Durante la Marcha del Orgullo, la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario volvió a ser blanco de bombas de pintura y pintadas.
El personal policial que custodiaba el lugar quedó en medio de la agresión y también fue alcanzado por la pintura. La escena vuelve a plantear una pregunta incómoda sobre la protección del patrimonio religioso y el trato que reciben los trabajadores policiales en este tipo de operativos.
Un templo histórico nuevamente vandalizado
La Catedral de Rosario, ubicada frente a la plaza 25 de Mayo y declarada Monumento Histórico Nacional, fue atacada con bombas de pintura durante el paso de la Marcha del Orgullo por el centro de la ciudad.
El hecho adquiere mayor gravedad porque el edificio había sido recientemente restaurado y porque no es la primera vez que ese templo sufre daños durante movilizaciones.
La libertad de expresión y de protesta no habilita el ataque contra edificios religiosos ni contra bienes patrimoniales. Se puede cuestionar a la Iglesia, sus posiciones y su historia sin convertir su sede en blanco de vandalismo.
Los policías, otra vez en el medio
El personal policial desplegado frente a la Catedral quedó como única divisoria física entre los manifestantes y el templo.
Los efectivos también fueron alcanzados por la pintura, una situación que vuelve a mostrar hasta qué punto se ha naturalizado que el policía deba soportar agresiones, provocaciones y humillaciones como si formaran parte inevitable de su trabajo.
No debería ser así.
Un policía tiene obligaciones especiales de autocontrol, pero sigue siendo un trabajador y tiene derecho a prestar servicio sin convertirse en blanco de descarga política o ideológica.
Una vara que debería ser igual para todos
También resulta legítimo preguntarse cuál habría sido la reacción institucional si el edificio atacado hubiese pertenecido a otra confesión religiosa.
No se trata de establecer competencias entre credos, sino de exigir una regla elemental: la misma protección para todos.
Si se vandaliza una iglesia, una sinagoga, una mezquita o cualquier otro templo, la respuesta estatal debería ser la misma, porque la libertad religiosa no admite categorías de primera y de segunda.
La imagen que queda
La escena final resume demasiado bien el problema: una Catedral manchada y policías también manchados por la misma pintura.
El edificio podrá ser limpiado y los uniformes podrán lavarse, pero queda una pregunta más difícil de resolver: cuánto tiempo vamos a seguir considerando normal que se ataque un templo y que los trabajadores encargados de protegerlo tengan que soportar también la agresión sin que nadie asuma responsabilidad.
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
