existió una provocación y que la violencia avanzó “de afuera hacia adentro”, y calificó el ingreso policial como “totalmente desproporcionado a los hechos”. También cuestionó la falta de coordinación con el responsable de seguridad del club y denunció roturas y agresiones durante el procedimiento.
Boero no desconoció la existencia de imágenes en las que se observa a personas arrojando piedras, pero pidió reconstruir qué ocurrió previamente para que quienes estaban dentro de la institución salieran hacia la calle. La Policía, en cambio, informó que la intervención comenzó luego de ataques contra vehículos de simpatizantes de Rosario Central y que también fueron agredidos efectivos que acudieron al lugar.
Existen además consecuencias concretas de aquellas agresiones. Una mujer que regresaba de los festejos de Central junto a su hijo relató haber recibido un piedrazo en la cabeza que requirió sutura y señaló que otro impacto dañó el casco que llevaba puesto el menor.
Por eso, la reconstrucción completa no puede reducirse ni a “la Policía entró violentamente al club” ni a “la Policía solamente perseguía delincuentes”. Deben analizarse tanto las agresiones que originaron la intervención como la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la respuesta posterior.
Cococcioni dio el respaldo político que faltaba
Un día antes, el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, y el coordinador de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, habían defendido el ingreso policial al Coloso y señalado que los eventuales excesos debían ser investigados. Confirmaron además policías lesionados y personas demoradas después de los incidentes.
La intervención de Cococcioni agrega algo distinto: transforma aquella explicación operativa en una posición política del Ministerio.
Si el ministro sostiene que existía una situación de persecución legítima y que atravesar las puertas del club no convertía automáticamente la actuación en un allanamiento ilegal, el Estado está asumiendo que el núcleo inicial del procedimiento tenía fundamento.
Esto importa especialmente para los policías involucrados, porque investigar posibles excesos no debería significar desconocer que parte de la intervención fue realizada dentro de una decisión que hoy la propia conducción política reivindica.
El problema comienza cuando aparece la búsqueda del fusible
Aquí aparece una cuestión que excede largamente a Newell’s.
Cuando un operativo policial obtiene buenos resultados, el éxito suele ser incorporado rápidamente al balance de la política de seguridad: funciona la conducción, funciona el modelo, funciona la estrategia y funcionan las herramientas implementadas desde el Ministerio.
Cuando algo sale mal, en cambio, la mirada puede recorrer el camino inverso hasta encontrar al policía concreto que aparece en una filmación, empuña un arma menos letal, atraviesa una puerta o protagoniza un forcejeo.
Ese agente corre entonces el riesgo de transformarse en el fusible policial.
Y la metáfora merece precisión: no es el último fusible de una cadena ni uno entre varios. Es el único fusible del circuito. Está colocado allí para que, ante una sobrecarga, se corte él y permita que el resto del sistema permanezca intacto.
Aplicado a una institución, significa que el ejecutor material puede terminar absorbiendo el costo administrativo, judicial, mediático y político de una intervención cuya construcción comenzó mucho antes y varios niveles más arriba.
Si un policía cometió un exceso individual, debe responder por él. Pero si la investigación termina exclusivamente en determinar quién disparó, quién golpeó o quién ingresó por determinada puerta, sin reconstruir cómo se diseñó, ordenó y condujo el procedimiento, el fusible habrá cumplido perfectamente su función: se corta una pieza y se salva el circuito.
Quién mandaba también es parte de la investigación
Una fuerza policial no es una suma de individuos que actúan espontáneamente. Existe una cadena de mando, órdenes operativas, responsables de servicio y niveles de supervisión.
Por eso, frente a un procedimiento de esta complejidad también corresponde determinar quién ejercía la conducción táctica, qué órdenes fueron impartidas, qué información recibió el personal, quién dispuso continuar la persecución hacia el interior, qué directivas existían respecto del empleo de armas menos letales y cómo fue adaptándose el dispositivo cuando el escenario pasó de la vía pública a un espacio donde convivían sospechosos, socios, empleados y personas ajenas al conflicto.
La responsabilidad individual no desaparece por analizar la cadena de mando. Al contrario: se vuelve más precisa.
Porque puede existir un policía que actúe fuera de toda orden y también puede existir un efectivo que ejecute una instrucción deficiente dentro de un operativo mal conducido. Jurídica e institucionalmente no son situaciones idénticas.
