El exdiputado José Luis Espert mentor del «cárcel o bala» inició un trámite previsional en una oficina de ANSES de San Isidro. Según la información publicada, registra alrededor de cinco años de aportes y necesita regularizar unos 25 más mediante la Ley 27.705, norma que había rechazado durante su paso por el Congreso.
José Luis Espert volvió a quedar en el centro de la polémica después de ser fotografiado en una oficina de ANSES de San Isidro mientras realizaba gestiones vinculadas con su futura jubilación.
Según la información difundida por distintos medios, el exdiputado registra aproximadamente cinco años de aportes previsionales, de los cuales cerca de cuatro corresponden a su desempeño como legislador nacional.
Para completar los 30 años exigidos por el régimen general, Espert habría solicitado acogerse al Plan de Pago de Deuda Previsional establecido por la Ley 27.705, mecanismo que permite regularizar períodos anteriores sin aportes.
La situación adquiere particular relevancia política porque Espert había cuestionado duramente las moratorias previsionales y votó contra esa misma ley cuando integraba la Cámara de Diputados.
De acuerdo con los cálculos publicados, debería regularizar alrededor de 25 años de aportes antes de cumplir 65 años, el próximo 21 de noviembre. El costo estimado rondaría los $9 millones.
La paradoja resulta difícil de ignorar: quien durante años sostuvo que la condición de jubilado debía quedar reservada para quienes hubieran completado sus aportes ahora pretende utilizar uno de los mecanismos que cuestionó para completar los propios.
Más allá de la controversia personal, el episodio vuelve a poner en discusión algo más amplio: la distancia que muchas veces existe entre los discursos políticos sobre el Estado y las decisiones adoptadas cuando esas mismas herramientas públicas dejan de beneficiar a “otros” y pasan a ser necesarias para uno mismo.
El cuadro político alrededor de Espert, además, está lejos de ser limpio. El exdiputado fue indagado en julio en una causa por presunto lavado de dinero vinculada con los US$200.000 que recibió de una empresa relacionada con Federico “Fred” Machado; la fiscalía sostiene que esos fondos habrían sido blanqueados mediante distintas operaciones patrimoniales, mientras Espert niega haber cometido delito y afirma que el dinero correspondió a un contrato legítimo de asesoría. La Justicia mantiene además medidas sobre sus bienes mientras analiza si corresponde procesarlo.
Dicho en criollo, esta mas sucio que una papa: quien durante años construyó una prédica feroz contra las moratorias y el gasto estatal ahora recurre al propio Estado para completar sus aportes mientras, paralelamente, debe explicar ante la Justicia el origen y destino de fondos investigados por presunto lavado.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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