El exministro de Defensa y actual diputado nacional fue denunciado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La presentación cuestiona el uso de un predio de CITEDEF en Villa Martelli como estacionamiento pago durante el Quilmes Rock 2025, el destino del dinero recaudado y los posibles riesgos para instalaciones sensibles vinculadas con la Defensa Nacional.
El exministro de Defensa y actual diputado nacional Luis Petri fue denunciado penalmente por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público a raíz de la utilización de un predio perteneciente al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF, como estacionamiento pago durante distintas jornadas del festival Quilmes Rock 2025.
La denuncia también alcanza al entonces presidente de CITEDEF, Fernando Roberto Lloveras, coronel retirado, y a Gonzalo Ignacio Morales, quien intervino en representación de la empresa Seeker SRL.
La presentación fue realizada por Alejandro Gallardo, secretario general de ATE en CITEDEF, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli. El dirigente sindical también solicitó ser tenido como querellante en el expediente.
Según la denuncia difundida por distintos medios, el predio de CITEDEF, ubicado en Villa Martelli, fue utilizado como estacionamiento durante las jornadas del 5, 6, 12 y 13 de abril de 2025, mientras el Quilmes Rock se desarrollaba en Tecnópolis.
Un estacionamiento pago dentro de un organismo de Defensa
Uno de los datos centrales de la presentación es que el estacionamiento no habría sido gratuito. Según la información conocida, el 12 de abril habrían ingresado 2.443 vehículos, con un valor de $40.000 por automóvil.
Ese cálculo arroja una recaudación aproximada de $97,7 millones solamente para esa jornada.
Sin embargo, la denuncia sostiene que durante seis meses no se habría registrado ingreso alguno de dinero a CITEDEF y que recién en octubre, después de una primera presentación, se emitió una factura a Seeker SRL por $24,43 millones.
La diferencia entre ambas cifras es uno de los puntos que deberá ser esclarecido en la investigación.
No alcanza con conocer cuánto pagaron los automovilistas. También deberá determinarse qué convenio se firmó, qué porcentaje correspondía a cada parte, cuál fue el destino exacto de la recaudación y por qué existió, según el denunciante, un período tan prolongado entre la realización del evento y la facturación posterior.
El recorrido del dinero
Otro de los cuestionamientos apunta al circuito administrativo utilizado para manejar los fondos.
Según la denuncia, el dinero no habría ingresado directamente a la Tesorería General de la Nación, sino a través de una sociedad anónima vinculada con la operatoria.
Ese punto resulta particularmente sensible porque estamos hablando de bienes pertenecientes a un organismo público dependiente del área de Defensa.
Si existió una explotación comercial de un inmueble estatal, la Justicia deberá determinar bajo qué figura jurídica fue autorizada, quién aprobó el convenio, cuáles fueron las condiciones económicas pactadas y si el procedimiento respetó las normas administrativas correspondientes.
La denuncia, por ahora, es una hipótesis que debe ser investigada. No equivale a una condena ni demuestra por sí misma responsabilidad penal de Petri o de las demás personas mencionadas.
Un predio que no es cualquier predio
La cuestión tampoco se reduce exclusivamente al dinero.
CITEDEF desarrolla investigaciones científicas y tecnológicas vinculadas con la Defensa Nacional y en el predio existen laboratorios y sectores destinados a actividades de carácter sensible, entre ellos instalaciones relacionadas con ensayos balísticos.
La presentación sostiene que permitir el ingreso masivo de vehículos y personas ajenas al organismo pudo haber generado riesgos para la seguridad del lugar.
Ese punto debería ser examinado con particular atención.
No es lo mismo utilizar como estacionamiento ocasional un terreno público sin funciones estratégicas que habilitar el acceso masivo a un establecimiento donde se desarrollan investigaciones y actividades relacionadas con capacidades defensivas del Estado.
La investigación deberá establecer qué sectores fueron efectivamente utilizados, qué perímetros estuvieron abiertos al público, qué controles de ingreso se implementaron y si existió algún riesgo concreto para instalaciones, documentación o materiales sensibles.
Petri rechazó la denuncia y habló de una “operación política”
Desde el entorno de Luis Petri rechazaron las acusaciones y calificaron la denuncia como una “operación política”, según las publicaciones que dieron a conocer el caso.
Esa respuesta introduce un elemento político, pero no resuelve las cuestiones administrativas y patrimoniales planteadas.
Si el procedimiento fue completamente regular, debería ser posible reconstruirlo mediante documentación: convenio, autorización, expediente administrativo, facturación, transferencia de fondos, rendiciones y medidas de seguridad adoptadas.
En una cuestión de esta naturaleza, la mejor respuesta a una denuncia no debería ser exclusivamente política.
Debería ser documental.
Del Ministerio de Defensa al Congreso
Petri ocupó el Ministerio de Defensa hasta diciembre de 2025, cuando dejó el cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza.
La denuncia se refiere, por lo tanto, a hechos que habrían ocurrido mientras se encontraba al frente de esa cartera.
La responsabilidad penal, en caso de existir, deberá ser determinada individualmente por la Justicia y dependerá de establecer cuál fue su intervención concreta en las decisiones cuestionadas.
También deberá esclarecerse qué facultades tenía la conducción de CITEDEF para celebrar el convenio, qué participación correspondió al Ministerio y quiénes autorizaron efectivamente el uso del inmueble.
Cuando el Estado se utiliza para fines comerciales
El episodio plantea además una discusión que excede los nombres involucrados.
Los bienes públicos pueden tener usos complementarios, celebrar convenios o incluso generar recursos bajo determinadas condiciones. Lo que no puede ocurrir es que esos usos se desarrollen sin transparencia sobre quién autoriza, quién recauda, cuánto ingresa al Estado y bajo qué criterios se protege el patrimonio público.
Mucho menos cuando el bien involucrado pertenece al sistema de Defensa Nacional.
La utilización comercial de una instalación estatal no es necesariamente irregular. Pero precisamente por tratarse de un bien público, el estándar de control debe ser más alto y no más bajo.
Cuatro preguntas que la causa deberá responder
La investigación judicial tendrá que establecer, al menos, cuatro cuestiones centrales: quién autorizó el uso del predio, cuál fue la recaudación real, cómo se distribuyó ese dinero y qué medidas de seguridad se adoptaron para proteger instalaciones sensibles.
Si toda la operatoria estuvo correctamente autorizada y documentada, esos elementos deberían permitir despejar las sospechas.
Si aparecen diferencias inexplicables, fondos sin destino claro o decisiones administrativas adoptadas fuera de las atribuciones legales, entonces la causa tendrá otra dimensión.
Por ahora existe una denuncia y una respuesta política que la rechaza.
Entre una cosa y otra queda lo más importante: los documentos.
Porque cuando se trata de bienes públicos, dinero y estructuras vinculadas con la Defensa Nacional, la discusión no debería resolverse con consignas.
Debería resolverse con expedientes, rendiciones y responsabilidades concretas.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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