Más policías en la calle significan más decisiones difíciles
Santa Fe viene ampliando significativamente su capacidad policial y tecnológica. Una de las expresiones más novedosas de esa política es la denominada “flagrancia virtual”, implementada mediante un protocolo específico y apoyada en el sistema Lince, que utiliza videovigilancia y análisis de imágenes para reconstruir rápidamente hechos delictivos y activar intervenciones policiales. El Gobierno provincial informó durante 2026 distintos procedimientos realizados bajo esa modalidad, incluidos allanamientos sin orden judicial fundamentados en la continuidad temporal de hechos reconstruidos mediante cámaras.
El episodio de Newell’s no fue presentado como un caso de flagrancia virtual, pero participa de una lógica más amplia: la búsqueda de una intervención policial cada vez más inmediata.
El modelo clásico era relativamente sencillo de imaginar: el policía observa el delito, comienza la persecución y detiene al autor. Con cámaras, centros de monitoreo, inteligencia artificial y transmisión instantánea de información, la noción de continuidad puede construirse ahora mediante varios actores y herramientas tecnológicas.
Eso permite actuar más rápido, pero también multiplica las zonas controvertidas.
Cuanto más se extiende la capacidad estatal de intervenir, mayor debe ser la calidad de la conducción que decide cómo hacerlo.
La inmediatez operativa puede chocar con una estructura burocrática asfixiante
Existe una paradoja que la discusión sobre Newell’s también permite observar.
La Policía trabaja dentro de una estructura atravesada por protocolos, circulares, órdenes de servicio, instrucciones, autorizaciones y distintos niveles administrativos. Buena parte de esas reglas son necesarias, porque la coerción estatal debe estar sometida a límites y controles.
Pero una organización excesivamente burocratizada puede llegar a producir el efecto contrario al buscado: los mandos pierden margen profesional para resolver, los agentes se acostumbran a esperar instrucciones para cada movimiento y, cuando finalmente aparece una situación dinámica, la calle exige decisiones que ningún protocolo puede prever de manera completa.
El policía debe entonces resolver en segundos y posteriormente soportar una reconstrucción que puede durar meses, realizada cuadro por cuadro y con información que él no tenía cuando tomó la decisión.
La solución no consiste en eliminar protocolos ni en habilitar discrecionalidad absoluta. Consiste en recuperar conducción táctica profesional, con mandos capaces de interpretar situaciones, impartir instrucciones claras, corregir un despliegue y asumir responsabilidad por aquello que ordenan.
Un protocolo puede establecer principios y límites. No puede reemplazar al jefe que debe decidir qué hacer cuando la realidad deja de parecerse al protocolo.
Conducción política y conducción táctica no deberían confundirse
También existe una diferencia fundamental entre conducir políticamente una política de seguridad y comandar tácticamente un procedimiento.
El gobernador y el ministro deben fijar prioridades, asignar recursos, determinar estrategias generales y asumir responsabilidad política por sus resultados. Los operativos concretos, en cambio, requieren una cadena profesional policial con autoridad suficiente para decidir sobre el terreno.
Cuando esos niveles se superponen en exceso, la conducción táctica puede terminar debilitándose. Los jefes policiales pueden acostumbrarse a esperar definiciones de niveles superiores incluso en cuestiones estrictamente operativas, mientras las decisiones comienzan a ascender hacia estructuras políticas que después no necesariamente aparecen cuando debe establecerse quién fue responsable de un resultado controvertido.
No existen elementos suficientes para afirmar que eso haya ocurrido específicamente en Newell’s, pero sí existe una cuestión institucional que merece ser discutida: cuánto espacio real conserva la conducción policial profesional dentro de un modelo altamente centralizado, protocolizado y políticamente supervisado.
Más aún cuando se han observado episodios públicos en los que las máximas autoridades políticas participan personalmente del seguimiento de distintos operativos. Presencia política, supervisión y conducción táctica no son necesariamente lo mismo, y precisamente por eso resulta necesario delimitar responsabilidades con claridad.
El mérito puede ascender; la responsabilidad no debería detenerse abajo
El problema del fusible aparece con mayor nitidez cuando observamos cómo circulan méritos y responsabilidades dentro de una estructura.
Cuando una política consigue resultados, esos resultados ascienden. Se presentan estadísticas, se reivindican decisiones ministeriales, se destaca la conducción política y se incorpora el éxito a la evaluación general del Gobierno.
Si un procedimiento fracasa o genera controversia, la responsabilidad también debería poder ascender cuando corresponda.
De lo contrario, aparece una asimetría institucional muy difícil de justificar: el éxito pertenece al sistema, pero el error pertenece únicamente al policía.
Un Estado que reivindica haber diseñado una determinada política también debe examinar si esa política, sus órdenes, sus protocolos y su estructura de mando contribuyeron a producir el resultado cuestionado.
Respaldar al policía correcto no significa encubrir al que se excedió
La declaración de Cococcioni permite construir una posición institucional razonable si se desarrolla hasta sus últimas consecuencias.
El ministro dice que la Policía podía perseguir. Sostiene que el ingreso al club no equivale automáticamente a allanar una morada. También afirma que los excesos deberán ser investigados.
Las tres cosas pueden coexistir.
Lo que faltaría completar es una cuarta: el efectivo que haya actuado dentro de la ley, cumpliendo órdenes legítimas y enfrentando una agresión real debe recibir respaldo institucional efectivo, no sólo una defensa abstracta del procedimiento.
Ese respaldo puede ser jurídico, administrativo, político y profesional. No significa anticipar inocencias ni impedir investigaciones. Significa que la organización asume también su responsabilidad sobre quienes actúan correctamente dentro de ella.
Newell’s tiene derecho a reclamar, pero también deberá esclarecerse qué ocurrió afuera
La Comisión Directiva rojinegra tiene derecho a defender a sus socios, cuestionar el procedimiento y aportar pruebas a la Justicia. Si existieron agresiones injustificadas dentro del club, deberán ser investigadas con rigor.
Pero la discusión tampoco puede borrar lo ocurrido antes del ingreso.
Hay imágenes de ataques contra vehículos, personas lesionadas y registros de individuos arrojando piedras antes de entrar al predio.
La investigación debe abarcar toda la secuencia y evitar que cada sector seleccione únicamente el fragmento que respalda su propio relato.
Newell’s deberá responder por aquello que corresponda a personas vinculadas con el club. Los policías deberán responder por los excesos que puedan probarse. Y la estructura de mando deberá responder por las decisiones tácticas que haya adoptado.
Sólo así existe verdadera responsabilidad institucional.
La flagrancia necesita conducción, no solamente facultades
La expansión de herramientas como la flagrancia virtual muestra hacia dónde se dirige el modelo provincial. La tecnología permite reconstruir recorridos, identificar sospechosos y acelerar respuestas que antes podían demandar días o semanas. En distintos procedimientos de 2026, el Gobierno destacó precisamente esa capacidad de actuar en pocas horas.
Pero cada ampliación de capacidad coercitiva aumenta simultáneamente la obligación de conducir mejor.
No basta con poner más policías en la calle, incorporar cámaras y construir sistemas capaces de seguir a un sospechoso. Hace falta determinar qué ocurre cuando esa persecución llega a una vivienda, un club, un hospital, una escuela o cualquier espacio donde conviven el objetivo policial y terceros completamente ajenos a la situación.
Allí empieza el trabajo de la conducción táctica.
El verdadero debate que deja el Coloso
El caso Newell’s probablemente termine definiéndose mediante videos, peritajes, testimonios y actuaciones administrativas y judiciales. Algunas conductas podrán resultar legítimas, otras eventualmente no.
Pero la discusión institucional debería sobrevivir al expediente concreto.
Santa Fe está construyendo una Policía con mayor capacidad tecnológica y mayores herramientas de intervención. Esa evolución requiere simultáneamente menos burocracia inútil, mejores mandos, órdenes claras, autonomía profesional responsable y mecanismos que permitan reconstruir las decisiones hacia arriba y no solamente las acciones hacia abajo.
Porque el policía no puede convertirse en la pieza diseñada para preservar al sistema cada vez que aparece una sobrecarga.
El fusible tiene precisamente esa función: se quema él para que todo lo demás continúe funcionando.
Si, frente a cada operativo controvertido, la investigación termina exclusivamente en los agentes visibles mientras quedan fuera del análisis la planificación, las órdenes, la conducción y las decisiones superiores, la institución habrá vuelto a hacer exactamente eso.
Habrá cambiado un policía.
Y habrá dejado intacto el circuito.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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